Camino del Mar, Chapadmalal y Punta Mogotes: quién administra la costa sur bonaerense
La promulgación de la Ley 15.620 convirtió a 46 kilómetros de la Ruta Provincial 11, entre Miramar y Mar del Plata, en el corredor turístico Camino del Mar. La norma abre una agenda de obras, accesos públicos, preservación ambiental e incentivos a la inversión, pero su puesta en marcha coincide con dos discusiones que atraviesan la misma franja costera: el oficialismo provincial impulsa recuperar de Nación la Unidad Turística Chapadmalal y General Pueyrredón reclama el control de Punta Mogotes.
Los tres asuntos no forman parte de un único expediente. Punta Mogotes, de hecho, no está incluido formalmente en la nueva ley. Sin embargo, los procesos confluyen en una pregunta política y administrativa: qué nivel del Estado definirá el desarrollo de los principales bienes turísticos entre Miramar y el sur de Mar del Plata.
Ruta 11: una ley que exige coordinación
El Camino del Mar abarca el tramo que une General Alvarado con General Pueyrredón y atraviesa sectores como Chapadmalal y El Marquesado. La legislación encomienda al Poder Ejecutivo bonaerense promover miradores, áreas de descanso, iluminación, cartelería interpretativa y nuevos accesos a las playas públicas. También fija pautas de accesibilidad, estacionamiento y protección de playas y acantilados frente al avance del mar.
El texto habilita beneficios económicos, fiscales y financieros para emprendimientos turísticos y ordena elaborar un plan conjunto entre la Provincia, los dos municipios y actores privados. No obstante, al momento de la promulgación todavía no había sido designada la autoridad de aplicación y las comunas fueron invitadas a adherir. Esos pasos definirán el alcance efectivo de una iniciativa que ya tuvo reportes de primeras intervenciones sobre el trazado.
El diputado bonaerense Germán Di Cesare, autor del proyecto, sostuvo que el corredor es “mucho más que un trayecto costero” y lo definió como una política destinada a fortalecer su identidad natural, cultural, turística y productiva. Hernán López, director de Comunicación Social y Relaciones con la Comunidad y ONG de General Alvarado, puso el foco en la integración cotidiana: “No podemos hablar de dos ciudades aisladas, sino de un entramado”.
Chapadmalal y el cruce por el traspaso
La Unidad Turística Chapadmalal aparece dentro de los circuitos históricos, culturales y sociales imaginados para el corredor, aunque su administración continúa bajo jurisdicción nacional. En paralelo, la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta presentó el expediente E-120/26-27 para declarar la voluntad bonaerense de recuperar la titularidad del dominio y la administración del complejo. La acompañaron María Rosa Martínez, Evelyn Díaz, María Inés Laurini, Laura Clark y Malena Galmarini.
La propuesta ingresó el 1 de abril y fue girada a Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Hacienda y Presupuesto e Impuestos. El 16 de julio, la primera comisión no emitió despacho por un pedido de moción de preferencia. Raverta también impulsó un proyecto para que el Ejecutivo disponga medidas de protección y custodia del predio, que permanece en estudio en la Comisión de Seguridad.
Raverta defendió el turismo social y presentó el pase a la órbita provincial como una vía para preservar esa función. El senador del PRO e intendente de General Pueyrredón en uso de licencia, Guillermo Montenegro, respondió que la propuesta expresaría un “centralismo platense” y reclamó mayor participación municipal; para sostener su postura mencionó la Rambla y Punta Mogotes.
La senadora libertaria María Cecilia Martínez, por su parte, afirmó que el deterioro de los hoteles venía de años anteriores y rechazó atribuirlo exclusivamente al gobierno de Javier Milei.
Punta Mogotes, el reclamo en sentido inverso
Mientras el oficialismo impulsa que Nación ceda Chapadmalal a la Provincia, el municipio de General Pueyrredón pretende que el gobierno bonaerense le transfiera Punta Mogotes, un complejo de 24 balnearios administrado por un ente integrado en un 70% por la Provincia y en un 30% por la comuna. El litigio comenzó con un reclamo municipal presentado en agosto de 2024 y ahora transita una instancia de conciliación judicial.
En la audiencia del 4 de agosto, realizada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mar del Plata, a cargo de Simón Isacch, las partes informaron avances parciales, pero no lograron acordar el esquema administrativo ni las condiciones del futuro proceso licitatorio. Participaron Mauro Martinelli por el municipio; la subsecretaria bonaerense de Turismo, Soledad Martínez; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; y el administrador general de Punta Mogotes, Fernando Maraude.
El acta consignó que las partes “no han podido cerrar un acuerdo” y que continuarán negociando. El juzgado mantuvo suspendidos los plazos procesales y fijó la próxima audiencia para el 18 de agosto a las 12.