El Presupuesto bonaerense bajo la lupa: el plan para triplicar la inversión y limitar el gasto corriente

El director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, puso bajo la lupa la composición del gasto bonaerense y propuso incorporar una regla fiscal que obligue a destinar, de manera gradual, el 20% del presupuesto a erogaciones de capital. El planteo combina un respaldo al reclamo histórico por la coparticipación con una crítica directa a la administración interna de los recursos: para el exsenador provincial, recibir más dinero no resolverá el problema si la mayor parte continúa absorbida por el funcionamiento corriente del Estado.

El informe parte de un dato central. Durante 2025, la provincia de Buenos Aires destinó el 6,6% de sus erogaciones a gastos de capital, pese a que esa partida registró un aumento real interanual del 10%. En el primer trimestre de 2026, la participación cayó al 4,4%.

Ese tipo de gasto incluye obras, construcciones, equipamiento y mejoras sobre activos públicos: rutas, escuelas, hospitales, redes de agua, saneamiento y energía. A diferencia de los gastos corrientes —salarios, prestaciones, transferencias y funcionamiento cotidiano—, deja infraestructura con capacidad de prestar servicios durante varios años.

“Pese al incremento real interanual alcanzado en 2025, la Provincia destinó apenas un 6,6% del gasto a erogaciones de capital, cifra que se reduce al 4,4% en el primer trimestre de 2026”, señaló Daletto.

El diagnóstico fue definido como una “falla estructural recurrente” y quedó conectado con una propuesta concreta: reformar la Ley de Administración Financiera bonaerense para establecer un sendero obligatorio que eleve la participación de la inversión hasta llegar al 20% del gasto total en 2030.

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Una regla para condicionar los próximos presupuestos

Daletto no plantea pasar inmediatamente del nivel actual al 20%. Su propuesta normativa contempla una transición de cuatro años: fijar un piso del 10% en 2027, llevarlo al 13% en 2028, subirlo al 16% en 2029 y alcanzar la meta definitiva en 2030.

La modificación tendría impacto sobre las próximas administraciones, ya que limitaría la capacidad de cada gobierno para reducir la proporción destinada a infraestructura. Su aplicación obligaría a reorganizar otras partidas o conseguir nuevos recursos para cumplir el porcentaje sin desfinanciar servicios esenciales.

“No hay dudas de que hay que alcanzar mayores niveles de coparticipación, pero es necesario empezar a cambiar la matriz del gasto en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el actual integrante del directorio del Banco Provincia.

Según argumentó, la regla permitiría que la Provincia pase de una zona “amarilla o roja” a una “verde” en materia de inversión. Esa clasificación surge del indicador construido en su informe, que compara el peso de las erogaciones de capital dentro de los presupuestos provinciales.

El planteo todavía debe traducirse en un proyecto legislativo con articulado definitivo, alcance institucional y mecanismo de cumplimiento. También deberá resolver qué ocurriría durante una emergencia económica o una recesión que obligue a aumentar el gasto social y reduzca simultáneamente la recaudación.

El informe introduce otra discusión relevante: la distancia entre los recursos proyectados y los efectivamente utilizados. El Presupuesto bonaerense 2025 contemplaba una inversión de capital de $2,68 billones, equivalente al 7,8% del gasto total previsto. El cierre analizado por Daletto ubicó la ejecución efectiva en el 6,6%, por debajo de aquella pauta.

Para 2026, la Provincia proyectó alrededor de $3,2 billones destinados a infraestructura y otras inversiones, dentro de un presupuesto total cercano a los $43 billones. Sin embargo, durante los primeros tres meses del año el gasto de capital representó solamente el 4,4% de las erogaciones.

La comparación requiere una salvedad. El presupuesto expresa autorizaciones y previsiones para todo el ejercicio, mientras el informe de Daletto mide ejecución. Además, la obra pública no suele distribuirse de manera uniforme: los primeros meses pueden registrar una participación menor por los procesos de contratación, certificación y pago.

Por eso, el dato del primer trimestre no permite asegurar por sí solo que 2026 terminará en 4,4%. El propio exlegislador presentó esa incógnita como una señal de alerta: si la Provincia conseguirá acelerar la inversión durante el resto del año o consolidará una pauta inferior a la ejecutada en 2025.

Buenos Aires invirtió menos que el promedio provincial

La comparación nacional refuerza el cuestionamiento. Según el informe, elaborado con datos del Ministerio de Economía de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinaron en promedio el 9,5% de sus erogaciones al gasto de capital durante 2025.

La proporción había sido del 12,4% en 2023 y cayó al 9,8% en 2024. El descenso muestra que la reducción de la inversión pública no es exclusiva de Buenos Aires: forma parte de una tendencia generalizada entre las jurisdicciones.

Aun así, el 6,6% bonaerense quedó 2,9 puntos porcentuales por debajo del promedio de 2025. Doce provincias se ubicaron por encima de ese umbral.

El comportamiento fue desigual. Río Negro encabezó el crecimiento real del gasto de capital, con una suba del 98,1% entre 2024 y 2025: pasó de representar el 2,5% al 4,5% del total. San Juan registró un incremento real del 72,2% y elevó la participación del 9,1% al 14%. Entre Ríos aumentó 71,9%, aunque partía de un nivel bajo y pasó del 2,3% al 3,7%.

En el otro extremo quedaron San Luis, con una contracción real del 48,3%; Chaco, con una baja del 35,8%, y Jujuy, con una reducción del 26,6%. En esos casos también se verificaron descensos pronunciados en la participación sobre el gasto total.

El reclamo federal que Daletto comparte con Kicillof

El informe no desconoce el problema de los recursos. Daletto incorporó al análisis una de las principales banderas fiscales del gobierno de Axel Kicillof: la provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe aproximadamente el 21,2% de la masa coparticipable.

“La inequidad distributiva impacta directamente en la capacidad de financiamiento de la Provincia”, señaló. En esa línea, sostuvo que reclamar una distribución más justa y exigir las transferencias pendientes debe constituir una política “permanente e irrenunciable” de cualquier administración bonaerense.

El planteo coincide con una advertencia que el ministro de Economía provincial, Pablo López, viene formulando desde hace años: Buenos Aires aporta alrededor del 40% y recibe cerca del 21% de los recursos coparticipados.

A esa desigualdad histórica se sumó el conflicto con el gobierno de Javier Milei por transferencias, programas y obras que la administración provincial considera incumplidos. La gestión de Kicillof reclama actualmente decenas de billones de pesos por distintos conceptos y mantiene presentaciones ante la Corte Suprema.

El último cálculo oficial bonaerense ubicó en $26,7 billones el impacto total atribuido a fondos retenidos, programas discontinuados y proyectos paralizados. Dentro de ese universo, la Provincia estimó en $9,6 billones los compromisos vinculados con obras abandonadas.

El punto más incómodo del informe aparece después de reconocer el perjuicio federal. Daletto advirtió que el conflicto con la Nación no puede funcionar como explicación suficiente para la baja participación de la inversión.

“El reclamo hacia el Gobierno nacional no exime a la Provincia de su responsabilidad en la administración interna de sus recursos”, afirmó.

Y completó: “No alcanza sólo con recibir más fondos; es imprescindible transformar la matriz interna del gasto público para evitar que los mayores ingresos terminen absorbiéndose en erogaciones corrientes en lugar de transformarse en infraestructura”.

La observación apunta al corazón del Presupuesto bonaerense. Educación, salud, seguridad, justicia y políticas sociales demandan una elevada proporción de gastos corrientes porque dependen de docentes, médicos, policías, agentes penitenciarios y trabajadores estatales.

En el Presupuesto 2026, Educación concentra alrededor del 24,8% del total, seguida por Seguridad y Salud. Esas funciones explican buena parte de la rigidez presupuestaria: reducir el gasto corriente no implica únicamente eliminar erogaciones administrativas, sino que puede comprometer salarios, prestaciones o servicios.

Por esa razón, alcanzar el 20% sin incrementar los ingresos exigiría una reasignación de gran magnitud. La discusión legislativa deberá establecer de qué partidas saldrían los recursos, qué gastos quedarían incluidos como inversión y qué excepciones se admitirían frente a emergencias.

De Armendáriz a Kicillof: cuatro décadas bajo análisis

Daletto reconstruyó la evolución del gasto de capital desde el retorno de la democracia. De acuerdo con su relevamiento, los mayores promedios se registraron durante las gestiones de Alejandro Armendáriz y Eduardo Duhalde.

El gobierno radical de Armendáriz destinó en promedio el 14,4% de sus erogaciones a capital. Durante las dos etapas de Duhalde, los registros fueron del 13,4% y el 13,7%. El máximo anual de la serie posterior a 1983 se produjo en 1997, cuando la participación alcanzó el 17,6%.

El período estuvo atravesado por la creación del Fondo del Conurbano, que amplió los recursos disponibles para inversión, y por la transferencia de servicios educativos nacionales a la Provincia, que incrementó de manera permanente los gastos corrientes.

En la etapa de Carlos Ruckauf y Felipe Solá, marcada por la crisis de 2001, el promedio cayó al 4,9%. La gestión posterior de Solá lo elevó al 8,1%.

Los dos mandatos de Daniel Scioli registraron promedios del 6,7% y del 4,9%. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la participación se ubicó en 7,5%, con un máximo del 9,4% en 2017, el registro anual más elevado desde la crisis de comienzos de siglo.

Según el estudio, el primer mandato de Kicillof promedió 6,9%, mientras que el segundo se ubica hasta ahora en 6,3%.

La serie demanda cautela metodológica. El informe aclara que los promedios históricos fueron construidos con datos de la Administración Central y los organismos descentralizados, mientras que para la segunda gestión de Kicillof se utilizaron cifras de la Administración Pública no Financiera. Los universos guardan relación, pero no son completamente idénticos.

También deben considerarse las circunstancias que atravesó cada período, desde la crisis de 2001 hasta la pandemia de COVID-19, que obligó a aumentar de manera extraordinaria el gasto sanitario, social y salarial.

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La infraestructura como centro del Presupuesto

La administración de Kicillof sostiene que la obra pública continúa entre sus prioridades, especialmente ante la paralización de proyectos nacionales. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, informó que su cartera ejecutó $720.100 millones en 2024, proyectó cerrar 2025 con $1,1 billones y presupuestó $1,4 billones para 2026.

El Presupuesto vigente contempla más de mil intervenciones en rutas, viviendas, escuelas, hospitales, obras hidráulicas, agua y saneamiento. También creó mecanismos de financiamiento para los municipios, en un escenario de caída de recursos y aumento de la demanda social.

Uno de ellos es el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que posee un piso de $250.000 millones y se nutre con el 8% de determinados recursos provenientes del endeudamiento provincial.

Ese esfuerzo convive con el dato señalado por Daletto: aun con programas y obras en marcha, la inversión perdió participación dentro del total ejecutado.