Caminos rurales: el campo disputa con los municipios quién administra la red vial
Los caminos rurales bonaerenses entraron en una nueva etapa de conflicto. Productores de 9 de Julio propusieron administrar fondos viales, ruralistas de Colón intimaron al municipio antes de acudir a la Justicia y vecinos de Chivilcoy financiaron reparaciones por su cuenta. El eje es la discusión por una tasa que se paga, una contraprestación cuestionada y el límite de las soluciones particulares sobre una red pública.
El flamante presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, aseguró que los reclamos aumentaron durante el último año y medio porque “el servicio que están dando los municipios es cada vez peor”. La advertencia no se limita a sacar la producción: alcanza el acceso de alumnos y docentes a escuelas rurales y la circulación de ambulancias, patrulleros y bomberos.
Pagar la tasa y volver a poner plata
La Sociedad Rural de 9 de Julio presentó ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Vial Rural. La propuesta reservaría para ese organismo el 85% de lo recaudado por tasa vial y el 100% de los fondos provinciales con destino específico, además de incorporar un gerente técnico elegido por concurso.
Hugo Enriquez, integrante de la entidad, explicó que el texto demandó cinco meses de trabajo y tomó experiencias de Benito Juárez y Trenque Lauquen. El objetivo es que la administración de los caminos sobreviva a los cambios de gobierno.
En Chivilcoy, productores aseguran que algunos tramos quedan intransitables después de lluvias de apenas 12 milímetros. Fredy Simone, presidente de FACMA, costeó trabajos sobre la avenida de la Tradición, mientras un vecino reparó tres kilómetros en Emilio Ayarza. La comuna sostiene que las cuadrillas trabajan de manera continua, informa un cumplimiento tributario del 80% y ofrece un descuento del 35% a quienes están al día. El sector rural reclama, además, controles sobre campos sin alcantarillas que derivarían agua hacia las trazas públicas.
El planteo más avanzado llegó en Colón. Después de una asamblea con más de 70 asistentes, José Manfredini, vicepresidente de la Sociedad Rural local, y Pablo Francescangeli, representante de productores independientes, presentaron una carta firmada en nombre de alrededor de cien productores. Le dieron 20 días al intendente Waldemar Giordano y al Concejo Deliberante para responder.
El escrito solicita fijar la tasa en $10.000 por hectárea al año mientras el servicio siga siendo deficiente, eliminar alícuotas progresivas y evaluar un consorcio o la tercerización. Si no obtienen un plan concreto, anunciaron amparos, cautelares e impugnaciones de constitucionalidad.
Consorcios o tribunales
Ginestet sostuvo que no existe una receta uniforme. En algunos distritos se estudian consorcios que reciban los aportes y ejecuten las obras; en otros, productores pagan arreglos y luego intentan descontarlos de la tasa. Tapalqué, Daireaux y Azul ya registraron presentaciones judiciales por la presunta falta de contraprestación.
El mismo cuadro aparece en testimonios recogidos por GRUPOLAPROVINCIA.COM. En Guaminí, la concejal de La Libertad Avanza Daniela Morán Schell cuestionó la gestión del intendente José Augusto Nobre Ferreira y afirmó que productores compran herramientas y reparan caminos porque no pueden circular. Vinculó esos reclamos con la falta de información sobre los recursos municipales: el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública otorgó al distrito 0 puntos en su índice de transparencia fiscal.
El diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, también productor agropecuario, calificó como “desastroso” el estado de la red y sostuvo que los fondos abonados mediante tasas y movilidad rural no regresan en servicios. Además, reclamó dragar canales y arroyos ante los pronósticos de un período con exceso hídrico.
Dinero privado, control profesional
El presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge Castellano, respaldó la búsqueda de financiamiento privado ante la escasez de recursos públicos, pero rechazó que el “voluntarismo” sustituya la planificación. Una intervención incorrecta, explicó, puede modificar escurrimientos, agravar anegamientos y perjudicar campos vecinos.
La Ordenanza General 165/73 permite contratos directos entre vecinos y constructoras bajo aprobación municipal, pero exige proyectos, planos, presupuestos, estudios de suelo, desagües y responsabilidades definidas. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco sostuvo que toda inversión debe pasar por la revisión de un profesional idóneo.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, impulsa planes directores sobre una red superior a 120.000 kilómetros, cerca del 90% de tierra, mientras la diputada de UCR-Cambio Federal Silvina Vaccarezza propone un índice de transitabilidad con información semestral. Para Castellano, el punto de partida no admite atajos: “Si se piensa que hacer un camino es contratar 200 horas de motoniveladora y llevarle combustible y comida al maquinista, eso no es hacer un camino”.