La Corte Suprema deberá resolver si sigue vigente el DNU migratorio de Milei
La Corte Suprema deberá resolver un nuevo expediente sensible para el Gobierno nacional: la validez del DNU 366/2025, que modificó reglas vinculadas a la política migratoria y trasladó a la Dirección Nacional de Migraciones facultades sobre el otorgamiento de la ciudadanía argentina por naturalización.
El caso llegó al máximo tribunal luego de que la Cámara Nacional Electoral declarara nulo el decreto en el tramo referido a la competencia de Migraciones para intervenir en esos trámites. Para los jueces electorales, el Poder Ejecutivo avanzó sobre una atribución que corresponde al Poder Judicial.
Qué resolvió la Cámara Nacional Electoral
La Cámara Nacional Electoral anuló el DNU al considerar que el Gobierno incurrió en un exceso de atribuciones al quitarles a los jueces federales la competencia para otorgar la ciudadanía argentina por naturalización y trasladarla a la Dirección Nacional de Migraciones.
El fallo marcó un límite institucional al decreto firmado por Javier Milei y abrió una discusión de fondo sobre el alcance de los DNU en materias que involucran derechos, ciudadanía y competencias judiciales.
Ahora, el Gobierno busca que la Corte Suprema revise esa decisión y suspenda los efectos de la sentencia que dejó sin validez esa parte del decreto.
Un decreto con impacto en migrantes
El DNU 366/2025 forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por el Ejecutivo. Entre otros puntos, endureció condiciones vinculadas al acceso a la ciudadanía argentina y modificó aspectos del régimen aplicable a personas extranjeras.
La discusión judicial se concentra en si el Poder Ejecutivo podía avanzar por decreto sobre una materia que, según la Cámara Nacional Electoral, pertenece al ámbito judicial.
La definición de la Corte será clave porque puede ratificar el freno impuesto por la Cámara o habilitar al Gobierno a sostener los cambios incluidos en el DNU.
Un nuevo frente judicial para el Gobierno
El expediente se suma a otros debates abiertos entre el Poder Ejecutivo y la Justicia por el uso de decretos para modificar áreas sensibles de la administración pública y del régimen legal vigente.
En este caso, la decisión de la Corte no solo tendrá impacto sobre la política migratoria, sino también sobre los límites constitucionales para el dictado de decretos de necesidad y urgencia en temas vinculados a derechos y competencias de otros poderes del Estado.