Sirenazo contra Nación: fondos demorados y una reforma pendiente para los bomberos bonaerenses
Los Bomberos Voluntarios realizan este jueves un sirenazo en los cuarteles de todo el país para reclamar al Gobierno nacional la distribución de fondos previstos por ley. La medida, que no interrumpirá la atención de emergencias, pone nuevamente bajo la lupa una discusión que en la provincia de Buenos Aires ya había llegado a la Legislatura y que combina recursos nacionales demorados, costos crecientes y un esquema provincial que distintos bloques buscan actualizar.
El reclamo central apunta a $59.330,7 millones contemplados en el régimen de la Ley 25.054, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y años anteriores. Desde el sector sostienen que esos recursos fueron recaudados pero permanecen sin distribuir y remarcan que no se trata de una asistencia extraordinaria ni de fondos discrecionales, sino de dinero afectado específicamente al funcionamiento del sistema.
Carlos Milanesi, presidente del Consejo Nacional de Bomberos, aseguró que desde abril solicitaron reuniones al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete sin obtener respuestas. También advirtió que la llegada de los recursos cobra mayor relevancia ante la temporada de incendios forestales y el fenómeno de El Niño. “Uno entiende la economía del país, pero no estamos pidiendo dinero del Estado, estamos pidiendo que lo que se recaudó se distribuya”, planteó.
Una demora que llegó a la Legislatura bonaerense
El conflicto nacional tiene un impacto directo en territorio bonaerense. La Provincia cuenta con 268 asociaciones reconocidas y, de acuerdo con los relevamientos legislativos, el sistema reúne más de 300 cuarteles y destacamentos y alrededor de 17.500 voluntarios distribuidos en los 135 municipios.
La demora ya había generado distintas presentaciones parlamentarias. El senador provincial Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad, reclamó que Nación regularice los montos pendientes y advirtió que la falta de recursos afecta la capacidad operativa de los cuarteles, especialmente en localidades del interior donde constituyen uno de los principales dispositivos de respuesta inmediata ante emergencias.
Según señaló Vargas, cerca de $60.000 millones del presupuesto correspondiente al sistema permanecían inmovilizados. La Ley 25.054 establece que los subsidios deben liquidarse dentro del primer semestre y que su financiamiento proviene de una contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida.
Antes, los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lordén y Priscila Minnaard también habían llevado el reclamo a la Cámara baja. En mayo pidieron al Ejecutivo nacional el giro urgente de los recursos y alertaron sobre las dificultades que enfrentaban las asociaciones para cubrir gastos cotidianos.
Minnaard describió entonces un esquema en el que numerosos cuarteles recurren a bonos, rifas, venta de comidas y donaciones para afrontar parte de sus costos corrientes. Gasoil, cubiertas, mantenimiento de autobombas, herramientas y uniformes homologados aparecen entre los gastos que las instituciones deben solventar mientras esperan los fondos públicos.
El otro frente: un fondo provincial con valores atrasados
La pulseada con Nación convive con una discusión propia de la provincia de Buenos Aires. La Legislatura analiza desde hace meses cómo actualizar el fondo establecido por la Ley 14.761, integrado con el 3% de lo recaudado por ARBA a través del Impuesto Inmobiliario, además de donaciones y otros aportes.
El límite vigente está fijado en $500 millones y, según los proyectos que circulan por ambas cámaras, su última actualización efectiva data de 2021. Los cálculos incluidos en esas iniciativas señalan que cada asociación recibe entre $2,5 millones y $3,5 millones anuales, distribuidos en dos cuotas, con la dificultad adicional de que en distritos extensos el dinero debe repartirse entre el cuartel central y sus destacamentos.
Minnaard presentó una propuesta para elevar el techo a $700 millones y establecer una actualización anual automática. En el Senado, Juan Manuel Rico Zini impulsó otro proyecto que también lleva el máximo a $700 millones, pero plantea ajustarlo mediante el IPC del INDEC, revisar el monto a mitad de año ante determinados niveles de inflación y aplicar intereses compensatorios por demoras.
El 5 de agosto, representantes de distintos bloques y autoridades de las tres federaciones bonaerenses se reunieron en Diputados con la intención de acercar esas propuestas y avanzar hacia un texto común. Participaron, entre otros, Minnaard, Miranda, la senadora Nerina Neumann y representantes del equipo de la senadora Analía Balaudo.
El sirenazo vuelve ahora a superponer las dos discusiones: mientras los cuarteles reclaman a Nación los recursos pendientes de la Ley 25.054, en territorio bonaerense continúa la negociación para darle mayor previsibilidad al financiamiento provincial. El último intento legislativo apunta a consensuar con las federaciones una modificación de la Ley 14.761 que eleve el monto disponible y evite que vuelva a quedar congelado frente al aumento de los costos.