Desalojos y vivienda: la nueva pulseada que encara el peronismo en la Provincia
En medio de una creciente presión sobre el acceso a la tierra y el techo, Patria Grande pone el foco en las familias que viven en barrios populares. La propuesta busca cubrir un vacío que quedó abierto desde 2019 y vuelve a llevar al recinto la disputa por los límites de los desalojos.
Mariana Portilla
La discusión por el acceso a la vivienda abrió un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. La diputada provincial del Frente Patria Grande, Cintia Romero, presentó un proyecto de ley para suspender durante diez años las medidas de desalojo en villas y asentamientos populares registrados en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reinstalar una herramienta de protección que dejó de tener vigencia en el ámbito bonaerense.
La propuesta vuelve a poner bajo la lupa el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat y plantea una nueva prórroga del régimen de suspensión de desalojos. El planteo de Romero se inscribe, además, en una agenda más amplia que Fuerza Patria viene llevando en la Legislatura. La senadora Mónica Macha impulsó una iniciativa diferente, aunque vinculada con la misma problemática: suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva.
El debate provincial se desarrolla, a su vez, en un contexto nacional marcado por la discusión sobre el alcance de la propiedad privada. El Senado aprobó el 7 de agosto, por 37 votos contra 33, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, aunque durante el tratamiento fueron retirados los capítulos vinculados con la venta de tierras rurales a extranjeros y con los cambios de uso de suelo después de incendios.
El de la protección provincial
La iniciativa de Romero propone establecer por diez años la suspensión de las medidas judiciales o administrativas que impliquen el lanzamiento de personas o familias que habiten en villas o asentamientos populares incluidos en el registro provincial correspondiente.
El planteo toma como referencia el artículo 70 de la Ley 14.449. Esa norma había establecido un mecanismo específico para impedir los lanzamientos en barrios registrados, mientras avanzaban las políticas de integración socio-urbana. La legislación bonaerense fue modificada en distintas oportunidades y en 2016 incorporó además el artículo 70 bis, que contempló excepciones para situaciones de peligro real e inminente para la integridad física de las personas.
En esos casos, la legislación prevé que el desalojo pueda avanzar cuando exista riesgo socio-sanitario, ambiental o de derrumbe, pero establece que debe garantizarse la relocalización de las familias y una solución habitacional definitiva.
Romero sostiene que la última prórroga provincial perdió operatividad a fines de 2019 y que desde entonces Buenos Aires quedó sin un instrumento propio de protección frente a los desalojos en barrios populares.
“Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad, desde entonces, la provincia de Buenos Aires carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos”, señaló la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.
El argumento central es que los procesos de integración socio-urbana no se completaron en todos los barrios y que, ante esa situación, las familias quedan expuestas a procesos judiciales o administrativos que pueden terminar con la pérdida del lugar donde viven.
Cintia Romero, diputada provincial de Patria Grande.
El proyecto busca establecer una suspensión por diez años y no una prórroga breve, como ocurrió con anteriores mecanismos provinciales. Romero justificó ese plazo a partir de la experiencia del régimen nacional de integración socio-urbana. La Ley 27.694, sancionada en 2022, amplió a diez años la protección contra los desalojos de los inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, conocido como RENABAP. La normativa nacional establece que las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de esos inmuebles quedan suspendidas durante ese período.
La diputada plantea que el esquema provincial debería contar con una herramienta propia, de modo que la protección no dependa exclusivamente de la normativa nacional ni de las modificaciones que puedan producirse en ese ámbito.
“Esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure, en el ámbito de su competencia, un instrumento autónomo y estable”, sostiene Romero.
La diferencia entre ambos registros es uno de los puntos que la legisladora utiliza para fundamentar la propuesta. Según plantea, el universo de barrios alcanzados por el registro provincial de villas y asentamientos no coincide necesariamente con el de los barrios incluidos en el RENABAP.
Por esa razón, la iniciativa apunta a que la Provincia tenga una cobertura propia para los habitantes de barrios populares que podrían quedar fuera del régimen nacional.
La discusión por la propiedad privada
El planteo de Romero adquiere otra dimensión después del tratamiento en el Senado nacional de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue debatido durante meses en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado. El texto fue modificado durante el proceso parlamentario y finalmente obtuvo media sanción el 7 de agosto, aunque sin dos de los capítulos que habían generado mayor resistencia: el referido a la compra de tierras rurales por extranjeros y el vinculado con los cambios de uso del suelo después de incendios.
Uno de los ejes de la discusión nacional estuvo relacionado con las reglas para los desalojos y la protección de la propiedad privada. Sectores de la oposición advirtieron durante el debate que las modificaciones podían acelerar determinados procesos de desocupación y cuestionaron el alcance de las reformas.
El Gobierno de Milei, en cambio, presentó el proyecto como una iniciativa destinada a reforzar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. El Senado inició formalmente el tratamiento del expediente PE-13/2026 en abril y emitió dictamen de mayoría con modificaciones en mayo.
En ese escenario, el proyecto de Romero instala en la Legislatura bonaerense una discusión diferente: no sobre cómo agilizar la recuperación de una propiedad, sino sobre qué límites deben existir para evitar que familias que viven en barrios populares sean expulsadas antes de que se complete un proceso de integración y regularización.
Una agenda que vuelve sobre tierra y vivienda
La presentación también se inscribe en una agenda más amplia que Fuerza Patria viene desplegando en la Legislatura bonaerense alrededor del acceso a la tierra y la vivienda.
Romero fue una de las firmantes, junto con Facundo Tignanelli y Noelia Saavedra, de un proyecto para establecer un régimen provincial sobre la titularidad extranjera de tierras rurales. Esa iniciativa propone un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera y plantea la creación de un Registro Provincial de Tierras Rurales.
La propuesta tomó fuerza en paralelo al debate nacional sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el Senado terminó retirando del texto aprobado el capítulo referido a la compra de tierras por extranjeros.
Ahora, con el proyecto sobre desalojos, Romero vuelve a poner el foco en la dimensión habitacional de la discusión por la tierra.
La diputada llegó a la Legislatura después de una trayectoria vinculada al trabajo territorial y a la problemática habitacional en Mar del Plata. Antes de asumir su banca fue referente de Los Sin Techo y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, espacios vinculados a la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda.
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