Paro docente: el recorte de fondos y las inspecciones de Nación agravan la disputa con la Provincia
El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto convirtió el regreso a clases después de las vacaciones de invierno en una doble disputa. Por un lado, numerosas escuelas públicas bonaerenses quedaron sin actividad por la adhesión sindical. Por otro, el intento del Gobierno nacional de fiscalizar el cumplimiento de una prestación mínima abrió un choque con la administración de Axel Kicillof por el alcance de las competencias federales.
La jornada fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayores partidas para educación.
En Buenos Aires adhirieron SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. También se plegaron trabajadores estatales de ATE y sectores universitarios de CONADU y CONADU Histórica; en la Universidad Nacional de La Plata se suspendieron clases y actividades académicas.
La Provincia rechazó el operativo nacional
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, había anunciado inspecciones para verificar que las escuelas garantizaran el 75% de la prestación habitual. La exigencia surge del artículo 101 de la Ley 27.802, que reemplazó el artículo 24 de la Ley 25.877 e incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial entre los servicios esenciales.
El anuncio encontró una respuesta inmediata en La Plata. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, envió una nota al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, para exigirle que se abstuviera de fiscalizar establecimientos provinciales. La cartera sostuvo que los docentes son empleados públicos bonaerenses, excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo, y que la educación pertenece a las facultades no delegadas por las provincias.
La Dirección General de Cultura y Educación trasladó esa posición a inspectores y equipos directivos. Ante pedidos de información de funcionarios nacionales, ordenó “no realizar ningún tipo de declaración ni suministrar información a agentes de extraña jurisdicción”. Para la Provincia, esos requerimientos configurarían un “avance ilegítimo sobre la autonomía local” y una intervención administrativa sin respaldo en el artículo 6 de la Constitución.
La aplicación de la reforma laboral, además, está judicializada. Los gremios sostienen que una medida cautelar suspendió la cláusula de esencialidad para el sector educativo, mientras el Ejecutivo nacional afirma que su apelación mantiene vigente la norma. Nación advirtió sobre posibles sanciones económicas y las organizaciones sindicales cuestionaron la aplicabilidad del esquema.
Un paro dirigido a la Casa Rosada
El conflicto nacional se desarrolló pocas semanas después de que la gestión de Kicillof acordara con la mayoría de los sindicatos bonaerenses una suba salarial del 7%: 5% en julio y 2% en agosto, ambos tramos calculados sobre los haberes de junio. El entendimiento también incorporó una adenda para prevenir y abordar hechos de violencia contra docentes. La protesta de este lunes apuntó principalmente a la Casa Rosada y al financiamiento retirado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Olga Ortigoza, secretaria general adjunta de SUTEBA La Matanza, informó un alto acatamiento en el distrito y sostuvo que existe “un ajuste brutal en el presupuesto educativo”, con impacto tanto en salarios como en infraestructura. Nathalia González Seligra, secretaria de Organización de la misma seccional, cuestionó las advertencias de Pettovello y afirmó que el salario mínimo nacional docente se encuentra en $500.000.
Desde UDOCBA, su secretario general, Alejandro Salcedo, reclamó la devolución de los fondos que, según definió, fueron “incautados” a la Provincia. Enumeró el FONID, el Fondo de Infraestructura Escolar y otros programas nacionales, además de subsidios al transporte y los servicios públicos. También pidió restablecer la paritaria federal y rechazó el proyecto de Ley de Libertad Educativa por considerar que debilita la organización sindical y la responsabilidad estatal.
El martes no será igual
Según pudo reconstruir este medio, la medida nacional de CTERA fue convocada por 24 horas y rige este lunes. La extensión al martes 4 corresponde a seccionales opositoras de SUTEBA Multicolor, entre ellas La Matanza, Tigre, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de otros distritos donde esa corriente tiene representación. En la Ciudad de Buenos Aires continuará Ademys.
En las escuelas privadas, el impacto dependió de las adhesiones de sus docentes, por lo que no podía afirmarse un cierre general. En La Matanza, la conducción local anunció acciones para este martes en distintos lugares del distrito. Salcedo sintetizó el reclamo que atravesó la jornada: “Si la provincia de Buenos Aires contara con esos fondos, la situación sería distinta”.