Entrevista GLP. Carlos Bevilacqua: “Sin suficiencia económica, hablar de autonomía municipal es una mentira”

-Días atrás escribió un artículo en el que mencionaba que la posible reforma o derogación de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos omite sistemáticamente la perspectiva municipal. ¿Por qué cree que esta discusión actual es así?

En primer lugar, nosotros como vecinalistas somos fervientes defensores de la autonomía y de promoverla realmente, no solo en los papeles, como está en la Constitución Nacional o Provincial, establecida en su articulado pero que no ha sido efectivizada. Hoy cada uno de los municipios, en definitiva, depende del Tribunal de Cuentas, que está en La Plata, muy distante de lugares como el nuestro, a 800 kilómetros.

Hay cuestiones que tienen que ver precisamente con las decisiones y las facultades que tienen los intendentes, que son acotadas. Muchas veces los intendentes deben peregrinar por La Plata para poder hacer alguna obra o ejecutar determinadas acciones, lo que no les da el margen de acción que establece precisamente la Constitución, tanto provincial como nacional, en cuanto a la autonomía.

Creo que es un tema pendiente. La autonomía municipal va de la mano también con definir bien los roles. Hace veinte años, un municipio era nada más que atención de ABL: alumbrado, barrido y limpieza. Hoy en día, tanto la Nación como la Provincia fueron delegando responsabilidades, pero sin la consecuente contrapartida de los recursos. Entonces, a los municipios se les hace cuesta arriba: si les delegás un montón de obligaciones pero los recursos siguen estando en manos de Nación y Provincia, se hace imposible el cumplimiento.

Y muchas veces lo que estamos viendo ahora -la crisis que tienen todos los municipios, que se manifiesta tanto en chicos, medianos como grandes- es que empiezan a vislumbrarse dificultades en el pago de aguinaldos, sueldos, crisis económica y financiera.

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En esta oportunidad, la ley de coparticipación, que ya lleva muchos años, siempre ha encontrado que los actores que se sientan a la mesa son Nación y Provincia, pero del municipio no hay ninguna representación, y eso que es el primer mostrador, como lo dicen los gobernadores o el presidente. Sin embargo, no está sentado en la mesa de discusión de esa nueva ley que, a nuestro entender, debe establecerse.

En esa norma tiene que definirse bien cuáles son las responsabilidades de cada Estado -nacional, provincial y municipal- y aplicar el principio de suficiencia económica. Es decir, no basta con declamar que los municipios son autónomos; hay que darles los recursos suficientes para poder atender la complejidad de los servicios que deben prestar. Sino, es muy lindo en los papeles hablar de autonomía -hasta algunos por moda y porque queda bien- pero sin suficiencia económica acompañada de esa autonomía, no hay autonomía verdadera.

Es decir, somos delegados jerárquicos, en todo caso, de los gobernantes de turno, ya sea provinciales o nacionales. Pero no tenemos verdadera autonomía y tenemos que estar mendigando. No es un tema del gobierno de turno: el sistema hay que cambiarlo. Los intendentes no pueden seguir mendigando, recorriendo todos los despachos a ver qué recurso pueden conseguir para llevar adelante determinadas cuestiones.

Lo mejor es definir bien las acciones, las facultades y las obligaciones de cada uno, claramente. Y decir: me parece que la lógica tiene que ser distinta. Los recursos tienen que estar en una pirámide invertida: primero los municipios, que son los que están todo el día prestando servicios, enfrentando solicitudes y reclamos de los vecinos; y después la Provincia y la Nación.

-¿Y hay ejemplos en otras provincias o en otros países de modelos de autonomía municipal que considere replicables en la Argentina?

Yo viví doce años en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y cada municipio tiene su propia constitución, de la ciudad o la localidad. Ellos mismos sancionan esa carta orgánica, deciden cómo van a organizarse, incluso sus tribunales de cuentas. No es como en la provincia de Buenos Aires, donde están distantes -en nuestro caso, 800 kilómetros-, sino que cada lugar tiene su propio tribunal de cuentas. Y cuando eligen a sus concejales, eligen también a sus propios representantes en el tribunal de cuentas, que son quienes van a auditar y controlar al gobierno local.

Pero independientemente de la instrumentación, insisto: hay un principio en el derecho administrativo que es el de suficiencia económica. Hablar de que tenés la facultad de dictar tu propia carta orgánica, o de que podés elegir tu propio tribunal de cuentas, no significa que tengas autonomía si no contás con los recursos suficientes.

Por eso digo que es un debate que debe darse entre los tres estamentos: el Estado nacional, el Estado provincial y -oh, casualidad- el que siempre falta en la mesa de discusión, el Estado municipal. Alguien de los municipios, de las intendencias, tiene que estar también en esa discusión sobre la reformulación de los recursos y cómo se van a distribuir.

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-¿Considera que el actual esquema de coparticipación vulnera el espíritu del federalismo consagrado en la Constitución Nacional?

Yo pienso que no se está cumpliendo, obviamente, con el tema de la autonomía. Los municipios son autónomos por el artículo 5 de la Constitución de la provincia y el 123 de la Constitución Nacional. Pero, como muchas cosas en la Argentina, parece que las leyes son solo un juguete vistoso, porque después no se cumplen.

Y esto también significa otorgar poder a los municipios. Obviamente, entonces cada uno trata de defender su quintita. Pero me parece que hoy en día la sociedad espera, o exige, de los gobiernos -tanto nacional, municipal o provincial- otra dinámica, mucho más rápida.

Cuando vos tenés una carta que viene del año '58 -la ley orgánica de las municipalidades-, es una norma del siglo XX que daba respuesta a una dinámica distinta. Hoy las dinámicas son totalmente diferentes. Es decir, la rapidez con la que tenés que dar respuesta la estamos gestionando a través de una norma del año '58, que es re burocrática, re lenta, y muchas veces lleva a que los vecinos sientan desazón porque no ven rapidez ni eficiencia en la respuesta de los gobiernos nacional, provincial o municipal.

Y esto ocurre precisamente porque hay que reformular esas normas, pero sin los recursos es un idilio hablar de autonomía. Es una mentira.