Un informe del CEPA advirtió en diciembre sobre cambios en el Indec. Hoy, tras la salida de Marco Lavagna, sus alertas cobran otro peso político.
Política03 de febrero de 2026
Juan Manuel Villarreal
Un informe elaborado en diciembre por la diputada Julia Strada y el economista Hernán Letcher volvió al centro de la escena tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec y la polémica intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, para negar una inflación superior al 3%.
El documento, de 30 páginas, fue publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y advertía sobre problemas metodológicos en las mediciones oficiales, en un contexto de cambios impulsados por el Gobierno de Javier Milei que, según los autores, apuntaban a minimizar el impacto real de los precios.
En la introducción del trabajo, Strada y Letcher señalaron que el análisis se inscribía en “un contexto de cambios metodológicos anunciados por el propio Indec”, que preveía modificar desde enero de 2026 la forma de medir inflación, salarios y pobreza.
Según explicaron, las revisiones oficiales buscaban “reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo más actuales”, otorgando mayor peso a los servicios. Sin embargo, el informe tomó otra dimensión semanas después, cuando Caputo violó el secreto estadístico para desmentir datos de inflación y terminó forzando la salida de Lavagna.
El dossier, titulado “Controversias y cuestionamientos metodológicos en el Indec bajo la presidencia de Javier Milei”, cuestionó que el IPC mantuviera ponderadores desactualizados, pese a estar disponible la ENGHo 2017/18.
Los autores advirtieron que los fuertes aumentos tarifarios de la actual administración “no fueron captados adecuadamente” por la estructura vigente. De haberse aplicado la metodología actualizada, señalaron, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 habría sido del 288,2%, frente al 249,5% informado oficialmente, una diferencia de 38,7 puntos porcentuales.
El informe también puso el foco en la Encuesta Permanente de Hogares, al indicar que los aparentes aumentos salariales de los trabajadores no registrados respondían a mejoras en la captación de ingresos no laborales, como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y el programa Progresar, sin que se explicite su impacto en la comparabilidad histórica.
Según el CEPA, estas modificaciones afectan de manera directa la medición de la pobreza, generando estadísticas que no reflejan con precisión el deterioro del poder adquisitivo.
La discusión sobre los ponderadores no pasó inadvertida a nivel internacional. Strada y Letcher subrayaron que la brecha metodológica fue señalada incluso por el FMI, que reclama una actualización del sistema de medición.
El Indec, explicaron, utilizó un sistema híbrido para actualizar ponderadores a noviembre de 2023, lo que redujo el peso de Vivienda y Transporte y elevó el de Alimentos y bebidas, que pasó del 27% al 30,8%.
Sin embargo, con la ENGHo 2017/2018 disponible, los datos muestran otro escenario: mayor peso de servicios públicos, transporte y comunicaciones, y una menor incidencia de los alimentos.
Para los autores del informe, la decisión del Gobierno de postergar sin fecha la implementación de la nueva metodología responde a una estrategia política. Aplicarla, sostienen, expondría con mayor crudeza el impacto de los rubros con aumentos más agresivos, especialmente tarifas y servicios, sobre los ingresos de los trabajadores.
En ese contexto, el informe del CEPA no sólo anticipó la crisis en el Indec, sino que dejó planteado un debate de fondo sobre la confiabilidad de las estadísticas oficiales en el inicio de la gestión libertaria.
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