“La responsabilidad también es política”: el caso fentanilo se acerca al juicio y expone fallas estructurales

La causa por el fentanilo contaminado entra en una etapa decisiva. El juez federal Ernesto Kreplak dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de los 14 imputados a partir del 16 de abril, en audiencias que se extenderán hasta el 21, en lo que aparece como el paso previo a la elevación a juicio oral de un expediente que ya es considerado el mayor desastre sanitario del país. En paralelo, familiares de víctimas y organismos de control empiezan a correr el foco hacia las fallas estructurales del sistema, con especial atención sobre el rol de la ANMAT.

El expediente, iniciado en mayo de 2025 tras la alerta sanitaria por los primeros fallecimientos detectados en el Hospital Italiano de La Plata, acumuló en menos de un año un volumen de pruebas que complica seriamente a los responsables de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Las pericias del Cuerpo Médico Forense vinculan al menos 111 muertes con la administración de lotes contaminados, además de 49 pacientes que sobrevivieron con secuelas.

Indagatorias, pruebas y posible agravamiento de cargos

El avance de la investigación dejó a cuatro imputados con prisión preventiva —entre ellos Ariel García Furfaro y su hermano Diego García— y a otros diez procesados con distintos grados de responsabilidad dentro de la cadena de producción y control. Las imputaciones iniciales por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte podrían agravarse tras las nuevas indagatorias.

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Los chats internos incorporados a la causa son uno de los elementos más comprometedores. En esas conversaciones, empleados y técnicos describen un escenario de descontrol en la planta: manipulación inadecuada de sustancias, reactivos vencidos ocultos y hasta riesgos de explosión. “El fentanilo dio mal”, reconoce uno de los mensajes, mientras otro advierte: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”.

Para los investigadores, esas comunicaciones reflejan prácticas sistemáticas alejadas de cualquier estándar sanitario. A eso se suman los estudios del Instituto Malbrán, que detectaron bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en las ampollas, consolidando el nexo entre la producción defectuosa y los cuadros clínicos registrados.

En este contexto, la ANMAT avanzó con la baja definitiva de las habilitaciones de los laboratorios involucrados, una decisión que completa el proceso iniciado en 2025, cuando se prohibió la comercialización de todos sus productos. Según explicó el organismo, la medida apunta a “proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos”.

Familias: del duelo a la denuncia de fallas estructurales

A un año del escándalo, el reclamo de justicia no se limita a los responsables empresariales. Familiares de víctimas comenzaron a visibilizar lo que consideran una cadena de omisiones que permitió la tragedia.

Carla Maino, hija de una de las víctimas en Rosario, reconstruyó cómo detectaron patrones similares en terapia intensiva antes de que se conociera el origen del problema. “Todo era prevenible si se hubiesen hecho las cosas como correspondían”, afirmó, al cuestionar la falta de controles y la demora en emitir la alerta sanitaria.

Según su testimonio, muchas familias ni siquiera fueron notificadas de la posible relación entre los fallecimientos y el fentanilo. “Si uno no preguntaba, no se enteraba”, sostuvo, dejando en evidencia falencias en la comunicación institucional.

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En la misma línea, otros familiares apuntan a responsabilidades más amplias. Alejandro Nahuel Ayala, hermano de otra víctima, fue directo: “La responsabilidad también es política”. Su planteo se apoya en una serie de decisiones previas, como la exclusión del fentanilo del sistema de trazabilidad en 2016, que dificultó el seguimiento de los lotes.

“Las fallas fueron administrativas y también políticas. Era algo muy previsible”, remarcó, al tiempo que advirtió sobre la existencia de antecedentes ignorados y expedientes previos contra los laboratorios que no derivaron en sanciones efectivas.

Auditoría en marcha y foco en ANMAT

En este escenario, la Auditoría General de la Nación (AGN) decidió intervenir y avanzar con una revisión sobre la ANMAT y el INAME. El objetivo es determinar el grado de responsabilidad de los organismos de control en una secuencia que, según informes preliminares, estuvo marcada por “fallas en la detección temprana, controles insuficientes y un sistema de trazabilidad que no logró actuar a tiempo”.

La auditoría, aún sin fecha definida, surge tras encuentros con familiares de víctimas que reclaman ampliar el alcance de la investigación. No sólo buscan esclarecer lo ocurrido en los laboratorios, sino también entender por qué el sistema no reaccionó a tiempo pese a las alertas previas.

El punto es sensible: mientras la Justicia avanza sobre responsabilidades penales concretas, crece la presión para que se revisen decisiones estructurales que exceden a los imputados. En ese marco, los familiares insisten en que el número de víctimas podría ser mayor al registrado oficialmente, dada la cantidad de ampollas distribuidas y la falta de trazabilidad.

“Se sabía que no estaban dadas las condiciones de bioseguridad”, sostuvo Carla Maino, sintetizando un reclamo que empieza a atravesar toda la causa judicial y que ahora también se proyecta sobre los organismos encargados de controlar.