La Justicia aprieta el cerco sobre Francisco Adorni: ¿Qué causas complican al diputado libertario?
La Cámara Federal porteña ordenó unificar las investigaciones que involucran al diputado bonaerense Francisco Adorni por presuntas irregularidades vinculadas al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social destinada al personal militar y de las fuerzas de seguridad. El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Ramiro González.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó el rol que tuvo Adorni cuando estuvo al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que depende del Ministerio de Defensa y que otorgó un préstamo de $40.000 millones al IOSFA en medio de una profunda crisis financiera.
La resolución de la Justicia federal no implica una imputación definitiva ni una condena contra el legislador bonaerense, pero sí concentra en un mismo expediente distintas denuncias que analizan el manejo de recursos públicos durante la gestión que encabezó el exministro de Defensa Luis Petri.
La causa por el préstamo millonario al IOSFA
La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la administración del préstamo que el IAF otorgó al IOSFA y si quienes tenían responsabilidades de control cumplieron con sus obligaciones.
La denuncia de Pagano apunta a que Francisco Adorni, en su carácter de presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, debía intervenir en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito concedido a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El IOSFA atravesó durante ese período una crisis económica que derivó en cuestionamientos sobre su funcionamiento financiero. Dentro del expediente también se investigan otras operaciones, entre ellas compras directas de medicamentos y armamento por montos cercanos a los $25.000 millones cada una, además de un convenio que destinó un porcentaje de los salarios militares al sostenimiento de la entidad.
La causa había quedado inicialmente dividida entre distintos juzgados federales. El juez Daniel Rafecas había recibido una denuncia que luego fue enviada para su acumulación al expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 9, actualmente subrogado por Sebastián Ramos.
Por qué la Cámara Federal decidió unificar las investigaciones
La discusión judicial se centró en qué juzgado debía intervenir en la investigación. Mientras Rafecas había planteado que existía una relación directa entre los expedientes, Ramos había rechazado inicialmente absorber la causa al considerar que había diferencias temporales y que el préstamo original se había gestionado antes de la llegada de Francisco Adorni al IAF, en junio de 2025.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con la intervención del juez Leopoldo Bruglia, resolvió que ambas investigaciones debían tramitar juntas por compartir un mismo contexto institucional.
El tribunal consideró que los expedientes estaban vinculados por la actuación del Ministerio de Defensa y los organismos descentralizados que dependían de esa cartera durante un mismo período de gestión.
La decisión busca evitar investigaciones paralelas y posibles fallos contradictorios, aunque la propia Cámara dejó abierta la posibilidad de revisar la competencia si el avance de las pruebas modifica el escenario procesal.
La otra investigación que enfrenta Francisco Adorni
Además del expediente por el IOSFA, Adorni enfrenta otra investigación judicial relacionada con su evolución patrimonial y sus declaraciones juradas.
En esa causa, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que el diputado bonaerense sea citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de información patrimonial.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 6, que está a cargo del juez Daniel Rafecas, y analiza el período comprendido entre 2023 y 2026.
La fiscalía puso bajo análisis inconsistencias detectadas en la declaración jurada del legislador, quien realizó una rectificación luego de que se iniciara la investigación. En esa actualización informó la existencia de $21 millones provenientes de una herencia que no habían sido incluidos inicialmente.
El caso también quedó vinculado a las explicaciones públicas que dio su hermano, Manuel Adorni, sobre el origen de parte de su patrimonio y una supuesta herencia familiar.