Caso $LIBRA: pruebas en disputa y denuncias de impunidad tras el sobreseimiento de los Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el viernes 23 de octubre el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otras nueve personas investigadas por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La resolución, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, se dictó sin que ninguno de los acusados fuera convocado a declaración indagatoria y después de que los inversores damnificados quedaran apartados como querellantes. El fallo provocó una fuerte reacción opositora, con denuncias de encubrimiento e impunidad contra Comodoro Py.

La investigación comenzó tras el lanzamiento del token, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió desde su cuenta de X el proyecto Viva la Libertad, presentado como una iniciativa privada para financiar emprendimientos argentinos. La cotización se disparó y luego se desplomó en pocas horas, con pérdidas millonarias para numerosos compradores y denuncias por una presunta maniobra fraudulenta.

La decisión también alcanzó al empresario Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales y el estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores del criptoactivo. Completan los sobreseimientos Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Cómo justificaron el sobreseimiento

En una resolución de 60 páginas, Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal. Para descartar la estafa, sostuvo que no se acreditó un engaño concreto que hubiera determinado la compra del token y remarcó la volatilidad de las denominadas memecoins. Bajo ese criterio, las pérdidas económicas no resultan suficientes para demostrar un delito.

Salud mental: Milei destrabó la reforma en el Senado y se abre una nueva disputa por las internaciones y los recursos

El magistrado también descartó responsabilidades penales del Presidente por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Para hacerlo, tomó en cuenta un dictamen de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo, que consideró que la promoción de $LIBRA desde una cuenta personal no constituyó un acto institucional ni implicó utilización de recursos estatales.

Respecto de Karina Milei, el fallo señaló que no se acreditaron pagos para facilitar reuniones con el Presidente. Tampoco consideró suficientes las autorizaciones de ingreso de empresarios a dependencias oficiales ni la documentación comercial recuperada durante la investigación para demostrar una intermediación ilícita.

Las pruebas discutidas y las preguntas sin respuesta

Uno de los puntos más controvertidos es el análisis del teléfono de Novelli y las comunicaciones entre Milei y el empresario en las horas del lanzamiento. Los peritajes identificaron llamadas anteriores y posteriores al mensaje presidencial publicado a las 19.01 del 14 de febrero de 2025. Sin embargo, la investigación no pudo determinar el contenido de esas conversaciones.

El material también incluyó un borrador que mencionaba un acuerdo por 5 millones de dólares relacionado con el proyecto. Martínez de Giorgi consideró que la documentación carecía de firmas y que no se había demostrado que la propuesta fuera transmitida, aceptada o ejecutada. Los informes técnicos acreditaron interacciones con contenido almacenado en el dispositivo, pero no permitieron establecer la existencia de un acuerdo definitivo.

Tampoco se completó toda la trazabilidad del dinero. Los investigadores identificaron billeteras y movimientos vinculados con el token, aunque algunas verificaciones quedaron pendientes por limitaciones técnicas y respuestas parciales a los pedidos de información. El expediente también registró movimientos en cajas de seguridad relacionadas con la familia Novelli, que estaban vacías cuando fueron allanadas.

Otro aspecto polémico fue el tratamiento de la prueba digital. El juez cuestionó su valor probatorio por problemas vinculados con la cadena de custodia, después de la filtración de documentación reservada. Ese argumento fue rechazado por legisladores opositores, que sostienen que el material había permanecido durante meses bajo control de la fiscalía antes de difundirse públicamente.

Querellantes afuera y una definición pendiente

El sobreseimiento llegó después de otro movimiento judicial decisivo: los inversores quedaron apartados como querellantes a partir de un planteo de la defensa de Novelli. La Cámara Federal confirmó esa exclusión y posteriormente rechazó recursos destinados a llevar la controversia a una instancia superior.

La consecuencia procesal adquirió mayor importancia cuando el propio fiscal solicitó cerrar la investigación. Sin acusadores particulares habilitados para impugnar el fallo, la principal posibilidad de revisión depende de la Cámara Federal de Casación Penal, donde tramitan recursos de queja de los damnificados que buscan recuperar su participación en el expediente.

La controversia también alcanzó al magistrado. Dirigentes opositores recordaron la designación de Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi, como jueza federal en Hurlingham, formalizada en julio mediante un decreto del Gobierno nacional. El nombramiento volvió a alimentar cuestionamientos políticos sobre la independencia judicial tras conocerse el sobreseimiento.

Denuncias de impunidad y celebración oficialista

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica y expresidente de la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados, denunció una “operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad”. Cuestionó la falta de indagatorias, el tratamiento de las pruebas y las reuniones de los promotores del criptoactivo en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, así como las transacciones realizadas alrededor del lanzamiento.

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva calificó el fallo como un “papelón jurídico” y rechazó las objeciones a la cadena de custodia. Afirmó que el peritaje estuvo en poder de la fiscalía cuatro meses antes de la filtración. También Mónica Frade, de la Coalición Cívica, cuestionó el pedido de sobreseimiento de Taiano y denunció el desplazamiento de las querellas.

El diputado Juan Grabois habló de una nueva demostración de la impunidad del poder y apuntó contra el funcionamiento de Comodoro Py. Por su parte, La Cámpora vinculó la resolución con el cierre de la causa por el préstamo del FMI contra exfuncionarios macristas y el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, en una crítica más amplia al Poder Judicial.

Desde el sindicalismo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “magia libertaria” y cuestionó que se descartaran responsabilidades penales en una operatoria que, según denunció, involucró alrededor de 100 millones de dólares. También puso el foco en las medidas investigativas que considera pendientes y en la exclusión de los damnificados.

La reacción del Gobierno fue opuesta. Milei celebró la resolución y volvió a atacar a la prensa, a la que llamó “mercenarios de la mentira”, mientras denunció una operación política y mediática destinada a perjudicarlo. Karina Milei habló de casi dos años de injurias, y el asesor presidencial Santiago Caputo sostuvo que la causa se había construido para dañar al mandatario.

El fallo representa un triunfo judicial y político para la Casa Rosada, pero todavía queda pendiente la resolución de los planteos de los inversores ante Casación. Si recuperan su condición de querellantes, podrían intentar impugnar los sobreseimientos. Esa definición determinará si la investigación permanece cerrada o vuelve a abrirse una instancia de discusión sobre el caso $LIBRA.