La pelea que expone el nuevo mapa industrial: la Provincia frenó 150 despidos en Techint
La decisión del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto entre Tenaris SIAT y sus trabajadores le puso un freno, al menos por 15 días, a los 150 despidos anunciados por la empresa del Grupo Techint. Sin embargo, la medida no resolvió el problema de fondo: la crisis que atraviesa una de las plantas industriales más importantes del conurbano bonaerense expone las tensiones entre el Gobierno nacional, el mayor grupo siderúrgico del país, la política energética y el futuro del empleo industrial.
La resolución firmada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, retrotrae la situación al momento previo al conflicto, obliga a la empresa a dejar sin efecto provisoriamente las desvinculaciones y convoca a una audiencia de conciliación para el próximo 13 de julio, donde la compañía y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) deberán intentar acercar posiciones.
"Frente a los 150 despidos por parte de la siderúrgica Tenaris, desde el Ministerio de Trabajo ya pusimos a disposición las herramientas para revertir la situación", sostuvo Correa. Más tarde agregó: "En un marco de crisis generalizada, destrucción del empleo, de la producción y de la capacidad productiva, es fundamental mantener la paz social y trabajar articuladamente en una solución para las 150 familias que hoy ven afectados sus ingresos y estabilidad".
La planta de Tenaris SIAT, ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús, tuvo un rol determinante durante la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Allí se realizaron los procesos finales de los tubos utilizados para transportar el gas de Vaca Muerta, luego de que los caños sin costura fueran fabricados en la planta que Techint posee en Campana.
Durante el pico de actividad, la fábrica trabajó con tres turnos y llegó a superar los 550 operarios. Hoy el escenario es completamente distinto. Actualmente la planta es operada por alrededor de 340 trabajadores. De ese total, apenas 140 están efectivos, mientras que unos 200 son contratados, varios de ellos con entre cuatro y cinco años de antigüedad, una situación que también quedó en el centro del conflicto laboral.
La reducción de 150 puestos representa cerca de la mitad de la dotación actual y constituye uno de los ajustes más importantes registrados en el sector metalúrgico bonaerense durante los últimos meses.
La intervención de la Provincia y la postura del gremio
Al dictar la conciliación obligatoria, la cartera laboral bonaerense también dispuso el envío de inspectores a la planta para verificar la situación y recordó que durante la vigencia de la medida la empresa deberá abstenerse de adoptar represalias contra los trabajadores, mientras que el sindicato deberá suspender cualquier medida de fuerza.
Desde la UOM cuestionan que una empresa del tamaño de Techint traslade el costo de la caída de la actividad a los trabajadores y sostienen que existen alternativas, como mantener un esquema de suspensiones temporarias, antes que avanzar con despidos masivos.
El delegado de la planta, Daniel Ingui, aseguró que los trabajadores están "pagando una mala jugada política" y vinculó la crisis con la decisión del Gobierno nacional de abrir la competencia para el suministro de tubos destinados a obras energéticas.
En la misma línea, el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral bonaerense, Ezequiel Berrueco, afirmó que "los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo" y recordó el papel que tuvo la planta durante la construcción del gasoducto, al sostener que allí se desarrollaron "acciones estratégicas en materia de soberanía que hoy se ven deterioradas".
La disputa entre Milei y Paolo Rocca que cambió el escenario
Aunque la empresa atribuye la reducción de personal a la caída de la actividad y a la falta de nuevos proyectos, detrás del conflicto aparece una disputa política y empresarial que comenzó a escalar a fines del año pasado.
El quiebre se produjo cuando el presidente Javier Milei cuestionó públicamente al titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, a quien llegó a apodar "Don Chatarrín de los tubitos caros" durante la discusión por el costo de los caños destinados al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).
Hasta ese momento, Rocca era considerado uno de los principales empresarios cercanos al Gobierno libertario. Incluso, varios ejecutivos vinculados al grupo ocuparon cargos relevantes en la gestión nacional, entre ellos el presidente de YPF, Horacio Marín.
La tensión terminó de profundizarse cuando Techint perdió frente a la firma india Welspun Corporation una licitación para proveer caños destinados al gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro para la exportación de GNL.
Según explicó Milei, la propuesta de Techint era aproximadamente un 40% más cara que la de la empresa asiática. Desde la siderúrgica, en cambio, advertían desde fines del año pasado que ese escenario podía tener consecuencias sobre el nivel de actividad de sus plantas.
El RIGI, otro factor que explica el conflicto
Dentro del sector industrial también apuntan al impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incorporado a la Ley Bases.
El régimen habilita a los proyectos alcanzados a importar bienes de capital e insumos con beneficios arancelarios, un esquema que distintos sectores fabriles consideran perjudicial para la industria nacional porque reduce la competitividad de los proveedores locales frente a empresas extranjeras.
La obra del gasoducto para exportar GNL es desarrollada por la sociedad Southern Energy (SESA), integrada por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y fue precisamente ese proyecto el que terminó inclinando la balanza hacia la provisión de tubos importados.
Para los trabajadores, esa combinación entre el nuevo esquema de incentivos y la pérdida de contratos terminó acelerando una crisis que ya venía gestándose tras la finalización de las grandes obras vinculadas a Vaca Muerta.
Sin embargo, el conflicto de Tenaris SIAT también refleja un deterioro más amplio del entramado industrial de la zona sur del conurbano bonaerense.
En los últimos meses también atravesaron dificultades otras empresas del sector, entre ellas Newsan, mientras que cerraron establecimientos de peso como la sucursal del mayorista Diarco y la textil Hazan Silvia, reduciendo significativamente las oportunidades laborales en la región.
A ese escenario se suma la compleja situación institucional que atraviesa la UOM. La conducción nacional del sindicato fue intervenida judicialmente y Abel Furlán quedó desplazado de la secretaría general. El titular de la UOM Avellaneda-Lanús, Daniel Daporta, también integraba esa conducción.
El delegado Dylan Paz advirtió que esa situación afecta la capacidad de respuesta sindical. "Estamos en contacto permanente con las autoridades de la regional, pero el hecho de la intervención dificulta la posibilidad de una respuesta articulada", sostuvo.
Mientras tanto, la conciliación obligatoria abrió una tregua de dos semanas. Durante ese plazo, la empresa, el gremio y el Ministerio de Trabajo bonaerense intentarán alcanzar un acuerdo que evite que las 150 cesantías finalmente se concreten. Lo que ocurra después no solo definirá el futuro de cientos de familias de Valentín Alsina, sino que también será observado como un caso testigo sobre el rumbo del empleo industrial en la provincia de Buenos Aires.