La UCR expone casos de afiliados y profundiza la pelea con la Provincia por IOMA
La UCR bonaerense decidió convertir el conflicto por el IOMA en una campaña sostenida contra la gestión de Axel Kicillof. Tras la defensa pública del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el bloque UCR-Cambio Federal activó este martes una serie de denuncias documentadas de afiliados que esperan prestaciones, medicamentos, cirugías o respuestas administrativas de la obra social de Homero Giles.
El movimiento llega además tras la fallida sesión especial en Diputados, donde la oposición logró abrir el recinto pero no consiguió los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas los proyectos vinculados al IOMA. Ese día, la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica acusaron al oficialismo de bloquear la discusión sobre una obra social que cubre a más de 2,2 millones de afiliados.
Casos con nombres propios
El presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, dio el puntapié inicial a la estrategia: distintas publicaciones diarias durante una semana, con más de 200 expedientes que el espacio abadista dice tener documentados. La bancada sostiene que allí aparecen negativas, demoras o falta de comunicación de resoluciones en casos graves.
“Mientras el señor ministro de Salud descalifica a quienes reclaman, los afiliados siguen esperando cirugías, medicamentos y tratamientos”, planteó Garciarena. Luego apuntó contra el tono de Kreplak: “Los bonaerenses no necesitan que un funcionario les de permiso para hablar. Necesitan que IOMA funcione”.
El primer caso expuesto fue el de Marcela, de Mar del Plata, quien “espera una cirugía de columna y debe pagar de su bolsillo prestaciones que IOMA debería cubrir”.
Después siguieron María, de Coronel Vidal, “que espera su medicación para poder continuar con el tratamiento contra el cáncer”, y Mónica, de Bahía Blanca, quien “espera hace meses una autorización para su cirugía cardíaca”. La decisión política es responder la defensa técnica del Gobierno con historias puntuales de afiliados.
La defensa de Kreplak
En la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno provincial, Kreplak sostuvo que no se puede pensar el sistema sanitario “solamente desde un efector o desde un financiador” y vinculó las dificultades del IOMA con la crisis nacional de salud, la pérdida de empleo formal y el aumento de medicamentos e insumos.
Según los datos que presentó, hubo una pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo formales, 742.000 personas perdieron su obra social o prepaga y cerraron 300 empresas del sector. También citó un informe de la CGT según el cual “el 80% de las obras sociales no recaudan lo suficiente para pagar los costos mínimos de funcionamiento”.
El ministro defendió la obligatoriedad del IOMA para empleados públicos provinciales. “Defiendo la obligatoriedad porque garantiza cobertura social financiada para los trabajadores, mientras los sectores más ricos buscan desmantelarla”, afirmó.
También dijo que la obra social entrega 11% más de medicamentos con la misma población, que las consultas y prácticas crecieron 37% desde el inicio del gobierno de Javier Milei, que los tiempos de autorización de medicamentos bajaron de 35 a 6 días y que el 87% de los afiliados accede a la app digital.
Kreplak habló además de un déficit mensual estimado en $23.000 millones: unos $10.000 millones por afiliados municipales, otros $10.000 millones por personas que dejaron otras coberturas tras la asunción de Milei y unos $2.000 millones vinculados a precios.
La pelea se muda al territorio
La ofensiva radical también se apoya en la discusión legislativa. En la sesión especial caída del 11 de junio, Garciarena afirmó: “Kicillof no quiere hablar de IOMA”. Alejandra Lordén apuntó contra Giles y sostuvo: “IOMA está peor que hace un año y medio, cuando Homero Giles vino a esta Cámara”.
Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, advirtió por el impacto en hospitales municipales, mientras Fernando Rovello, del PRO, cuestionó que los aportes de trabajadores y empleadores no se traduzcan en prestaciones adecuadas.
También quedaron pendientes la comisión bicameral de saneamiento impulsada por la UCR, la autarquía financiera presentada por Garciarena y un proyecto opositor para suspender pauta oficial y destinar esos fondos a cancelar deudas de la obra social.
En paralelo, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, viene usando la renovación de comités en los 135 distritos para instalar el reclamo contra Kicillof.
En Bahía Blanca, durante la asunción de Fernando Roig al frente del radicalismo local, aseguró que el IOMA “ya no es una deficiencia administrativa, es una crisis humanitaria encubierta” y pidió que el Gobernador “normalice la obra social de los empleados públicos de manera urgente”.
La discusión sumó otras voces opositoras. Valentín Miranda, del bloque UCR-Unión Cívica Radical, sostuvo: “Del IOMA tienen que hablar los que saben y esos son los afiliados que todos los días se enfrentan a la burocracia de un sistema que no da respuesta”. Y el senador de Hechos, Marcelo Leguizamón, remató: “El Excel del escritorio no resiste un minuto de calle”.