Caso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de Milei y denuncian pruebas ignoradas, contradicciones y maniobras para cerrar la causa

El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner en discusión el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda. Uno de los inversores afectados presentó una apelación para revocar la resolución que cerró la investigación penal y formuló duros cuestionamientos contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, a quienes atribuyó irregularidades en el análisis de las pruebas y en la conducción del expediente.

La apelación fue impulsada por Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, apenas un día hábil después del fallo dictado el viernes 23 de octubre. Según consignó La Nación, el damnificado elevó un escrito de 40 páginas en el que cuestionó duramente el proceder del magistrado, denunció una “valoración fragmentaria” de las pruebas y sostuvo que la resolución incurrió en contradicciones y utilizó una “fundamentación aparente” para justificar el cierre definitivo del proceso.

El recurso cuestiona especialmente que la investigación haya concluido sin que ninguno de los once imputados fuera convocado a declaración indagatoria, pese a la existencia de pericias pendientes, comunicaciones telefónicas entre Milei y uno de los organizadores del proyecto y movimientos millonarios de criptomonedas registrados segundos antes de la publicación presidencial que promocionó el activo.

La apelación también introduce un conflicto procesal: Marchetto fue apartado como querellante y todavía espera una definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre su derecho a participar en la causa. Esa situación podría resultar determinante para establecer si su presentación será admitida y si una instancia judicial superior podrá revisar los sobreseimientos.

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Acusan al juez de cerrar la investigación sin agotar las pruebas

Uno de los principales argumentos de la presentación apunta contra los fundamentos utilizados por Martínez de Giorgi para sobreseer a los once investigados. El magistrado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. Para descartar la presunta estafa, sostuvo que no se había demostrado un engaño concreto que determinara las inversiones y señaló que las pérdidas económicas derivadas de un activo altamente volátil no constituyen, por sí mismas, una conducta delictiva.

Sin embargo, Marchetto cuestionó que el juez confundiera la insuficiencia de elementos probatorios con la inexistencia de delito. Según el planteo del inversor, si la investigación todavía no permitía acreditar una hipótesis delictiva, correspondía analizar la necesidad de nuevas diligencias antes de concluir que los hechos carecían de relevancia penal.

El recurso también sostiene que el magistrado evaluó de manera aislada distintos elementos del expediente, sin reconstruir una secuencia integral de acontecimientos que permitiera determinar si existió coordinación entre los organizadores de $LIBRA, las operaciones financieras previas y la intervención del Presidente.

La crítica alcanza asimismo al fiscal Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos. Marchetto le reprochó demoras en la producción de pruebas, falta de citación de testigos y la decisión de promover el cierre del caso cuando todavía existían medidas de investigación en curso.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa”, sostuvo el damnificado en su presentación.

Cuatro llamadas con Milei y operaciones por USD 13,5 millones antes del lanzamiento

Entre los elementos que el inversor considera insuficientemente investigados aparecen las comunicaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli, uno de los empresarios vinculados con la organización y promoción del proyecto.

El lanzamiento de $LIBRA ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario difundió desde su cuenta de X un mensaje que presentaba el criptoactivo como una iniciativa destinada a financiar emprendimientos argentinos.

La publicación incluyó el código alfanumérico necesario para identificar el token y adquirirlo. Su cotización aumentó rápidamente y después sufrió un desplome que provocó pérdidas millonarias entre numerosos compradores.

Según los registros telefónicos citados por Marchetto, Novelli realizó tres llamadas al Presidente durante los minutos anteriores a la publicación. Las comunicaciones salientes se registraron a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, mientras que Milei realizó otra llamada al empresario a las 18:56:22.

El mensaje presidencial fue publicado a las 19:01:22. La apelación también incorpora movimientos financieros registrados inmediatamente antes de esa publicación. De acuerdo con la reconstrucción de operaciones mencionada en el escrito, 74 billeteras virtuales realizaron 87 transacciones por aproximadamente USD 13,5 millones apenas segundos antes de que el mandatario difundiera el token.

Para el recurrente, la coincidencia temporal entre las comunicaciones, las operaciones y el mensaje presidencial constituye un conjunto de indicios que debería ser examinado de manera integral. El planteo busca determinar si existió algún tipo de coordinación previa entre los responsables del lanzamiento, quienes realizaron movimientos anticipados y la intervención pública del Presidente.

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El fiscal Taiano, cuestionado por testigos que nunca declararon

Otro de los capítulos centrales de la apelación está relacionado con las medidas probatorias que quedaron pendientes cuando el fiscal solicitó el cierre de la investigación. Marchetto sostuvo que Taiano omitió convocar a personas que podían aportar información relevante sobre la organización del proyecto, sus relaciones comerciales y los movimientos de fondos.

Entre los testigos mencionados aparecen Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo y Leandro Aranda, además de Yanina Nicoletti, quien fue la primera abogada del empresario estadounidense Hayden Davis en Argentina.

El inversor también reclamó completar las pericias telefónicas encargadas a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco.

Ambos fueron vinculados durante la investigación con operaciones financieras relacionadas con fondos provenientes de Davis, uno de los principales impulsores del criptoactivo. La presentación cuestiona que se haya solicitado el sobreseimiento mientras todavía se encontraban pendientes medidas dispuestas por la propia Fiscalía.

El recurso también apunta contra la falta de una reconstrucción completa del recorrido del dinero. Según el damnificado, resulta necesario determinar quiénes recibieron los fondos provenientes de las operaciones, qué información tenían al momento de intervenir y qué vínculos mantenían con los organizadores.

La polémica por los peritajes y la documentación filtrada

La valoración de las pruebas digitales representa otro punto de conflicto entre los fundamentos del sobreseimiento y los cuestionamientos formulados por el inversor. Durante la investigación, la DATIP elaboró informes sobre dispositivos electrónicos secuestrados a personas vinculadas con el lanzamiento de $LIBRA.

Parte de esa documentación quedó involucrada en una controversia por el acceso y la difusión de material reservado, situación que dio lugar a una investigación administrativa. En su resolución, Martínez de Giorgi consideró que las irregularidades vinculadas con el tratamiento de esa información afectaban la valoración probatoria del material.

Marchetto rechazó ese argumento y sostuvo que no se había acreditado que los documentos hubieran sido manipulados ni que la empleada investigada hubiera entregado información a terceros. Además, señaló que la Fiscalía había recibido un informe preliminar de la DATIP en noviembre de 2025, antes de que se difundieran públicamente los documentos cuestionados.

El planteo pone en discusión por qué esa información no fue incorporada o comunicada oportunamente a las partes y qué consecuencias concretas tuvieron las irregularidades administrativas sobre la confiabilidad de los peritajes.

La cuestión ya había generado cuestionamientos políticos tras conocerse el sobreseimiento. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la resolución del 23 de octubre abrió una controversia sobre el tratamiento de las pruebas digitales, las comunicaciones con Novelli y un borrador de acuerdo que mencionaba USD 5 millones vinculados con el proyecto.

El juez consideró que ese documento carecía de firmas y que no existían elementos suficientes para demostrar que hubiera sido aceptado o ejecutado. En la misma investigación tampoco se había completado toda la trazabilidad de los movimientos de dinero, otro de los aspectos que ahora vuelven a formar parte de los cuestionamientos al cierre del expediente.