Decidir, administrar y rendir cuentas: el debate por la autonomía municipal vuelve a la agenda bonaerense

La escena se repite todos los días en los 135 municipios bonaerenses. Un vecino necesita medicamentos, reclama por una calle, pide una obra de agua o busca una respuesta ante un problema de seguridad. Su primera puerta no es la Casa Rosada ni la Gobernación: es el municipio.

La dificultad aparece cuando el gobierno local recibe el reclamo, pero depende de fondos nacionales, recursos provinciales o autorizaciones administrativas que pueden demorarse durante meses. La responsabilidad queda cerca del vecino; las herramientas para responder, muchas veces, están lejos.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, llevó esa contradicción al centro del debate por la autonomía municipal. Para el jefe comunal, la discusión no debe reducirse a un asunto constitucional reservado a abogados y dirigentes políticos, sino entenderse a partir de sus efectos sobre la vida cotidiana.

“Cuando hablamos de autonomía municipal, puede sonar a una discusión de abogados o de políticos. Pero en realidad estamos hablando de algo mucho más simple: de quién puede resolver los problemas de nuestros vecinos y con qué herramientas puede hacerlo”, sostuvo.

Su planteo se suma a un movimiento que reúne a intendentes peronistas, radicales, vecinalistas y del PRO. Aunque existen diferencias sobre el camino jurídico y el reparto de los recursos, las coincidencias crecen alrededor de una misma demanda: los municipios asumieron funciones cada vez más amplias, pero continúan sujetos a un régimen diseñado hace casi siete décadas.

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El Estado que recibe el primer reclamo

Bevilacqua describió un recorrido habitual en los distritos del interior. Cuando una persona enfrenta un problema en su barrio, busca al intendente, al delegado municipal o al funcionario que conoce. No suele distinguir si la competencia corresponde formalmente a la Nación, a la Provincia o al gobierno local.

“Va al Municipio porque es el Estado que tiene más cerca. No va a La Plata ni a Buenos Aires”, explicó el alcalde de Villarino.

La cercanía convierte a las comunas en receptoras de demandas que exceden sus atribuciones tradicionales. Los municipios atienden necesidades vinculadas con salud, alimentos, medicamentos, seguridad, transporte, vivienda, caminos, educación e infraestructura, incluso cuando los programas o fondos dependen de otros niveles estatales.

El problema, según Bevilacqua, surge cuando el municipio tiene la obligación política de responder, pero carece de la capacidad jurídica o financiera para hacerlo. “Tenemos la responsabilidad frente al vecino, pero muchas veces no tenemos todas las herramientas para resolver”, señaló.

Autonomía sin recursos, una promesa vacía

El reclamo de Bevilacqua no consiste solamente en transferir funciones. El intendente advirtió que entregar nuevas responsabilidades sin financiamiento puede agravar el problema. “Si nos dan más responsabilidades pero no nos dan los recursos para cumplirlas, no estamos hablando de verdadera autonomía. Estamos trasladando el problema de un escritorio a otro”, afirmó.

Para el jefe comunal, un municipio autónomo debe contar con capacidad para decidir, herramientas para ejecutar y recursos para financiar sus políticas. Esa ampliación también tendría como contrapartida mayores obligaciones de control, transparencia y rendición de cuentas.

“Si tenemos la posibilidad de decidir localmente, después tenemos que administrar bien, rendir cuentas y demostrar que podemos resolver”, remarcó. La dimensión económica es el punto más sensible del debate. Los municipios se financian con tasas propias, coparticipación provincial y transferencias extraordinarias. La proporción de cada fuente cambia según el tamaño del distrito, su actividad productiva y su capacidad recaudatoria.

Los gobiernos locales más chicos o con menor base tributaria tienen menos margen para financiar grandes obras. Una autonomía sin mecanismos de compensación podría ampliar las diferencias entre municipios ricos, distritos industriales y comunas rurales con escasa población.

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Una deuda constitucional de más de tres décadas

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó en el artículo 123 una obligación precisa: cada provincia debe asegurar la autonomía municipal en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Buenos Aires nunca adaptó plenamente su Constitución a ese mandato. Los municipios continúan organizados bajo la Constitución provincial y el Decreto-Ley 6.769/58, conocido como Ley Orgánica de las Municipalidades.

El régimen bonaerense establece una estructura uniforme para distritos profundamente diferentes. La Matanza, La Plata o General Pueyrredón se rigen por el mismo marco general que municipios rurales con pocos miles de habitantes y localidades separadas por grandes distancias.

La Constitución provincial determina que las municipalidades estarán compuestas por un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo. También deja en manos de la Legislatura la definición de sus atribuciones y responsabilidades.

Esa dependencia legislativa es una de las diferencias centrales con otras provincias, donde determinados municipios pueden dictar cartas orgánicas propias y definir aspectos de su organización institucional.

Autonomia Municipal.

Con más de los dos tercios del Concejo Deliberante, pusimos en marcha el proceso para dictar nuestra propia Carta Orgánica Municipal.
La primera de la Provincia.

No empezamos hoy: Castelli ya fue a la Corte Suprema de la Nación para defender la autonomía…

— Francisco Echarren (@EcharrenF) July 9, 2026

Castelli decidió forzar la discusión

El debate adquirió otra dimensión cuando el intendente de Castelli, Francisco Echarren, impulsó la convocatoria a una Convención Constituyente para redactar una Carta Orgánica Municipal.

El proyecto obtuvo el respaldo de más de dos tercios del Concejo Deliberante y abrió un proceso inédito en la provincia. Echarren sostiene que el artículo 123 de la Constitución Nacional ofrece fundamento suficiente para avanzar, aunque reconoce que la carta local no tendrá efectos automáticos antes de superar la tensión con el régimen bonaerense.

El intendente describió la decisión como “un hecho histórico, que por ahora no es jurídico”. La aclaración resulta clave: Castelli inició un proceso político e institucional, pero la validez y aplicación efectiva de la futura Carta Orgánica pueden terminar bajo revisión judicial.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la iniciativa reactivó proyectos legislativos y pronunciamientos de dirigentes de distintos espacios. El debate ya no se limita a reconocer la autonomía en términos generales, sino que obliga a definir sus alcances, sus controles y el esquema de financiamiento.

Echarren sostiene que una mayor capacidad local permitiría acelerar decisiones sobre códigos urbanos, habilitaciones productivas, infraestructura y administración. “La autonomía no es darle más poder a un intendente. Es darle más poder a la comunidad”, afirmó al presentar el proceso participativo de Castelli.

Intendentes que reclaman margen para gobernar

La posición de Bevilacqua encuentra respaldo entre otros jefes comunales del interior. En una entrevista con GrupoLaProvincia.com, el intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, advirtió que la dependencia de los poderes centrales limita la capacidad de diseñar políticas públicas.

“Esa falta de autonomía ha hecho que los municipios no tengamos la capacidad de gestionar o manejar nuestros propios recursos, generando una dependencia del poder central prácticamente al cien por ciento”, afirmó.

Nebot señaló que esa situación deja a las administraciones locales “atadas de pies y manos” para ejecutar obras y atender una demanda social que aumentó con la pérdida de empleos y las dificultades para comprar alimentos, pagar servicios o acceder a medicamentos.

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, también calificó la autonomía como “una deuda pendiente” de Buenos Aires. En diálogo con este medio, explicó que los recursos locales representaban entre el 40% y el 45% del presupuesto de su municipio, mientras que alrededor de la mitad dependía de fondos provinciales.

Recoulat reconoció que los municipios deben mejorar la recaudación, controlar el gasto y ordenar prioridades, pero sostuvo que las obras de infraestructura de mayor escala continúan fuera del alcance de las arcas locales.

“Hasta que no se dé el debate y el avance sobre la autonomía municipal, hay cuestiones en las que los municipios van a seguir siempre dependiendo de Provincia y Nación”, expresó.

El dilema entre la cercanía y las desigualdades

Los defensores de la autonomía sostienen que las decisiones locales pueden ser más rápidas y ajustadas a las características de cada comunidad. Un municipio del interior conoce con mayor precisión qué camino rural necesita mantenimiento, dónde falta una sala sanitaria o qué trámite frena la instalación de una empresa.

Sin embargo, el esquema también presenta interrogantes. La capacidad fiscal varía enormemente entre distritos y no todos cuentan con la misma estructura técnica, administrativa o profesional. Una transferencia de competencias sin fondos podría profundizar las desigualdades existentes.

También existen políticas que requieren coordinación regional. El manejo de cuencas hídricas, el transporte intermunicipal, la atención hospitalaria de alta complejidad y la planificación urbana de grandes conglomerados no pueden resolverse exclusivamente dentro de los límites de un partido.

La discusión, por lo tanto, no enfrenta necesariamente centralización contra autonomía absoluta. El desafío consiste en determinar qué decisiones pueden quedar en manos locales, cuáles requieren regulación provincial y cómo garantizar que los recursos acompañen las nuevas obligaciones.

Más capacidad, pero también más control

Bevilacqua plantea que la autonomía debe estar vinculada con la responsabilidad. Si los municipios reciben más facultades para administrar recursos, contratar obras o diseñar políticas, también deberán fortalecer los mecanismos de control institucional y ciudadano.

Las cartas orgánicas podrían establecer herramientas de participación, sistemas de rendición de cuentas, consultas populares y reglas específicas sobre el funcionamiento del gobierno local. Pero su contenido dependerá del marco que finalmente adopte la Provincia o de la resolución judicial que pueda surgir ante iniciativas unilaterales como la de Castelli.

El intendente de Villarino rechazó que el reclamo esconda una búsqueda de poder personal. “La autonomía municipal no es pedir más poder para los intendentes. Es pedir más capacidad para resolverles la vida a los vecinos”, afirmó.

Su definición concentra los tres pilares del debate: cercanía para identificar los problemas, facultades para tomar decisiones y financiamiento para ejecutarlas. El cuarto elemento es la obligación de explicar cómo se utilizaron esos recursos y cuáles fueron los resultados.

Mientras Castelli avanza con su Carta Orgánica y distintos intendentes reclaman reformas, la definición permanece en manos de la política bonaerense. Para convertir la autonomía en un régimen efectivo será necesario resolver el encuadre constitucional, modificar leyes y acordar un nuevo reparto de responsabilidades y recursos.