Fuerzas federales, bicameral e interpelaciones: la oposición redobla la presión por la seguridad bonaerense

La discusión por el delito vuelve a escalar en la Legislatura bonaerense y suma un nuevo capítulo al enfrentamiento político entre Nación y Provincia. Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto para que el gobierno de Axel Kicillof solicite la participación de fuerzas federales en aquellos distritos que atraviesen situaciones consideradas críticas, con La Matanza como principal caso utilizado para fundamentar el pedido.

La iniciativa no plantea una intervención federal de la Provincia ni el desplazamiento de sus autoridades. Se trata de un proyecto de declaración que exhorta al Ejecutivo bonaerense a requerir al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, el concurso de fuerzas nacionales previsto en la Ley de Seguridad Interior.

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Entre los legisladores libertarios que acompañan la presentación aparecen Juan Osaba, jefe de la bancada en Diputados, Maximiliano Bondarenko, Francisco Adorni, Alberto Luis Ontiveros y Carla Pannelli, junto con otros integrantes del bloque. El texto expresa preocupación por los niveles de violencia y criminalidad y plantea la necesidad de una respuesta coordinada entre jurisdicciones.

El nuevo movimiento se incorpora a una ofensiva opositora que durante las últimas semanas acumuló pedidos de informes, intentos de interpelación y una propuesta para crear una comisión bicameral permanente de seguimiento de las políticas de seguridad.

La Matanza, las cifras y la disputa por el diagnóstico

El planteo de LLA pone el foco especialmente sobre La Matanza. Los libertarios utilizaron las estadísticas de la Procuración General bonaerense, que para 2025 registraron allí una tasa de 8,02 víctimas de homicidio doloso cada 100.000 habitantes, por encima del promedio de los departamentos judiciales del Conurbano, La Plata y Mar del Plata, ubicado en 5,2, y del interior provincial, con 2,6.

La misma información oficial, sin embargo, muestra un escenario con matices. La Procuración contabilizó 808 víctimas fatales en toda la Provincia durante 2025, con una tasa de 4,6 cada 100.000 habitantes, y registró una disminución del 6% en los homicidios dolosos consumados respecto del año anterior. Incluso La Matanza y otros departamentos con tasas superiores al promedio mostraron una evolución interanual descendente.

La tendencia también aparece en las investigaciones iniciadas por homicidios dolosos consumados: pasaron de 814 en 2024 a 774 en 2025, una baja del 4,9% y el segundo descenso anual consecutivo.

Ese contraste se convirtió en uno de los centros de la pelea política. La oposición sostiene que los promedios provinciales pueden ocultar situaciones territoriales especialmente complejas, mientras la administración de Kicillof utiliza la caída de determinados indicadores para defender la estrategia aplicada.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció que La Matanza presenta una intensidad delictiva mayor que otras zonas, pero respondió a las críticas destacando la evolución de distintos delitos y la actuación policial. La Provincia también recuerda que durante 2025 los robos totales retrocedieron alrededor de 15%, aunque reconoce comportamientos diferentes según la modalidad: los hechos asociados a motochorros aumentaron 23,54% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período del año anterior.

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Una ofensiva que ya pasó por varias ventanillas de la Legislatura

El pedido de efectivos nacionales no aparece aislado. La senadora libertaria Florencia Arietto presentó recientemente una iniciativa para crear una Comisión Bicameral para el Abordaje Interdisciplinario de las Políticas Públicas de Seguridad, integrada por cinco diputados y cinco senadores.

El organismo tendría facultades para solicitar documentación, convocar funcionarios, recibir a intendentes y especialistas y revisar información presupuestaria, estadística y de infraestructura. El presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, defendió la propuesta como una forma de mantener un seguimiento permanente sobre el área, mientras Bondarenko planteó desde Diputados la necesidad de “controlar y evaluar” las políticas provinciales.

A eso se agregaron pedidos para que Alonso comparezca ante la Legislatura. El coordinador provincial libertario, Sebastián Pareja, reclamó precisiones sobre cantidad y distribución de efectivos, recorridos de patrullaje y mapa del delito. Otros proyectos opositores preguntaron por bajas en la Policía Bonaerense, incorporación de nuevos agentes y capacidad operativa.

Bullrich suma Mar del Plata y Provincia responde por los fondos

La discusión también salió del Conurbano. La senadora nacional de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Patricia Bullrich planteó esta semana la posibilidad de un desembarco de fuerzas federales en Mar del Plata y reclamó coordinación entre Nación y Provincia, especialmente ante la proximidad de la temporada de verano.

Bullrich aclaró que no le correspondía anunciar formalmente una decisión de esas características, pero sostuvo que el escenario obliga a evaluar un refuerzo operativo. La coincidencia temporal con el proyecto presentado en la Legislatura vuelve a colocar la cooperación entre fuerzas provinciales y nacionales en el centro de la discusión.

Desde La Plata, la respuesta combina datos policiales con un reclamo financiero. Alonso sostiene que la administración bonaerense mantiene prevención, móviles, tecnología y despliegue territorial pese a la pérdida de fondos nacionales. El ministro calcula en unos $750.000 millones los recursos que la Provincia dejó de recibir del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, una partida que Buenos Aires destinaba, entre otros usos, a equipamiento y política de seguridad.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, también rechazó que el problema pueda resolverse únicamente mediante declaraciones políticas y sostuvo que se necesitan coordinación y recursos. Kicillof, por su parte, viene defendiendo la incorporación de equipamiento, investigación criminal y tecnología, además de asegurar que durante su gestión se sumaron cerca de 10.000 patrulleros.

La discusión alcanza incluso a los municipios. Intendentes oficialistas y opositores vienen reclamando una participación más directa en prevención y patrullaje, aunque advierten sobre el costo de asumir nuevas funciones. Ese debate llevó al Ejecutivo provincial a trabajar sobre una reforma de la Ley de Seguridad Pública para ordenar el papel de las comunas, los centros de monitoreo y las patrullas locales.

El nuevo pedido de LLA agrega ahora otra pieza: que la Provincia recurra formalmente al apoyo operativo federal en los puntos considerados más críticos. La discusión que sigue abierta es cómo combinar ese eventual despliegue con la Policía Bonaerense, los recursos disponibles y una estadística que muestra, al mismo tiempo, mejoras generales y fuertes diferencias entre territorios.