Déficit asistencial y gastos bajo cuestionamiento: las cuentas que reabren el debate sobre la Caja de Abogados bonaerense
Un sistema asistencial que gastó más del doble de lo que recaudó, casi $2.400 millones destinados al funcionamiento de los órganos de conducción y control, y jubilaciones básicas estimadas por debajo de la línea de pobreza reactivaron la discusión sobre la Caja de Previsión Social de Abogados de la provincia de Buenos Aires.
El cuadro surge del balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026 y de los cuestionamientos formulados desde la propia institución y por abogados jubilados.
El alcance del deterioro es materia de disputa. Santiago Bertamoni, director de la Caja, advirtió en una entrevista reciente que el esquema se dirige hacia una eventual quiebra y sostuvo que, si no cambia, la Provincia podría terminar haciéndose cargo de las jubilaciones. La Asociación de Abogados Jubilados, en cambio, aclaró que los números generales no son técnicamente deficitarios y ubicó el desequilibrio comprobado en CASA, el sistema de cobertura médica.
Un agujero concentrado en CASA
Los datos oficiales muestran que CASA registró ingresos por $36.479.278.415,21 y egresos por $74.306.751.025,12. La diferencia arroja un resultado negativo de $37.827.472.609,91 durante el ejercicio analizado. Según la asociación, esa brecha se cubre con recursos previsionales aportados por abogados en actividad, pese a que la afiliación al servicio asistencial no es obligatoria.
Bertamoni estimó por su parte que el desbalance mensual ronda actualmente entre $1.500 y $2.000 millones. El directivo atribuyó parte del drenaje a subsidios, prestaciones y decisiones judiciales vinculadas con la cobertura sanitaria, y cuestionó lo que describió como un “festival de amparos”. Sus cifras corresponden a su diagnóstico sobre la situación corriente y no deben confundirse con el resultado anual consignado en el balance.
El director también apuntó contra el modo de financiamiento. Afirmó que la institución se convirtió en un “impuesto confiscatorio” para quienes ejercen de manera independiente y resumió su crítica con otra frase: “La Caja caza en el zoológico”. Su planteo es que la presión recae sobre quienes litigan, facturan y cumplen con los pagos, mientras una parte de la actividad profesional queda fuera del circuito.
Casi $2.400 millones para la conducción
El mismo balance detalla que el Directorio destinó $2.154.250.962 a viáticos, traslados y alojamiento. Otros $136.804.137,78 correspondieron a aprovisionamiento y refrigerios. Así, el gasto de funcionamiento del cuerpo alcanzó $2.290.809.461,58. A eso se sumaron $101.739.081 de la Comisión Revisora de Cuentas, llevando el desembolso conjunto a $2.391.548.542,76.
La estructura está integrada por 44 directores titulares y otros 44 suplentes, debido al sistema de representación de los colegios departamentales. Bertamoni cuestionó esa dimensión y propuso que quienes ocupan esos cargos hagan públicos sus propios aportes previsionales. La Asociación de Abogados Jubilados también considera que el formato vigente encarece y vuelve más compleja la administración.
La discusión adquiere otro peso frente al esfuerzo exigido a los matriculados. Cada profesional que ejerce de manera libre debe aportar anualmente 98 JUS previsionales: con un valor de $30.000 por unidad al momento de las publicaciones, el mínimo alcanza $2.940.000, sin contar otros pagos derivados de actuaciones judiciales.
Según una estimación de la asociación, la jubilación básica mensual se mantuvo en $741.000 durante el primer semestre de 2026, frente a una línea de pobreza de $1.498.741. Para quienes utilizan CASA, además, la cuota promedio supera los $400.000.
Una reforma que llegará a la Legislatura
La Asociación de Abogados Jubilados prepara una modificación integral de la Ley 6.716. Su presidente, Fernando Varela, remarcó que el reclamo no busca eliminar ni cuestionar la constitucionalidad de la institución, sino actualizar un esquema de gobierno diseñado hace seis décadas. “Nuestra defensa tiene una visión crítica de la gestión”, explicó.
La propuesta contempla una asamblea anual de afiliados activos y retirados como máxima autoridad, elección directa de directores y síndicos, reducción del Directorio, límites a las reelecciones y una Mesa Directiva formal integrada por presidente, secretario y tesorero. También plantea una comisión revisora conformada por profesionales con experiencia financiera, bancaria, previsional o aseguradora, y que la ayuda a los colegios quede limitada a préstamos autorizados por la asamblea.
El proyecto será presentado ante la Legislatura bonaerense. Varela sintetizó el objetivo de los jubilados: “Queremos que la Caja siga subsistiendo, que sea saneada y actualizada”.