El cero de Francisco Adorni no cerró la cuenta: Rafecas espera más pruebas antes de definir la indagatoria
Francisco Adorni puso un cero en el centro de su defensa para evitar una eventual indagatoria. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni se presentó espontáneamente ante el juez federal Daniel Rafecas y pidió rechazar el requerimiento del fiscal Guillermo Marijuan. Atribuyó las diferencias patrimoniales a errores materiales y rectificaciones administrativas, y negó una maniobra deliberada.
Rafecas no resolvió si lo convocará a declarar. Según precisó Marcelo Peña, abogado del legislador, el magistrado dispuso completar primero medidas sobre sus bienes, sus declaraciones juradas y un crédito hipotecario.
El cero que alteró la deuda
La secuencia expuesta por la defensa comienza con la Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada en febrero de 2024, cuando Adorni informó el 50% de un inmueble en City Bell, la mitad de un automóvil, datos de su cónyuge y una deuda hipotecaria de $13 millones.
La diferencia apareció en la declaración anual entregada en julio de 2025: allí se consignaron $130 millones como deuda inicial y $60 millones al cierre. Adorni sostiene ahora que el primer monto reprodujo el anterior con un cero adicional y que, por lo tanto, no existió la reducción de $70 millones que había despertado sospechas. En la declaración de baja del 21 de enero de 2026 volvió a figurar una deuda inicial de $130 millones y un saldo final de $57 millones.
Entre el 15 y el 20 de mayo, el entonces funcionario realizó rectificaciones sobre esos formularios. Según su descargo, corrigió valuaciones, saldos, ingresos y gastos, incorporó dinero en efectivo y declaró fondos vinculados con la venta de un bien hereditario. El 8 de junio, después de un pedido de la Oficina Anticorrupción, amplió la información reservada con cuentas bancarias y tarjetas propias y de su grupo familiar.
Para Peña, la denuncia fue lo que permitió advertir la inconsistencia y la decisión de corregirla no puede convertirse automáticamente en prueba de ocultamiento. La defensa afirma, además, que el planteo fiscal enumera modificaciones, pero no precisa cuál de ellas constituiría una falsedad penalmente relevante.
La fiscalía mira la sucesión de cambios
La causa nació de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque el pedido de Marijuan se concentra en las declaraciones patrimoniales.
Marijuan sostiene otra lectura. Su pedido de indagatoria, presentado el 18 de junio, se apoya en las omisiones y modificaciones registradas en tres declaraciones oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026. La pesquisa contabilizó más de diez correcciones posteriores al inicio de la auditoría patrimonial y señaló que cada presentación original habría sido rectificada al menos dos veces.
Entre las incorporaciones aparece una herencia de $21 millones que no había sido informada inicialmente ante la Oficina Anticorrupción. En una de las correcciones, Adorni declaró $24,5 millones en efectivo —$21 millones atribuidos a esa sucesión—, además de cuentas en pesos y dólares y tarjetas de crédito propias y de su esposa. La denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano también señaló que el patrimonio informado pasó de $43,79 millones en 2024 a $80,5 millones en 2025 y cuestionó los movimientos de la deuda hipotecaria.
La fiscalía ponderó especialmente la formación del legislador: es contador público graduado en la Universidad Nacional de La Plata, tiene estudios de posgrado en administración financiera y control del sector público y trabajó durante casi dos décadas en el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde intervino en tareas vinculadas con declaraciones juradas. Antes de asumir su banca ocupó cargos de auditoría en el Ministerio de Defensa y presidió el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Para Marijuan, esa experiencia y la cantidad de rectificaciones podrían constituir indicios de una omisión maliciosa.
Los informes que espera Rafecas
El juez pidió a la Legislatura bonaerense la última declaración jurada de Adorni, solicitó al Banco Provincia el detalle de los pagos del crédito hipotecario efectuados entre 2024 y 2026 y requirió al Registro de la Propiedad datos sobre dos inmuebles que habrían ingresado al patrimonio del diputado por vía sucesoria.
El avance del expediente también abrió una discusión política todavía hipotética. Según pudo reconstruir este medio, sectores del oficialismo provincial y de un bloque dialoguista evaluarían tratar sus fueros únicamente si existiera un procesamiento. La Libertad Avanza no fijó una posición pública sobre ese escenario. Adorni ocupa una banca desde 2025 y tiene mandato hasta 2029; una eventual indagatoria, por sí sola, no equivaldría a un procesamiento ni a una condena.
El único desafuero bonaerense aprobado fue el del radical Mario Bessone en 1937, tras asesinar al diputado conservador Fortunato Chiappara. Los casos del exintendente de Junín Abel Miguel y del legislador Manuel Mosca tampoco prosperaron.
En paralelo, el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González investigan presuntas irregularidades vinculadas al IOSFA y a un préstamo de $40.000 millones otorgado por el IAF. La denuncia de Pagano también alcanzó al exministro de Defensa Luis Petri y fue reunida con otro expediente sobre compras directas de armamento y medicamentos por $25.000 millones cada una. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal mediante una resolución del juez Leopoldo Bruglia, que dejó abierta la posibilidad de revisar la acumulación según el avance de las pruebas.
En la causa patrimonial, Rafecas resolverá el pedido de indagatoria después de recibir los informes de la Legislatura, el Banco Provincia y el Registro de la Propiedad.