Adultos mayores bajo Milei: ingresos que no alcanzan, más deuda y dificultades para sostener la salud
El deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores tomó una dimensión más nítida durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei. Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que analiza la evolución entre 2017 y 2025, muestra que el bienio 2024-2025 concentró los peores registros de la serie en varios indicadores vinculados con subsistencia económica, atención médica y bienestar psicológico.
El período coincide con los primeros dos años completos de la gestión libertaria y permite observar esos resultados junto con decisiones previsionales, inflación, cambios en medicamentos y una expansión del endeudamiento que golpea especialmente a quienes cobran los haberes más bajos.
El primer dato marca la dimensión del problema: el 46% de los hogares con personas de 60 años o más declaró insuficiencia de ingresos en 2024-2025, cinco puntos por encima del bienio anterior y el valor más alto relevado por la UCA. Entre los sectores socioeconómicos bajos alcanza al 55,2% y entre los muy bajos, al 71,1%. La inseguridad alimentaria, además, pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en el último período.
Jubilaciones, bono congelado y una canasta cada vez más lejos
El Gobierno modificó en 2024 la fórmula previsional mediante el DNU 274. Desde entonces, las prestaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el IPC de dos meses atrás. La inflación, después del 117,8% de 2024, desaceleró hasta 31,5% en 2025. En los primeros siete meses de 2026 acumuló otro 19,3%.
Pero hay una parte del ingreso de quienes menos cobran que quedó fuera de esa actualización: el bono previsional permanece en $70.000 desde marzo de 2024. En agosto de 2026, el haber mínimo del SIPA es de $419.776 y alcanza los $489.776 con el refuerzo.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que, si el bono hubiera seguido la misma movilidad del haber, debería haber llegado a $209.991 en junio de 2026. Según esa estimación, la mínima con refuerzo se ubicó en el segundo trimestre 22,6% por debajo, en términos reales y medidos con IPC porteño, del último trimestre de 2023.
El economista Damián Di Pace llegó a otra aproximación al comparar esos recursos con una canasta específica para la tercera edad. Según su análisis, en mayo de 2026 una mínima con bono cubría apenas 45% de una canasta individual de adulto mayor. Otra medición de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó en ese mismo mes la canasta para una pareja propietaria en $1.970.171: dos haberes mínimos con refuerzo alcanzaban para cubrir el 47%.
La política previsional también tuvo dos capítulos en el Congreso. Milei vetó en 2024 una ley que establecía una compensación adicional por la inflación de enero y un piso vinculado a la Canasta Básica Total. En 2025 rechazó otro proyecto que disponía una recomposición excepcional del 7,2% y llevaba la ayuda económica a $110.000 con actualización posterior. En ambos casos, el Ejecutivo sostuvo que las medidas comprometían el equilibrio fiscal.
El crédito pasó de ayuda a problema
A la pérdida de capacidad de compra se sumó otro fenómeno: el uso creciente del financiamiento. Un informe de Provincia Microcréditos, empresa del Banco Provincia, elaborado a partir de datos del sistema financiero, mostró que el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas. Son más de cuatro millones de personas.
Más delicada es la evolución de la mora. En mayo de 2026, el 11,4% registraba obligaciones en situación irregular, unas 457.596 personas. Doce meses antes eran 4,1%. El incumplimiento, por lo tanto, casi se triplicó en un año.
El estudio señala que el endeudamiento se había mantenido alrededor del 40% desde 2021, comenzó a acelerarse en la segunda mitad de 2023 y que el deterioro de los pagos se profundizó desde enero de 2025. Su cálculo ubica a la mínima con bono 19% por debajo de noviembre de 2023 en poder adquisitivo real. También detecta que, en el Gran Buenos Aires, la proporción de personas en edad jubilatoria que continúa trabajando pasó de alrededor de una de cada cinco a cerca de una de cada cuatro hacia fines de 2025.
Medicamentos, servicios y atención que se posterga
La misma presión aparece puertas adentro de los hogares. Según la UCA, el 21,3% dejó de pagar algún servicio público por razones económicas durante 2024-2025. En el estrato socioeconómico muy bajo, esa proporción llegó al 39,4%. El informe vincula el resultado con el peso de las tarifas y la revisión de los esquemas de asistencia.
INDEC muestra que ese gasto avanzó por encima del promedio incluso después de la desaceleración inflacionaria: entre enero y julio de 2026, el IPC general aumentó 19,3%, mientras Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 27,9%. En la comparación interanual, esa división acumuló 48,9%.
El otro punto sensible es la atención médica. El 35,2% de los hogares con personas mayores tuvo que postergar o resignar una consulta o medicamentos por motivos económicos, casi diez puntos más que en 2022-2023 y el peor registro de la serie.
PAMI conserva la cobertura total para tratamientos como diabetes, cáncer, hemofilia, VIH, trasplantes y otras patologías específicas, mientras las drogas para cuadros crónicos y agudos tienen descuentos de entre 50% y 80% y las de uso eventual, del 40%. Para afiliados en situación de vulnerabilidad existe un subsidio social del 100%, sujeto a evaluación; la normativa contempla una reconsideración cuando el gasto farmacológico alcanza al menos el 15% del ingreso previsional.
La propia UCA encontró en 2025 que alrededor del 70% de los afiliados mayores utilizaba PAMI para comprar medicamentos, pero solamente el 49,7% calificaba esa cobertura como buena o muy buena.
El cuadro trasciende el bolsillo. En 2024-2025, el malestar psicológico llegó al 34% entre las personas mayores, 8,9 puntos más que en el bienio previo. Entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo alcanzó al 51,8%.