Universidades vuelven al paro: qué reclaman los gremios y por qué el Gobierno los cuestiona
Las universidades nacionales volverán a quedar atravesadas por una medida de fuerza el próximo miércoles 12 de agosto, cuando gremios docentes y no docentes realicen un paro total de actividades en reclamo del cumplimiento de compromisos salariales y presupuestarios. El Gobierno nacional rechazó la convocatoria y sostuvo que las obligaciones asumidas en la última negociación fueron cumplidas.
La protesta se realizará bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro” y tendrá alcance nacional. Las organizaciones sindicales sostienen que existen tres incumplimientos centrales: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una medida cautelar vinculada con salarios y becas y compromisos presupuestarios para el funcionamiento de las universidades y sus hospitales.
Desde el Gobierno, en cambio, consideran que la medida resulta “prematura e ilegítima” y argumentan que no existe un incumplimiento de la negociación salarial vigente.
El acuerdo salarial que reivindica el Gobierno
Uno de los principales puntos de la discusión es el acta firmada el 10 de junio entre el Poder Ejecutivo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones gremiales del sector.
El acuerdo estableció un incremento total de la masa salarial del 24,33%, dividido en dos etapas: un 21,33% en junio, calculado sobre los básicos vigentes en mayo, y otro 3% en octubre, sobre los valores correspondientes a septiembre.
El Gobierno sostiene que el primer tramo ya fue liquidado y percibido por docentes y no docentes y remarca que el segundo aumento está previsto para octubre. Además, el entendimiento estableció la continuidad de la negociación, con un cuarto intermedio y una fecha límite para nuevas discusiones.
El acta también contempló una actualización del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y recursos adicionales destinados a hospitales universitarios, además de otras partidas para el sistema.
Sobre esa base, la administración nacional entiende que todavía existen instancias de negociación abiertas y cuestiona la decisión sindical de avanzar con un nuevo paro.
Los gremios hablan de un “triple incumplimiento”
Las organizaciones universitarias plantean una interpretación diferente. Según denunciaron al anunciar la medida, el conflicto excede el aumento salarial acordado en junio y comprende obligaciones legales, judiciales y presupuestarias que consideran pendientes.
Uno de los reclamos apunta a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Los gremios sostienen que pasaron casi 300 días desde su sanción sin que se haya ejecutado plenamente.
También reclaman el cumplimiento de una medida cautelar que mantiene vigente una actualización de los salarios de los trabajadores universitarios tomando como referencia noviembre de 2023. El sector estima que la recomposición necesaria para cumplir ese criterio debería alcanzar el 29,5%.
El tercer punto está relacionado con los recursos destinados al funcionamiento universitario y los hospitales dependientes de las casas de estudios. Los sindicatos aseguran que permanecen pendientes el incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas.
“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio”
El secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, cuestionó la posición del Ejecutivo y aseguró que el conflicto lleva más de dos años y medio.
El dirigente sostuvo que los trabajadores quieren permanecer en las aulas, las cátedras, los espacios de investigación y los hospitales, pero atribuyó la nueva protesta a la falta de respuestas sobre los reclamos pendientes.
Desde los gremios también advierten que la recomposición salarial conseguida resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo y señalan que la discusión actual no puede limitarse al incremento acordado en junio.
De esta manera, el paro del miércoles 12 abrirá un nuevo capítulo de una disputa que enfrenta dos diagnósticos opuestos: mientras el Gobierno afirma que cumplió el acuerdo salarial y que las negociaciones continúan abiertas, los sindicatos sostienen que siguen pendientes obligaciones vinculadas con salarios, financiamiento, funcionamiento universitario y hospitales.