Mantegazza multado por el Tribunal de Cuentas: ¿dónde quedaron los $45 millones del Fondo Educativo para San Vicente?
El fallo dejó expuestas la subejecución de fondos con destino específico, pagos salariales irregulares y omisiones administrativas graves, en un contexto de creciente malestar vecinal por problemas estructurales sin respuesta en la gestión del intendente.
Política23 de diciembre de 2025
Pamela Orellana
El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó una serie de irregularidades administrativas y financieras en la Municipalidad de San Vicente correspondientes al ejercicio 2022 y ratificó sanciones económicas contra el intendente Nicolás Mantegazza y funcionarios clave de su gabinete. El fallo dejó al descubierto la subejecución de fondos con destino específico, pagos salariales irregulares y graves fallas en los mecanismos de control interno.
La resolución rechazó el recurso de revisión presentado por el propio jefe comunal y por la contadora municipal, dejando firmes las multas y consolidando un dictamen que compromete directamente a la conducción política del municipio.
Fondos educativos y sociales que no se usaron
Uno de los puntos más sensibles del fallo es la no ejecución de recursos afectados, es decir, dinero que por ley debía destinarse a fines específicos y que durante 2022 no fue aplicado.
Entre los montos observados por el Tribunal figuran $45.155.566,66 del Fondo Educativo, que no fueron utilizados conforme a lo establecido por la Ley 15.310. A ese número se suman otras partidas relevantes: $5.708.517,20 de Contribución Ciudadana; $13.696.915,13 del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales; $5.606.980,69 del Fondo FPS para tratamiento de residuos; y $4.172.432,09 del programa nacional Sembrar.
El organismo de control fue claro al remarcar que la normativa vigente exige la aplicación de porcentajes mínimos sobre los ingresos percibidos, algo que no ocurrió, más allá de los argumentos del Ejecutivo local sobre una supuesta “gestión financiera prudente”.
Pagos irregulares y omisiones previsionales
El fallo también cuestionó el pago de sumas no remunerativas y no bonificables al personal municipal y al Honorable Concejo Deliberante sin la realización de los aportes correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y al IOMA.
Entre los conceptos observados se encuentran los pagos por guardias pasivas al personal de la Dirección de Sistemas y un premio por asistencia y puntualidad al personal del Concejo Deliberante. El Tribunal sostuvo que, por tratarse de conceptos habituales, correspondía efectuar los aportes previsionales y de salud, lo cual no fue acreditado.
Por estos hechos, la responsabilidad fue extendida no solo al intendente Mantegazza, sino también al presidente del HCD, a la contadora municipal Cynthia Cardozo y a la directora de Recursos Humanos.
Robos, indemnizaciones y falta de sumarios
Otro aspecto crítico del dictamen refiere a la omisión reiterada de sumarios administrativos tras robos ocurridos en el depósito municipal. En al menos tres expedientes, el municipio debió afrontar indemnizaciones: $290.000 por el robo de una motocicleta, $158.400 por otro motovehículo y $140.440 por el robo de cubiertas de un automóvil.
En todos los casos, el Tribunal remarcó que no se iniciaron investigaciones internas para determinar responsabilidades, pese a que el municipio era depositario de los bienes, lo que configuró una falla grave en los controles administrativos.
Responsabilidades y sanciones firmes
El Tribunal de Cuentas fue explícito al atribuir responsabilidad directa a Nicolás Mantegazza como máxima autoridad administrativa del municipio. En ese marco, resolvió confirmar la multa de $350.000 al intendente y ratificar la sanción de $180.000 a la contadora municipal Cynthia Cardozo. Ambas quedaron firmes tras el rechazo del recurso de revisión.
El fallo se conoce en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión local, que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando. Meses atrás, el concejal de Juntos por el Cambio Juan Manuel Bracci señaló en diálogo con este medio la “falta de control en los accesos a la ciudad” y sostuvo que “la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos”.
En la misma línea, Belén Robledo advirtió que “observamos con preocupación diversas falencias en la gestión local, especialmente en áreas como la seguridad, la salud pública y los sueldos municipales”. Y agregó un dato puntual tras analizar la rendición de cuentas: “Este año el gobierno municipal ha recaudado tres veces por encima de lo que tenía presupuestado”.
Por su parte, Alejandra Izarriaga afirmó que “las tasas municipales han aumentado de 2024 a 2025 un 250% y no hay una contraprestación”, y cuestionó el tamaño de la planta política: “Estarían en 1.500 empleados aproximadamente y creemos que se toma gente por amiguismo y militancia”.
El fallo del Tribunal de Cuentas no solo ratificó sanciones, sino que dejó expuestas fallas estructurales en la administración de San Vicente que ahora quedaron documentadas en una resolución oficial.
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