Salud mental, infraestructura y seguridad: el informe de la oposición que abre interrogantes sobre las escuelas de PBA
La educación volvió a ubicarse en el centro de la agenda política bonaerense. Desde el PRO, el senador provincial y exintendente de Junín, Pablo Petrecca, impulsó un proyecto de ley para incorporar de manera obligatoria profesionales de la psicología a todos los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. En paralelo, el espacio difundió un relevamiento que advierte sobre graves problemas edilicios en cientos de establecimientos educativos.
Aunque abordan problemáticas diferentes, ambas iniciativas confluyen en un mismo diagnóstico: el sistema educativo bonaerense enfrenta desafíos que exceden el aprendizaje y requieren respuestas tanto en materia de infraestructura como de contención para estudiantes y docentes.
La iniciativa presentada por Petrecca busca modificar la Ley Provincial de Educación para establecer que todos los Equipos de Orientación Escolar cuenten obligatoriamente con profesionales de la psicología, con el objetivo de fortalecer el carácter interdisciplinario previsto por la normativa vigente.
En los fundamentos del proyecto, el senador sostuvo que el incremento de situaciones vinculadas con la violencia escolar, la ansiedad, la depresión, las autolesiones, los trastornos de la conducta alimentaria, los consumos problemáticos y la creciente exposición de niños y adolescentes a las apuestas online exige una respuesta institucional más robusta.
"El presente proyecto de ley tiene como objetivo prioritario fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional de las comunidades educativas en la provincia de Buenos Aires", argumentó el legislador.
Según la propuesta, en las escuelas de gestión estatal el ingreso y ascenso de estos profesionales deberá realizarse mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, de acuerdo con el Estatuto Docente. Además, los aspirantes deberán contar con título habilitante de licenciado en Psicología o profesional de la salud mental, formación docente y matrícula vigente.
Un rol preventivo y articulado con el sistema de salud
El proyecto también delimita las funciones que desempeñarían los psicólogos dentro de los establecimientos educativos. Entre ellas, prevé la detección temprana de problemáticas socioemocionales, el acompañamiento ante situaciones de crisis, el asesoramiento a equipos directivos y docentes, la coordinación con centros de salud mental cuando resulte necesario y la realización de talleres vinculados con Educación Sexual Integral (ESI), prevención de adicciones y consumos problemáticos.
La iniciativa aclara, además, que estos profesionales no desarrollarán tratamientos psicoterapéuticos individuales dentro de las escuelas. Su intervención estará orientada a la prevención, el diagnóstico institucional y el acompañamiento de la comunidad educativa.
Para Petrecca, la presencia estable de psicólogos permitiría actuar antes de que los conflictos escalen y brindar herramientas a docentes que hoy deben afrontar situaciones cada vez más complejas.
"La escuela, además de ser el espacio central de aprendizaje pedagógico, funciona como la principal red de contención social y comunitaria para miles de estudiantes", señaló en los fundamentos del proyecto. Y agregó: "Es fundamental aclarar que este proyecto no busca transformar a la escuela en un consultorio clínico, sino que el rol propuesto es netamente preventivo e institucional".
Un relevamiento que encendió otra alarma
Mientras el proyecto legislativo pone el foco en el acompañamiento emocional y la convivencia escolar, el PRO bonaerense presentó un informe sobre las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.
El trabajo fue elaborado mediante Radar PBA, una plataforma colaborativa desarrollada por el partido para relevar el estado de las escuelas de los 135 municipios bonaerenses a partir de información aportada por docentes, familias, consejeros escolares y vecinos.
De acuerdo con los datos difundidos por el espacio, ya fueron relevadas más de 1.200 escuelas, de las cuales 677 presentan al menos una falla crítica vinculada con la seguridad del edificio.
Entre las situaciones detectadas aparecen salidas de emergencia bloqueadas, techos deteriorados, riesgos eléctricos provocados por instalaciones deficientes o humedad y establecimientos que aún poseen estufas a gas instaladas dentro de las aulas sin salida reglamentaria al exterior.
El informe también identificó 81 escuelas con cuatro o más fallas críticas simultáneas y otras 43 donde coexistirían pérdidas de gas y salidas de emergencia obstruidas, una combinación que el PRO calificó como especialmente preocupante.
La difusión del relevamiento coincidió con una decisión del Consejo Escolar de La Matanza que despertó cuestionamientos de la oposición.
El organismo, presidido por Alejandro Fabio Sosa, comunicó a los equipos directivos que cualquier solicitud de información o documentación relacionada con establecimientos educativos deberá canalizarse exclusivamente por las vías institucionales correspondientes y recomendó no entregar datos a personas que no acrediten autorización formal.
Desde el PRO interpretaron la medida como una respuesta al crecimiento de Radar PBA y sostuvieron que dificulta los relevamientos independientes impulsados por la comunidad educativa.
Uno de los dirigentes que cuestionó públicamente la decisión fue el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini, quien aseguró que "la educación bonaerense necesita más transparencia y más control ciudadano, no más burocracia ni menos información".
El legislador consideró que, si existen problemas edilicios en las escuelas, el esfuerzo del Estado debería concentrarse en resolverlos y no en restringir el acceso a la información sobre las condiciones en las que funcionan los establecimientos.
Dos iniciativas, un mismo eje de discusión
Aunque una apunta a fortalecer los Equipos de Orientación Escolar y la otra a relevar el estado de los edificios, ambas acciones forman parte de la estrategia del PRO bonaerense para instalar la situación del sistema educativo provincial en el debate público.
Por un lado, el proyecto de Petrecca plantea ampliar las herramientas institucionales para abordar las problemáticas que atraviesan niños y adolescentes dentro de las aulas. Por el otro, el informe de Radar PBA pone el foco en las condiciones materiales en las que se desarrolla la actividad escolar.
Con ambos planteos, la oposición busca profundizar el debate sobre las prioridades de la política educativa en la provincia de Buenos Aires y reclamar respuestas frente a desafíos que, sostiene, impactan diariamente en la comunidad educativa.