Seguridad bonaerense, cifra por cifra: homicidios, presos y fuerzas federales en el cruce Nación-Provincia

Javier Alonso rechazó el diagnóstico de un “baño de sangre”, defendió la evolución de los principales indicadores y volvió a reclamar recursos a la Casa Rosada. En paralelo, la oposición exige mayor presencia federal, control legislativo y precisiones sobre efectivos, patrullaje y mapas del delito.
Política05 de octubre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, salió a responder a quienes describen un escenario de creciente violencia, negó que Buenos Aires atraviese un “baño de sangre” y puso sobre la mesa cifras de homicidios, detenidos, recursos y despliegue policial. 

“Como en cualquier sociedad, el delito existe”, afirmó el funcionario bonaerense, pero sostuvo que los indicadores generales muestran una reducción en distintos hechos delictivos.

La respuesta llegó después de nuevas críticas contra la administración provincial. La disputa ya había escalado días atrás, cuando la senadora Patricia Bullrich calificó la situación de la seguridad en el Conurbano como “un desastre” y reclamó que Kicillof reaccionara. Alonso contestó entonces con un pedido de fondos y coordinación.

Este lunes profundizó ese planteo. “Hay una necesidad del Gobierno de instalar el problema de la inseguridad porque ha caído mucho en las encuestas”, sostuvo durante la conferencia de prensa realizada en Gobernación. 

808 víctimas y una tasa de 4,6

Uno de los principales argumentos utilizados por la Provincia son las estadísticas de homicidios. El último relevamiento de la Procuración General bonaerense contabilizó 808 víctimas fatales de homicidios dolosos durante 2025, con una tasa provincial de 4,6 cada 100.000 habitantes. Las investigaciones iniciadas por homicidios dolosos consumados pasaron de 814 en 2024 a 774 en 2025, una reducción del 4,9%.

En el conjunto de las Investigaciones Penales Preparatorias del Fuero Criminal y Correccional, la Procuración registró además una baja interanual del 6,4%. En cambio, los delitos contra las personas subieron 3,2% y las investigaciones por tentativas de homicidio crecieron 6,5%.

Alonso utilizó particularmente el indicador de homicidios para contestar las críticas. “El dato me parece que mata cualquier opinión”, afirmó. Según el ministro, la tasa de 4,6 cada 100.000 habitantes coloca actualmente a Buenos Aires por debajo de registros de países vecinos como Uruguay y Chile.

El funcionario sostuvo además que durante 2025 se registraron 86 homicidios en ocasión de robo y aseguró que ese indicador continúa descendiendo durante 2026. Otra medición oficial, elaborada por el Ejecutivo bonaerense para su Anuario 2025, registró 751 víctimas en 720 hechos y una tasa de 4,3 cada 100.000 habitantes. Esa serie ubicó 2025 por debajo de los 823 casos contabilizados en 2024.

Los promedios provinciales conviven con fuertes diferencias según el territorio. La Procuración ubicó la tasa de homicidios en el agrupamiento que comprende Conurbano, La Plata y Mar del Plata en 5,2 víctimas cada 100.000 habitantes, mientras en los departamentos judiciales del interior fue de 2,6.

La Matanza encabezó los registros más altos, con una tasa de 8,02, seguida por Moreno-General Rodríguez, con 7,66; Lomas de Zamora, con 5,92; y San Martín, con 5,57. En esos departamentos, sin embargo, el informe de la Procuración también registró una evolución descendente respecto del período anterior.

Ese contraste se convirtió en uno de los puntos centrales del debate legislativo. La oposición sostiene que las estadísticas generales no reflejan por sí solas lo que ocurre en los distritos con indicadores más elevados. El gobierno bonaerense responde que esos territorios también deben analizarse a partir de la evolución interanual de cada delito.

Alonso reconoció recientemente que La Matanza presenta una intensidad delictiva superior al promedio provincial, aunque señaló que allí disminuyó el robo automotor cometido con armas de fuego.

La discusión tampoco se agota en los homicidios. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal muestran que los robos totales registrados en Buenos Aires disminuyeron alrededor de 15% durante 2025.

El comportamiento cambia cuando se observan modalidades particulares. Entre enero y agosto de 2026, los hechos asociados a motochorros aumentaron 23,54% frente al mismo período del año anterior. El movimiento fue desigual entre municipios, con distritos que registraron bajas y otros con incrementos importantes.

Un caso reciente es Morón. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el SNIC registró allí 1.046,5 robos cada 100.000 habitantes durante 2025, la tasa más elevada entre ocho municipios analizados del oeste del Conurbano. Aun así, la cantidad absoluta de robos en el distrito cayó de 5.209 en 2024 a 3.449 en 2025, una reducción del 33,8%.

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“Hay 18.000 presos más”

Alonso sumó otro indicador a la respuesta: la población penitenciaria. “Hay 18.000 presos más en el sistema penitenciario desde que está nuestro gobernador”, afirmó. Luego precisó que desde que asumió como ministro en 2023 ingresaron 8.365 personas más al sistema bonaerense.

El funcionario comparó esa evolución con la del sistema penitenciario federal. “¿Saben cuántos presos más hay en el sistema penitenciario federal, que depende del Gobierno nacional y de toda la Argentina? Mil presos más”, planteó.

A partir de esa comparación, Alonso respondió además a uno de los eslóganes utilizados por la gestión nacional en materia de seguridad. “El que las hace las paga ocurre en provincia de Buenos Aires porque acá sí trabajamos”, sostuvo al cruzar la política nacional.

Otro capítulo de la discusión fue el narcotráfico. Alonso definió nuevamente a las drogas como uno de los principales problemas de seguridad de Buenos Aires y reclamó mayor intervención federal, tanto sobre las fronteras como en las investigaciones judiciales.

El ministro utilizó como ejemplo el Departamento Judicial La Plata. Según afirmó, la Cámara Federal correspondiente a esa jurisdicción cuenta con seis fiscales. “¿Ustedes creen que el Gobierno nacional se está tomando en serio la lucha contra el narcotráfico?”, preguntó.

También mencionó la detención reciente de un hombre señalado como líder narco de la Villa 31 que había sido condenado y expulsado años antes del país, pero que fue localizado nuevamente en territorio argentino.

“Las fronteras no existen”, afirmó Alonso al utilizar ese caso para cuestionar los controles nacionales. La Provincia y la Justicia federal comenzaron además a aplicar desde el 21 de septiembre el nuevo sistema acusatorio federal en territorio bonaerense, con el objetivo de agilizar especialmente las investigaciones vinculadas con delitos federales y narcotráfico.

El reclamo por los fondos

Detrás de las estadísticas aparece otra disputa: el financiamiento. Alonso viene reclamando los recursos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que la administración bonaerense utilizaba para equipamiento, tecnología, móviles y políticas vinculadas con la Policía.

La estimación difundida por el Ministerio de Seguridad ubica en aproximadamente $750.000 millones anuales los recursos que dejaron de ingresar por ese concepto.

“A nosotros nos dejan solos”, había advertido el ministro días atrás. Este lunes amplió el cuestionamiento y sostuvo: “Nos sacaron 27.000 millones de dólares. Imagínense, si el Gobierno nacional nos ayudara, lo bien que estaríamos”.

Ese monto refiere al cálculo general que utiliza la Provincia sobre recursos, programas y fondos que atribuye a decisiones de Nación, no exclusivamente a partidas de seguridad.

Axel Kicillof y Javier Alonso.
El gobernador Axel Kicillof  junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Patrulleros y efectivos

La Provincia también utiliza su inversión en equipamiento y personal para responder a los cuestionamientos. Kicillof informó que desde el comienzo de su administración fueron incorporados cerca de 10.000 patrulleros y 16.000 efectivos policiales. Un informe difundido en septiembre detalló además una inversión de $425.160 millones a través de fondos de fortalecimiento destinados a móviles, motos, cámaras, alarmas, drones y mejoras de dependencias.

En Florencio Varela, por ejemplo, el Ejecutivo inauguró en agosto una nueva base de la UTOI con 120 efectivos, 30 mandos intermedios y siete patrulleros.

El estado de la propia fuerza, sin embargo, también fue llevado a la Legislatura por la oposición. El senador libertario Matías De Urraza presentó un pedido para conocer cuántos policías integran actualmente la Bonaerense, cuántos cumplen tareas operativas y administrativas, cuántas bajas hubo entre 2023 y 2026 y cuántos agentes ingresaron durante el mismo período.

El requerimiento pide discriminar renuncias, jubilaciones, retiros, cesantías, exoneraciones y fallecimientos y conocer cuántos aspirantes se encuentran en formación.

Pero la presión sumó este lunes un capítulo nuevo. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para que Kicillof solicite formalmente al Gobierno nacional el despliegue de fuerzas federales en los distritos considerados críticos, con La Matanza como principal caso utilizado para fundamentar la iniciativa.

La presentación lleva las firmas, entre otros, de Juan Osaba, Maximiliano Bondarenko, Francisco Adorni, Alberto Luis Ontiveros y Carla Pannelli. El texto propone utilizar los mecanismos previstos por la Ley de Seguridad Interior para solicitar apoyo operativo nacional. La iniciativa coincide con declaraciones de Bullrich sobre la posibilidad de reforzar la presencia federal en Mar del Plata durante los próximos meses y ante la temporada de verano.

El pedido de fuerzas nacionales se suma a otro proyecto libertario presentado días atrás. La senadora Florencia Arietto propuso crear una Comisión Bicameral para el Abordaje Interdisciplinario de las Políticas Públicas de Seguridad, formada por cinco diputados y cinco senadores.

El organismo tendría facultades para pedir documentación al Ejecutivo, citar funcionarios, convocar intendentes, especialistas y universidades y revisar presupuesto, estadísticas, infraestructura y políticas implementadas.

Carlos Curestis, titular del bloque de LLA en la Cámara alta, explicó que la intención es que el área tenga “un seguimiento permanente desde la Legislatura”. Bondarenko sostuvo, por su parte: “No alcanza con hablar de inseguridad cuando ocurre una tragedia; hay que trabajar todos los días para prevenirla, exigir respuestas y encontrar soluciones”.

También continúan los pedidos para que Alonso comparezca ante la Legislatura. Sebastián Pareja reclamó información sobre cantidad y distribución de policías, recorridos de patrullaje y mapas del delito, mientras otros expedientes opositores apuntan a las bajas dentro de la fuerza y la cantidad de nuevos agentes.

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