De los pagos demorados al acampe: por qué afiliados y prestadores vuelven a protestar ante IOMA

Prestadores y afiliados de IOMA fueron convocados para el martes 25 de agosto frente a la sede central de la obra social, en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata. Los organizadores prevén reunir a personas de distintos puntos bonaerenses e instalar un acampe por tiempo indefinido para reclamar por demoras y montos pendientes que, según sostienen, comprometen honorarios, reintegros y continuidad de tratamientos.

La medida agrega otro episodio a una secuencia de marchas, cortes y permanencias dentro del edificio. Los convocantes sostienen que algunos prestadores esperan hace más de ocho meses y que las acciones anteriores no consiguieron respuestas definitivas. “Lo haremos hasta que resuelvan la situación. Hay deudas con prestadores y afiliados. Luchamos por nuestros derechos”, anticiparon.

Del reclamo local a la marcha provincial

La antesala más reciente ocurrió en Bahía Blanca. Allí, familias vinculadas con IREL habían resuelto mantener la movilización del martes 18 frente a la delegación de Zelarrayán 640. Lisa, mamá de Helena, una nena de cuatro años, contó que su hija estuvo entre dos y tres semanas sin terapias y que el corte alteró su descanso, conducta y salud. “Para nosotros fue convertirnos en terapistas. Usar las herramientas que nos fueron dando. Y no es fácil”, relató.

La deuda con IREL rondaba inicialmente los $300 millones, según la información transmitida a las familias. Un primer pago cercano a $100 millones permitió cubrir parte de los salarios y retomar prestaciones; después ingresó otra suma cuyo monto no les fue informado. El caso alcanza a más de 200 chicos y adultos.

La madre mantuvo reuniones con el responsable local de IOMA y con Melina Chindi, directora de IREL. Según su relato, interpretó que desde la delegación le sugirieron que insistir con el reclamo podía poner en riesgo el convenio. Luego contactó a Silvia Martín, responsable del área de Prestaciones, y las negociaciones pasaron a desarrollarse con la conducción central. “Las terapias son un derecho”, remarcó.

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Montos discutidos y servicios interrumpidos

IOMA brinda cobertura a más de dos millones de personas y tiene asignados $2,422 billones para 2026. Los trabajadores provinciales aportan obligatoriamente el 4,8% de su remuneración y los jubilados del IPS, el 4,5%. De acuerdo con la obra social, el 95% de sus recursos se destina a prestaciones, medicamentos y servicios.

Sobre ese volumen se acumulan reclamos con cifras controvertidas. El Hospital Garrahan exige $8.278 millones por la atención de más de 44.000 niños afiliados. La Provincia informó pagos por $1.200 millones, mientras el hospital sostiene que esa suma cubre apenas el 15% del capital reclamado.

La Agremiación Médica Platense reportó otros $900 millones a junio —$500 millones por prácticas del primer trimestre y el resto por convenios anteriores—, pero IOMA respondió que sus pagos estaban actualizados a ese mes.

En Trenque Lauquen, el servicio de hemodinamia interrumpió prácticas programadas por una acreencia que, según sus responsables, supera los $300 millones. Carlos Miguel Hernández, médico a cargo de Trenquecardiohemo SRL, advirtió que allí trabajan más de 15 personas cuyas familias dependen del cobro de esas prestaciones.

Una institución platense de salud mental y el Centro de Día Cántaros, de Villa Elisa, también señalaron que los desembolsos parciales no alcanzan para sostener la atención de personas con discapacidad y adultos mayores.

La Seccional 13 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación denunció dificultades para acceder a consultas, estudios, internaciones y cirugías, con especial impacto en Mar del Plata.

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En la Legislatura, el senador de Hechos Marcelo Leguizamón pidió que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dé explicaciones; el diputado provincial del PRO Fernando Rovello reclamó por obligaciones con hospitales municipales y aranceles que, afirmó, no cubren los costos.

La conducción que encabeza Homero Giles niega una interrupción general de la cadena de pagos. Sus voceros informaron transferencias por $4.300 millones en junio, frente a $4.200 millones en mayo, y atribuyeron las dificultades al impacto de la política económica nacional.

También cuestionaron amparos que consideran infundados: aseguraron que 7.700 afiliados atendidos por acompañantes terapéuticos generaron una facturación de $4.300 millones y hablaron de una posible “industria del juicio”.

La explicación de Kreplak

El ministro de Salud bonaerense defendió la gestión de Giles, sostuvo que el gobernador Axel Kicillof priorizó el área y ubicó el problema dentro de un sistema sanitario que, según afirmó, atiende 35% más de personas desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Señaló que los recursos nacionales para las provincias cayeron 62% y que Buenos Aires debió asumir la compra de anticonceptivos, medicamentos para trasplantes y otros insumos antes provistos por la Nación.

En el caso específico de IOMA, el ministro informó un aumento del 37% en atenciones y prácticas y del 30% en medicamentos de alto costo respecto del período 2024-2025. Lo atribuyó al traslado de pacientes con doble cobertura desde PAMI y prepagas, que representaría $6.000 millones adicionales por mes. A esa presión sumó un déficit similar generado por municipios cuyos aportes, según explicó, quedaron rezagados frente al costo de la cápita.

El funcionario reconoció que la obra social no paga a los hospitales comunales “de la manera que nos gustaría” porque “la manta es corta”, pero sostuvo que el problema más extendido en el interior es el cobro indebido de adicionales médicos. “Eso no es legal y se transforma en una barrera de acceso que hace que la gente termine en el hospital público”, afirmó.