La salida del Gobierno no descomprime el caso Adorni: ahora la Justicia va por el origen de los fondos

Manuel Adorni dejó el Gobierno, pero no logró salir del centro de la escena. A una semana de su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el exvocero presidencial quedó formalmente bajo una primera restricción procesal en la causa por presunto enriquecimiento ilícito: deberá informar o pedir autorización judicial antes de cualquier viaje al exterior, mientras el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita profundizan el análisis de su patrimonio.

La medida llegó después de los planteos realizados por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, quienes habían pedido medidas más duras, incluida la detención o la prohibición de salida del país. La fiscalía, sin embargo, no acompañó ese extremo. Pollicita consideró que, por ahora, no existen elementos objetivos para sostener un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El dato no es menor: Adorni ya no tiene el poder institucional que acumuló durante su paso por la Casa Rosada, pero tampoco perdió fueros, porque nunca los tuvo. La inmunidad de arresto prevista por la Constitución alcanza a diputados y senadores, no a ministros ni jefes de Gabinete. Por eso, aun mientras ocupaba el cargo, podía ser investigado, citado o sometido a medidas judiciales sin necesidad de desafuero.

Una salida política que no apagó el expediente

La renuncia de Adorni cerró una crisis política que venía escalando desde marzo, cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado a Nueva York en el avión presidencial. Ese expediente puntual fue archivado por el juez Daniel Rafecas, luego de que la fiscalía entendiera que no había delito: se determinó que Angeletti viajó como invitada, sin cargo oficial, sin viáticos a su nombre y dentro de una misión oficial autorizada.

Pero ese cierre no frenó el resto del frente judicial. La causa principal, en manos de Lijo y Pollicita, busca determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el exfuncionario y su esposa. En ese expediente aparecen bajo análisis propiedades, gastos, viajes, movimientos financieros y operaciones con criptoactivos.

El caso tomó otra dimensión cuando Adorni reconoció que había omitido declarar unos USD 500.000 obtenidos, según explicó, a partir de inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018. Ese punto quedó incorporado al expediente y ahora la fiscalía pidió ampliar información a plataformas como Binance y Lemon para reconstruir movimientos, depósitos, retiros, conversiones, saldos, wallets, cuentas de origen y destino, y operaciones registradas en blockchain.

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También se ordenaron medidas vinculadas a inmuebles y pagos de servicios. Entre ellas, requerimientos al Gobierno porteño para saber si se abonaron cuotas de ABL de propiedades bajo análisis, quién realizó esos pagos y por qué medio.

Propiedades, refacciones y el testigo que complicó la causa

Uno de los capítulos más sensibles del expediente apunta a la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Allí aparece el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró que Adorni habría pagado USD 245.000 en efectivo por refacciones en la vivienda, incluyendo materiales y mano de obra.

El celular de Tabar también quedó incorporado a la investigación. Allí se detectaron comunicaciones con Adorni antes de su declaración testimonial. En uno de los audios difundidos, el exvocero le ofrecía “todo el soporte que necesites” de cara a la citación judicial.

Para Pollicita, esas conversaciones no alcanzan, por ahora, para configurar un entorpecimiento de la investigación: el fiscal sostuvo que no surgió evidencia de modificación de pruebas ni de influencia concreta sobre el testigo.

Ese criterio fue clave para rechazar la detención. En su dictamen, Pollicita remarcó que Adorni posee bienes en el país, domicilio determinado y residencia habitual donde se asienta su núcleo familiar. También señaló que no registra antecedentes penales y que compareció en la causa a través de su defensa técnica.

Mientras tanto, el exfuncionario transita sus primeras horas fuera del Gobierno en un marcado bajo perfil. Su última publicación pública fue la carta de renuncia, en la que se defendió de las acusaciones y apuntó contra la prensa. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, escribió.

Con Diego Santilli ya jurado como nuevo jefe de Gabinete, la Casa Rosada intenta dar vuelta la página política. La Justicia, en cambio, mantiene abierta la etapa más delicada del caso: reconstruir el origen de los fondos, contrastar declaraciones patrimoniales y definir si corresponde citar a Adorni a indagatoria antes de la feria judicial.