Causa $LIBRA: una fiscalía apeló el sobreseimiento de los hermanos Milei y pidió reabrir la investigación
La causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo discusión el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) se presentó en el expediente, solicitó reabrir la investigación y dejó planteada una apelación para que la Justicia revise la decisión de cerrar el caso.
El organismo especializado en investigar posibles delitos vinculados con funcionarios públicos, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que la pesquisa todavía no está agotada y que existen elementos relevantes que deben profundizarse antes de dar por concluido el proceso.
La presentación cuestiona la resolución adoptada el pasado 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Este último había sostenido que los hechos denunciados no constituían delitos y que las pruebas reunidas no permitían acreditar una maniobra de estafa.
La intervención de la PIA introduce una diferencia dentro del propio Ministerio Público Fiscal sobre la continuidad del expediente. Mientras Taiano impulsó su cierre, la procuraduría especializada considera necesario avanzar con nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.
Las pruebas que la fiscalía considera pendientes
Uno de los aspectos centrales del planteo de la PIA está relacionado con las pruebas que, según su evaluación, todavía no fueron suficientemente examinadas. Entre las medidas señaladas aparecen la trazabilidad de los fondos vinculados con $LIBRA, el análisis de comunicaciones entre los involucrados, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero registrados durante la operatoria.
La procuraduría también cuestionó que determinados indicios hayan sido evaluados de manera aislada, sin considerar si su análisis conjunto permite reconstruir posibles conductas delictivas.
En ese marco, sostuvo que las dificultades para obtener información técnica o las respuestas incompletas a determinados requerimientos no deberían convertirse en motivos para clausurar una investigación, sino impulsar nuevas diligencias.
Otro de los puntos que pretende profundizar es la eventual existencia de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, una de las hipótesis examinadas durante la instrucción.
El sobreseimiento de Milei y los argumentos del juez
El expediente se originó después de que Javier Milei promocionara $LIBRA desde su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, al difundir una iniciativa presentada como un mecanismo para financiar emprendimientos privados argentinos.
Tras esa publicación, el precio del activo digital registró una fuerte suba y luego se desplomó, lo que motivó denuncias de personas que afirmaron haber sufrido pérdidas económicas. La investigación buscó determinar si existió una maniobra engañosa para captar compradores y si funcionarios públicos habían participado de alguna conducta penalmente relevante.
Además del Presidente y de Karina Milei, entre los investigados estuvieron Mauricio Novelli, Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Sin embargo, el fiscal Taiano concluyó que las pruebas reunidas no permitían demostrar los elementos necesarios para configurar una estafa.
En su resolución, Martínez de Giorgi consideró que la publicación presidencial y la posterior caída de la cotización no alcanzaban para acreditar el delito. Respecto de Milei, sostuvo que no se había probado que su intervención constituyera un acto oficial del Gobierno ni que hubiera utilizado facultades estatales para beneficiar el lanzamiento.
Sobre Karina Milei, examinó comunicaciones y referencias a reuniones vinculadas con los promotores del proyecto, pero concluyó que esos elementos no demostraban un acuerdo ilícito. Ninguna de las once personas sobreseídas había sido convocada a prestar declaración indagatoria antes de la decisión judicial del 23 de octubre. Ahora, la procuraduría especializada cuestiona que esa evaluación haya sido suficiente para cerrar definitivamente el caso.
La intervención de dos organizaciones y los cuestionamientos a Taiano
La incorporación de la PIA se produjo después de un planteo realizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Ambas organizaciones, que intervienen en el expediente como amicus curiae, habían solicitado que el organismo especializado asumiera un papel activo en la investigación. A su entender, el sobreseimiento resultaba prematuro porque todavía existían diligencias pendientes y aspectos relevantes sin esclarecer.
Desde CIPCE calificaron la intervención de la procuraduría como un “paso fundamental” y advirtieron que está en discusión la posibilidad de esclarecer hechos relacionados con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Las entidades también formularon cuestionamientos al desempeño del fiscal Taiano, especialmente por los tiempos de análisis de las pruebas y las decisiones adoptadas respecto de medidas solicitadas durante la investigación.
Otro de los planteos apuntó a los derechos de las personas que denunciaron haber sufrido perjuicios económicos. Las organizaciones cuestionaron que el cierre se hubiera dispuesto sin garantizar, según su interpretación, una instancia suficiente para que los damnificados solicitaran la revisión del criterio fiscal.
La PIA había iniciado actuaciones propias sobre el episodio poco después del lanzamiento del token, pero no había tenido intervención en la investigación penal conducida por Taiano durante aproximadamente un año y medio.
Los damnificados también apelaron y buscan revertir el fallo
El planteo de la procuraduría se suma a los recursos que ya habían presentado distintos inversores que denunciaron pérdidas económicas tras el derrumbe de la criptomoneda. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de Juan Grabois y Nicolás Rechanik, presentó una apelación de 40 páginas contra la resolución del juez Martínez de Giorgi.
En ese escrito cuestionó la evaluación de las pruebas y sostuvo que todavía existían medidas relevantes pendientes. También recurrieron la decisión Martín Romeo y dos inversores de Bielorrusia representados por el abogado Nicolás Oszust.
Entre los planteos de los damnificados aparece el cuestionamiento a su exclusión como querellantes y al procedimiento que derivó en los sobreseimientos. Uno de los principales argumentos es que la falta de elementos suficientes para sostener una acusación en determinada etapa no equivale necesariamente a demostrar que los hechos denunciados no constituyeron un delito.
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente pronunciarse sobre el apartamiento de los denunciantes de su condición de querellantes.