Fentanilo contaminado: los chats, las demoras y las indagatorias que llevan la causa hasta los controles del Estado

La causa por el fentanilo contaminado dejó de concentrarse únicamente en quienes lo fabricaron y comercializaron. Esta semana, la detención e indagatoria de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, llevó el expediente al funcionamiento de los organismos estatales que debían fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El Ministerio Público Fiscal atribuye al lote 31.202 al menos 90 muertes y 41 personas lesionadas, y sostiene que ambas exfuncionarias conocían un escenario de riesgo antes y durante la circulación del producto.

Bisio y Mantecón Fumadó recuperaron la libertad el viernes tras constituir una caución de $75 millones cada una. El juez federal Ernesto Kreplak les impuso la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes. La investigación, sin embargo, continúa y busca determinar las responsabilidades individuales por las decisiones adoptadas —y las que no se adoptaron— ante las irregularidades detectadas.

Las advertencias que precedieron al desastre

La Fiscalía Federal N°1 de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pusieron especial atención en una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. Según el MPF, allí se constataron deficiencias estructurales en las condiciones de elaboración y en los sistemas de control y aseguramiento de calidad.

La acusación sostiene que, pese a ese cuadro, no se activaron con la urgencia necesaria herramientas como la inmovilización o retiro de lotes, la prohibición de comercialización, una alerta sanitaria o la inhibición del establecimiento. 

La pesquisa incorporó además documentación administrativa e información extraída de teléfonos y computadoras de funcionarios y personal de los laboratorios. En ese material aparecen conversaciones que ahora sirven para reconstruir quién conocía las irregularidades y hasta dónde llegaba la cadena de consultas.

Uno de los chats muestra a Bisio preguntándole a Mantecón Fumadó si la situación podía terminar en el cierre de la planta porque “Mario pregunta”, una referencia que la investigación vincula con el actual ministro de Salud, Mario Lugones. El alcance de ese intercambio todavía debe ser establecido judicialmente.

La Fiscalía fue más lejos en su hipótesis y sostuvo que el historial de incumplimientos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo habría sido posible por la existencia de un “manto de cobertura estatal”. No se trata de una responsabilidad establecida por sentencia, sino del planteo del Ministerio Público que sustenta las imputaciones contra las exresponsables de los organismos de control.

Los “no recuerdo” y una defensa que miró hacia arriba

La indagatoria de Mantecón Fumadó sumó un componente político a la investigación. Durante su declaración ante Kreplak y la fiscal María Laura Roteta respondió 33 veces que no recordaba distintos episodios de su gestión.

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Al mismo tiempo, sostuvo que informes y decisiones relevantes eran consultados con la conducción de ANMAT y con el Ministerio de Salud, y atribuyó a Lugones indicaciones para avanzar contra HLB con cautela y, posteriormente, para cerrar el laboratorio. Son afirmaciones de la imputada dentro de su declaración defensiva y no constituyen, hasta ahora, una conclusión judicial sobre la actuación del ministro. 

La exdirectora del INAME también declaró que al asumir disponía de entre 18 y 20 inspectores y que durante la gestión de Javier Milei fueron despedidos cinco.

Según su testimonio, el plantel llegó a quedar reducido a ocho agentes para alrededor de 600 laboratorios y la falta de personal fue planteada reiteradamente ante el Ministerio. Esa versión también deberá ser ponderada en el expediente, pero introduce una discusión adicional sobre los recursos con los que funcionaba el sistema encargado de fiscalizar medicamentos.

De los laboratorios a los controles del Estado

El MPF sostiene que los lotes 31.202 y 31.244 salieron al mercado contaminados con Klebsiella pneumoniae y/o Ralstonia mannitolilytica. Tanto la Fiscalía como el juez tuvieron por acreditada la contaminación y el organismo acusador atribuye al suministro del lote 31.202, iniciado en febrero de 2025, al menos 90 fallecimientos. La causa comenzó formalmente el 12 de mayo de aquel año, luego de una denuncia de ANMAT a partir de lo ocurrido en el Hospital Italiano de La Plata.

El expediente penal corre en paralelo a una revisión más amplia de los mecanismos de fiscalización. El Plan de Acción Anual 2026 de la Auditoría General de la Nación incluyó un proyecto sobre la gestión de ANMAT en los procedimientos y sistemas de alerta y en los controles preventivos y de seguridad sobre la producción, fiscalización y distribución de medicamentos.

Para los familiares, el reclamo excede desde hace meses la actuación de los responsables empresarios. Como había planteado Alejandro Nahuel Ayala, hermano de una de las víctimas: “La responsabilidad también es política”.