Desde el territorio: qué dicen los intendentes y cómo se organizan contra el recorte de la Zona Fría

La discusión por el nuevo esquema de subsidios al gas entró en una etapa diferente en la provincia de Buenos Aires. Con la reforma ya sancionada por el Congreso, los municipios pasaron del intento de frenar el proyecto a desplegar acciones judiciales, reclamos institucionales y mecanismos locales para asistir a los usuarios que todavía pueden conservar algún nivel de ayuda.

La última señal llegó desde Junín. El gobierno municipal, junto con Grupo Servicios Junín y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), puso en marcha un operativo para acompañar a las familias que deben inscribirse bajo las nuevas condiciones. Al mismo tiempo, en el Concejo Deliberante ingresó un proyecto de la UCR que solicita al Ejecutivo y a la empresa municipal evaluar medidas administrativas y/o judiciales frente a la modificación del régimen.

Es una respuesta diferente a la anunciada en Bahía Blanca, donde el intendente Federico Susbielles ya confirmó que acudirá a la Justicia Federal, o a la que se prepara en General Pueyrredon, donde la Defensoría del Pueblo trabaja sobre un amparo colectivo. En la Quinta Sección, además, la diputada nacional Jimena López mantiene conversaciones con intendentes para coordinar una presentación conjunta.

El escenario que buscan enfrentar tiene un dato central: la modificación sancionada por el Senado elimina el beneficio territorial automático para 94 municipios bonaerenses incorporados en la ampliación de 2021. Alrededor de 1,24 millones de hogares quedan alcanzados por el cambio, mientras Patagones continúa dentro del régimen histórico.

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La decisión de Junín

En Junín, donde 29.858 usuarios residenciales estaban alcanzados hasta ahora por el esquema diferencial, el municipio decidió concentrar inicialmente su intervención en quienes todavía reúnen los requisitos para acceder a la asistencia focalizada.

Según los datos locales, 23.909 usuarios recibían una bonificación del 30% y otros 5.949 tenían una reducción del 50%. La OMIC comenzó a informar que los hogares deberán realizar el trámite correspondiente mediante ANSES o Mi Argentina para solicitar o conservar el subsidio bajo el nuevo esquema.

Entre los criterios comunicados por el municipio aparecen ingresos familiares inferiores a aproximadamente $4,7 millones y situaciones especiales vinculadas con el Certificado de Vivienda Familiar, el Certificado Único de Discapacidad o la condición de veterano de Malvinas, además de los restantes requisitos establecidos por la normativa.

El secretario de Gobierno, Lisandro Benito, resumió el criterio elegido por el municipio: “Hoy tenemos que poner el foco en las familias”. La asistencia administrativa no es, sin embargo, la única línea abierta en el distrito.

Este lunes ingresó al Concejo Deliberante el expediente 10-346/2026, presentado por el bloque de la UCR. El proyecto solicita medidas administrativas y/o judiciales y pide informes al Departamento Ejecutivo y a Grupo Servicios Junín respecto de la eliminación del régimen que alcanzaba a la ciudad.

Bahía Blanca prepara la vía federal

El caso más avanzado en materia judicial sigue siendo Bahía Blanca. Susbielles confirmó que el municipio presentará un reclamo ante la Justicia Federal una vez que la norma esté en condiciones de ser impugnada y encargó a sus equipos jurídicos la preparación de la demanda.

El jefe comunal anticipó que el planteo incluirá argumentos vinculados con el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, la razonabilidad prevista en el artículo 28 y los principios de progresividad y no regresividad de derechos. La procedencia de esos argumentos deberá ser resuelta por los tribunales.

Su planteo climático quedó sintetizado en una frase: “A misma temperatura, mismo régimen”. El municipio compara las condiciones de Bahía Blanca con las de ciudades que continúan bajo el sistema territorial histórico.

Susbielles sostiene además que la reforma alcanzará al conjunto de los usuarios de la ciudad y que, dependiendo de la categoría y el consumo, determinadas familias podrían registrar aumentos superiores al 100%. Es una proyección del municipio y no un incremento uniforme para todos los hogares.

La vía judicial tampoco comenzó a diseñarse después de la votación. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en junio el intendente ya había enviado al Concejo Deliberante una iniciativa para contar con respaldo institucional si finalmente era necesario acudir a los tribunales. La estrategia previa incluyó además una campaña que reunió más de 30 mil firmas y el respaldo de más de 40 organizaciones civiles.

Mar del Plata: un amparo colectivo respaldado por firmas

En General Pueyrredon, la iniciativa judicial está siendo impulsada por la Defensoría del Pueblo. Su titular, Marcelo Lacedonia, anunció la preparación de un amparo colectivo para cuestionar la exclusión de Mar del Plata y Batán.

El organismo trabaja además con asociaciones de consumidores y evalúa fundamentar la presentación en principios vinculados con igualdad y no regresividad de derechos. La acción llega acompañada por una campaña territorial que reunió más de 25 mil firmas.

Uno de los puntos del planteo será nuevamente climático: comparar las temperaturas y necesidades de calefacción marplatenses con las de localidades de Río Negro o Neuquén que continúan comprendidas en el sistema territorial.

La Defensoría calculó además que un usuario que hasta ahora tenía una reducción del 30% podría afrontar un incremento cercano al 43% al perder ese beneficio.

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Otra pata de la estrategia intenta superar los reclamos individuales de cada municipio. La diputada nacional Jimena López, del Frente Renovador, informó que mantiene conversaciones con intendentes de la Quinta Sección Electoral para impulsar un amparo colectivo.

“Ya estamos trabajando con intendentes de la Quinta Sección para avanzar rápidamente con un amparo colectivo”, afirmó la legisladora.

El esquema contempla la incorporación de OMIC y organismos vinculados con la defensa de consumidores y usuarios. López había anticipado antes de la votación que la presentación debía esperar la sanción definitiva para contar con un acto concreto sobre el cual reclamar judicialmente.

Villa Gesell es otro distrito que estudia acudir a tribunales. El intendente Gustavo Barrera confirmó que su administración analiza una presentación y abrió la posibilidad de que el reclamo se realice de manera conjunta con otras comunas.

El jefe comunal ya había cuestionado públicamente la reforma después de la votación del Senado. Su posible incorporación ampliaría la vía judicial hacia otro municipio de la Costa Atlántica y podría conectarse con la presentación colectiva que se discute en la Quinta Sección.

El reclamo no se limita al peronismo. Desde Rauch, el intendente radical Maximiliano Suescun, presidente del Foro de Intendentes Radicales, también advirtió por las consecuencias tarifarias del nuevo esquema.

De las firmas y el Congreso a los tribunales

La nueva etapa tiene antecedentes que se acumularon durante varios meses. Antes de que la reforma fuera sancionada, municipios bonaerenses habían organizado campañas de firmas, actividades de las OMIC, reuniones con diputados y senadores nacionales y presentaciones de documentación ante el Congreso.

Como reconstruyó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los intendentes de General Alvarado, Tres Arroyos, Salliqueló, Saavedra y San Pedro estuvieron entre quienes llevaron personalmente sus reclamos al Congreso. En distintos distritos, las oficinas de consumidores funcionaron también como puntos de recepción de adhesiones.

“Como demandan nuestros vecinos, además de impulsar juntada de firmas y acciones judiciales, el día que se trate la Ley en el Senado realizaremos un frazadazo. El ajuste no puede ser para los que menos tienen. El gas no puede costar una jubilación”, sostuvo un intendente costero.

En ese momento, el objetivo era impedir la aprobación definitiva. Con la votación ya realizada —38 votos afirmativos y 8 negativos en el Senado—, la estrategia cambió: las firmas y los pronunciamientos pasan a funcionar como respaldo para eventuales planteos judiciales o reclamos administrativos.

La Federación de Municipios amplió el reclamo

La reacción dejó de ser exclusivamente bonaerense. La Federación Argentina de Municipios (FAM), organización que reúne a más de 500 intendentes e intendentas, emitió un comunicado de rechazo firmado por su presidente, Fernando Espinoza, y los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.

La entidad calificó la modificación como “un golpe directo al bolsillo de las familias” y defendió el esquema anterior al considerar que respondía a una mayor necesidad de calefacción en determinados territorios.

Según expresó en el comunicado, la tarifa diferencial funcionaba como “un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”. “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, sostuvo la entidad.

La Provincia también se mete en la estrategia

El gobierno de Axel Kicillof se incorporó institucionalmente al rechazo. El viernes, el gobernador cuestionó desde Lobería que el beneficio territorial desaparezca en prácticamente toda la Provincia y recordó que de los cerca de cien municipios que estaban contemplados quedará únicamente Patagones dentro del esquema histórico.

Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anticipó que la Provincia seguirá trabajando con los municipios afectados. Según los números expuestos por el funcionario, de aproximadamente 1,27 millones de usuarios bonaerenses que estaban alcanzados, el 52% perdería completamente el beneficio y el resto accedería a una reducción menor bajo las nuevas reglas.

La reforma vuelve a concentrar el beneficio territorial automático en las zonas comprendidas por el régimen histórico: Patagonia, Malargüe y la Puna. En territorio bonaerense, Patagones conserva esa cobertura.

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Los otros 94 municipios incorporados a partir de la Ley 27.637 de 2021 dejan de acceder automáticamente al descuento por su ubicación. Hasta ahora, la ampliación contemplaba bonificaciones del 30% para usuarios generales y del 50% para determinados sectores vulnerables. La ley de 2021 había establecido además la vigencia del régimen ampliado hasta diciembre de 2031.

La reforma no significa que los 1,24 millones de hogares bonaerenses pasen necesariamente a pagar todos la tarifa plena. Los usuarios que cumplan los requisitos podrán ingresar al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, que incorpora criterios económicos y situaciones particulares. Pero el cambio central es que la pertenencia territorial deja de garantizar por sí sola el descuento.

Después de meses de reclamos legislativos y campañas locales, la discusión se traslada ahora a otro terreno: tribunales, oficinas de consumidores y gobiernos municipales. Allí se definirá qué alcance tienen las presentaciones anunciadas, cuántos distritos terminan sumándose y cuántos hogares logran conservar asistencia bajo el nuevo esquema.