Emergencia agropecuaria, fondos hídricos y caminos rurales: las alertas que crecen ante El Niño
La provincia de Buenos Aires se prepara para los meses de mayor preocupación por El Niño con parte del territorio rural todavía bajo los efectos de las inundaciones, reclamos por infraestructura hídrica y una discusión cada vez más amplia sobre el estado de los caminos del interior.
El escenario sumó ahora tres señales: la declaración de emergencia agropecuaria en 9 de Julio y sectores de Necochea, cuestionamientos por el destino de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica nacional y una propuesta de ingenieros bonaerenses para dejar atrás las reparaciones aisladas de la red vial rural.
El gobierno de Axel Kicillof oficializó mediante el Decreto 1270/26 la emergencia agropecuaria por inundaciones. La medida rige desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre y comprende todo el partido de 9 de Julio y las circunscripciones II, III, IV y XII de Necochea. Los productores alcanzados deberán acreditar el nivel de afectación mediante declaraciones juradas y podrán acceder a exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural de acuerdo con el porcentaje de daños.
Distritos que todavía cargan con los excesos hídricos
La decisión refleja una situación que antecede a las advertencias por los próximos meses. En zonas rurales de Necochea se registraron más de 230 milímetros entre el 5 y el 6 de mayo, mientras que 9 de Julio llegó a tener alrededor de 200.000 hectáreas productivas bajo agua, cerca de la mitad de su superficie agropecuaria.
El problema es la condición en la que parte del territorio recibe las nuevas perspectivas climáticas. Las napas permanecen elevadas y distintos distritos registran falta de piso y dificultades de escurrimiento. Los informes citados por la Provincia ubican en situación especialmente comprometida a Benito Juárez, Coronel Pringles, Pehuajó, Olavarría y Tres Arroyos por sus excedentes hídricos respecto de los valores medios.
El escenario ya había llegado a la Legislatura. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto para declarar por 180 días la emergencia climática en todo el territorio provincial, crear un fondo específico y habilitar asistencia económica, maquinaria, combustible y recursos para municipios y sectores afectados. La propuesta se suma al esquema preventivo que ya desplegó el Ejecutivo frente a El Niño.
Los $354.197 millones que abrieron otra discusión
A la urgencia territorial se agrega una disputa por los recursos destinados a infraestructura hídrica. La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza cuestionó el destino de $354.197 millones del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, un instrumento del Estado nacional destinado a financiar obras de prevención y manejo del agua.
La legisladora obtuvo los datos mediante un pedido de Acceso a la Información Pública. Según la respuesta oficial que recibió, $303.370 millones se encuentran colocados en Letras del Tesoro Nacional, $50.779 millones permanecen a la vista en cuenta y otros $47,2 millones están en un plazo fijo de reserva de liquidez.
Vaccarezza cuestionó que esos fondos permanezcan en instrumentos financieros mientras distintos puntos del interior reclaman infraestructura y siguen pendientes obras estratégicas como las vinculadas al río Salado. “La plata destinada a obras hídricas tiene que estar en las obras, no en la timba financiera”, afirmó, y dirigió sus críticas al Gobierno nacional y a la política económica del ministro Luis Caputo.
El planteo adquiere otra dimensión ante un territorio donde una lluvia intensa puede encontrar suelos con escasa capacidad de absorción. En ese escenario, canales, alcantarillas y caminos rurales forman parte de un mismo sistema: cuando el agua no encuentra salida, también quedan comprometidos el movimiento de la producción y la conectividad de establecimientos, escuelas y centros de salud.
Caminos rurales: por qué “pasar la máquina” no alcanza
Ese diagnóstico aparece en el Programa Integral de Caminos Rurales que presentó el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), presidido por Jorge O. Castellano. La entidad sostiene que la reparación habitual con motoniveladoras después de cada lluvia atiende el deterioro visible, pero no resuelve el problema que lo provoca.
El punto central es el drenaje. Una cuneta colmatada, una alcantarilla insuficiente o una calzada ubicada por debajo del campo lindero pueden hacer que el agua permanezca sobre el camino, sature el suelo y vuelva inútil una reparación en poco tiempo. El Colegio advierte además que cada nuevo raspado puede retirar material y dejar la traza todavía más baja y vulnerable.
La propuesta es que cada municipio cuente con un Plan Director de Caminos Rurales basado en relevamientos topográficos, estudios hidráulicos y de suelos, inventarios de alcantarillas y cunetas, características del tránsito y nivel de conectividad de cada tramo. Con esa información, el programa plantea establecer prioridades de corto, mediano y largo plazo y vincular la tasa vial con un esquema concreto de trabajos que pueda ser controlado por los contribuyentes.
El CIPBA también busca ordenar las obras que productores y vecinos financian directamente ante el deterioro de los accesos. Advierte que, aunque el dinero sea privado, los caminos siguen perteneciendo al dominio público y una intervención mal proyectada puede modificar el escurrimiento y trasladar el problema hacia otros campos o sectores de una cuenca.
Con dos distritos ya alcanzados por la emergencia agropecuaria, recursos nacionales para infraestructura hídrica nuevamente bajo discusión y una red vial rural que demanda soluciones estructurales, la preparación para los próximos meses vuelve a poner el foco no sólo en cuánto pueda llover, sino también en las condiciones con las que el interior bonaerense recibe ese exceso de agua.