Cristina Kirchner internacionaliza la causa Vialidad y denuncia al Estado ante la ONU
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner llevará la condena dictada en la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mediante una presentación que denunciará al Estado argentino por presuntas violaciones a las garantías del debido proceso.
Los fundamentos de la estrategia serán anunciados este miércoles 29 de julio, a las 11, durante una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño. Allí participarán los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes integran el equipo encargado de impulsar el reclamo internacional.
La presentación adoptará la figura de una Comunicación Individual, mecanismo por el cual una persona puede denunciar ante el Comité posibles vulneraciones a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El planteo se produce después de que se agotaran las principales instancias judiciales dentro del país y a poco más de un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra la expresidenta.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Qué cuestionará la defensa ante Naciones Unidas
Aunque el contenido completo de la presentación será difundido durante la conferencia de prensa, el eje central estará colocado en las presuntas irregularidades que, según la defensa, afectaron las garantías judiciales de Cristina Kirchner durante la investigación, el juicio oral y las instancias posteriores.
El equipo jurídico sostiene que el proceso vulneró el derecho a contar con un tribunal independiente e imparcial y que existieron situaciones incompatibles con las garantías del debido proceso.
Entre los cuestionamientos realizados durante el expediente se encuentran la actuación de jueces y fiscales, la incorporación de elementos durante el juicio y el tratamiento de hechos que, según la defensa, ya habían sido examinados previamente por la Justicia de Santa Cruz.
La presentación también podría incluir objeciones relacionadas con las condiciones impuestas durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria, entre ellas el uso de la tobillera electrónica y las restricciones aplicadas al régimen de visitas.
La denuncia no supone que el Comité de la ONU revisará nuevamente las pruebas de la causa como si fuera una instancia de apelación judicial. El organismo deberá determinar si el Estado argentino respetó los derechos y las garantías protegidos por los tratados internacionales.
Cómo será el procedimiento ante el Comité de la ONU
Una vez presentada la Comunicación Individual, el Comité realizará una evaluación inicial para determinar si cumple con los requisitos necesarios para ser registrada y declarada admisible.
Entre las condiciones se encuentra el agotamiento de los recursos judiciales disponibles dentro del país y que el mismo planteo no esté siendo analizado simultáneamente por otro mecanismo internacional.
Si la presentación supera la primera etapa, el Estado argentino será notificado y podrá presentar sus observaciones, documentación y argumentos sobre las acusaciones formuladas por la defensa.
Posteriormente, los especialistas del Comité analizarán las posiciones de ambas partes y podrán emitir un dictamen sobre la existencia o no de vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El procedimiento puede extenderse durante varios años. El Comité no funciona como un tribunal argentino ni tiene facultades directas para anular por sí mismo una sentencia nacional, pero sus conclusiones pueden establecer responsabilidades internacionales y recomendar medidas de reparación al Estado.
Un equipo internacional con abogados de Brasil y España
La defensa local estará encabezada por Alberto Beraldi, quien conoce el expediente y participó de las distintas instancias judiciales de la causa Vialidad.
También intervendrá Rafael Valim, abogado brasileño especializado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. El jurista es reconocido por su trabajo sobre el denominado lawfare y por su participación en estrategias jurídicas vinculadas con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El antecedente de Lula forma parte de la estrategia analizada por el kirchnerismo. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso judicial desarrollado contra el dirigente brasileño había vulnerado garantías vinculadas con la imparcialidad, la presunción de inocencia y sus derechos políticos.
El tercer integrante será Javier Borrego, abogado español que se desempeñó como magistrado del Tribunal Supremo de España y juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su incorporación busca fortalecer el perfil internacional del planteo.
La ofensiva jurídica se desarrollará en paralelo con las actividades del comité internacional “Cristina Libre”, integrado por dirigentes y especialistas que buscan difundir fuera del país los cuestionamientos contra la condena.
La presentación ante la ONU abrirá así una nueva etapa de la causa Vialidad. Tras la confirmación de la sentencia en Argentina, la defensa buscará que un organismo internacional determine si durante el proceso se respetaron las garantías fundamentales de la expresidenta.