Sesión confirmada en Diputados: los acuerdos pendientes y la pelea que sacude a LLA
La Cámara de Diputados bonaerense pondrá en marcha el segundo semestre legislativo este jueves 27 de agosto, a partir de las 14, con una sesión que combinará proyectos sociales, reclamos opositores y una disputa interna que mantiene dividido al bloque de La Libertad Avanza.
La convocatoria fue formalizada por el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, después de más de un mes sin sesiones. La última reunión de la Cámara baja había sido el 13 de julio, antes del receso de invierno.
El orden del día todavía no fue publicado y continuará sujeto a las negociaciones entre los presidentes de bloque. No obstante, varios expedientes obtuvieron dictamen durante las últimas horas y quedaron en condiciones reglamentarias de llegar al recinto.
Entre los proyectos con mayores posibilidades de avanzar aparecen la denominada Ley Ema, una regulación sobre el uso de imágenes de estudiantes y dos adhesiones nacionales vinculadas con los derechos y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
La sesión también podría convertirse en escenario de otro capítulo de la crisis libertaria. Una parte de la oposición busca formalizar la salida de Agustín Romo de la conducción de la bancada y reconocer como presidente a Juan Osaba, quien ya desempeña esa función en la práctica.
La Ley Ema, uno de los proyectos centrales
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia aprobó este lunes el proyecto conocido como Ley Ema, impulsado por la diputada de Fuerza Patria Mayra Mendoza. La iniciativa crea un programa provincial para la prevención y el abordaje integral de la violencia digital dentro de los establecimientos educativos. Su objetivo es garantizar que los estudiantes puedan desarrollar su vida escolar en un entorno digital seguro.
El texto contempla mecanismos de prevención, detección e intervención ante situaciones de ciberacoso, hostigamiento en redes y difusión no consentida de imágenes íntimas. También prevé instancias de capacitación para docentes, equipos directivos, auxiliares y alumnos.
El proyecto surgió a partir de la muerte de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida después de que circularan en su ámbito escolar imágenes íntimas sin su consentimiento.
El caso expuso una problemática que excede el uso de redes sociales. La circulación de fotografías o videos puede provocar hostigamiento, aislamiento, amenazas y daños emocionales que continúan dentro y fuera de la escuela.
La propuesta busca que las instituciones cuenten con procedimientos concretos para actuar, en lugar de depender exclusivamente de respuestas improvisadas frente a cada episodio.
La Ley Ema parte de una definición amplia de la convivencia escolar. El vínculo entre estudiantes ya no se desarrolla únicamente dentro de las aulas: continúa en grupos de mensajería, redes sociales, plataformas educativas y comunidades digitales.
Por eso, la iniciativa incorpora la dimensión virtual a las políticas de cuidado. Las medidas alcanzarían a establecimientos públicos y privados que integran el sistema educativo provincial.
La autoridad de aplicación deberá desarrollar protocolos para identificar episodios de violencia digital, orientar a las familias, preservar pruebas y articular la intervención de organismos especializados cuando la gravedad del caso lo requiera.
También se prevén campañas de concientización sobre privacidad, consentimiento, exposición de datos personales y consecuencias derivadas de compartir imágenes ajenas.
La misma comisión dio despacho favorable a otro proyecto relacionado con la protección de niñas, niños y adolescentes en las escuelas. La iniciativa fue presentada por la diputada Luciana Padulo y establece pautas para los formularios mediante los cuales las familias autorizan el uso de fotografías y videos de los estudiantes.
El objetivo es precisar qué imágenes pueden difundirse, a través de qué canales, durante cuánto tiempo y con qué finalidad. La autorización deberá ser clara y no podrá interpretarse como un permiso general para cualquier utilización posterior.
El crecimiento de las redes institucionales modificó la forma en que las escuelas comunican sus actividades. Actos, viajes, competencias deportivas y proyectos pedagógicos suelen ser registrados y publicados en páginas web o perfiles sociales.
La propuesta busca ordenar esa práctica y reducir los márgenes de ambigüedad. También procura que madres, padres y responsables conozcan de antemano dónde podrá aparecer el material y tengan herramientas para revocar el consentimiento.
Aunque se trata de expedientes diferentes, ambos proyectos comparten un mismo eje: actualizar las reglas de protección escolar frente a una exposición digital que la normativa tradicional no contemplaba.
Dos iniciativas sobre discapacidad
La sesión podría avanzar además con la adhesión de Buenos Aires al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El proyecto fue impulsado por Emmanuel González Santalla y ya cuenta con media sanción. Su tratamiento en Diputados permitiría completar el recorrido legislativo provincial.
El sistema nacional establece prestaciones preventivas, de rehabilitación, terapéuticas, educativas y asistenciales. La adhesión busca consolidar un marco común para garantizar su aplicación en territorio bonaerense.
También está en condiciones de llegar al recinto una iniciativa para adherir al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
La normativa nacional contempla modalidades laborales destinadas a quienes necesitan apoyos específicos para incorporarse al mercado de trabajo. Incluye talleres protegidos, grupos laborales y mecanismos de acompañamiento.
Si Diputados aprueba el proyecto sin modificaciones, la adhesión podrá convertirse en ley. La discusión se produce mientras familias, instituciones y prestadores reclaman respuestas por demoras en pagos, dificultades de acceso y discontinuidad de servicios.
Otro expediente que podría ser incorporado es el de Ayelén Rasquetti, diputada del Frente Renovador, para crear una Agencia Provincial de Bienes Secuestrados y Recuperados. La propuesta busca concentrar el registro, la administración y la disposición de vehículos, inmuebles, dinero y otros activos vinculados con investigaciones penales.
Actualmente, esos elementos pueden permanecer durante años en depósitos, predios judiciales o distintas dependencias sin una política uniforme para conservarlos, reutilizarlos o asignarlos a fines públicos. El proyecto plantea construir un sistema centralizado que permita conocer qué bienes se encuentran bajo custodia, cuál es su situación procesal y qué destino pueden recibir.
Uno de los objetivos es que los activos recuperados no se deterioren mientras se tramitan las causas y puedan ser aprovechados por organismos públicos o entidades sociales cuando exista una resolución judicial que lo permita.
La iniciativa combina una dimensión administrativa con otra vinculada con la seguridad: pretende evitar que el patrimonio incautado termine convertido en un costo permanente para el Estado.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el expediente forma parte de una agenda más amplia de proyectos que atravesó las comisiones durante los días previos a la convocatoria.
Seguridad y salud podrían colarse en el debate
La seguridad podría ocupar otro tramo importante del debate, aunque los proyectos que finalmente llegarán al recinto todavía dependen del acuerdo entre los bloques.
En la Cámara baja existen distintas iniciativas para crear fuerzas policiales municipales. Los textos llevan las firmas de Juan Esper, Leonardo Moreno y Carlos Puglelli, pero presentan diferencias en materia de conducción, financiamiento, competencias y coordinación con la Policía bonaerense.
El debate gira alrededor de cuánto poder deberían tener los intendentes sobre esas estructuras. Algunos proyectos proponen cuerpos preventivos orientados al patrullaje y la proximidad, mientras otros contemplan facultades operativas más amplias.
También podrían incluirse pedidos de informes vinculados con estadísticas delictivas, entrega de patrulleros y funcionamiento de dependencias policiales.
Por otro lado, la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial aparece entre los temas que la oposición pretende llevar a la sesión. La UCR, el PRO y La Libertad Avanza vienen reclamando explicaciones por demoras en prestaciones, deudas denunciadas por entidades médicas y dificultades para acceder a tratamientos en diferentes municipios.
Combustibles, ludopatía y otros expedientes
Entre las iniciativas que buscan un lugar en el temario aparece un proyecto de Ayelén Rasquetti para que las estaciones de servicio informen los incrementos en los precios de los combustibles con 72 horas de anticipación.
La propuesta apunta a brindar previsibilidad a consumidores y sectores productivos frente a aumentos que suelen ser comunicados con pocas horas de margen. La regulación del juego online y la prevención de la ludopatía infantil permanecen también dentro de la agenda pendiente de la Cámara.
El tema fue objeto de diferentes proyectos, reuniones y exposiciones durante el primer semestre, pero todavía no existe un acuerdo definitivo sobre las restricciones publicitarias, los controles de identidad, los mecanismos de bloqueo y el papel de las plataformas de apuestas.
La posibilidad de que estas iniciativas lleguen el jueves dependerá de la negociación final. La convocatoria formal abre la sesión, pero no garantiza que todos los expedientes mencionados sean incorporados.
El conflicto libertario llega al recinto
La mayor tensión política podría no estar vinculada con una ley, sino con la conducción del bloque de La Libertad Avanza. Después de las controversias protagonizadas por Agustín Romo, un sector de la oposición busca que la Cámara formalice el reemplazo y reconozca al diputado platense Juan Osaba como presidente de la bancada.
Osaba ya ejerce la conducción en los hechos, pero el cambio de autoridades todavía requiere ser comunicado y aceptado institucionalmente.
En oportunidades anteriores, Fuerza Patria no aportó los votos necesarios para habilitar el recambio. Esa postura fue interpretada por dirigentes opositores como una forma de prolongar la permanencia de Romo y profundizar las diferencias internas del espacio libertario.
El bloque conducido por Facundo Tignanelli no confirmó si modificará su posición. Por eso, la definición dependerá nuevamente de los acuerdos que se cierren antes de la sesión.