Una demanda contra Mercado Pago podría alcanzar a siete millones de usuarios
Mercado Pago enfrenta una demanda por el presunto cobro de intereses abusivos que, según los cálculos de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), superarían el 1.300% anual. El reclamo busca que la Justicia examine los montos aplicados y determine si corresponde restituir sumas que la organización considera cobradas indebidamente.
La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, a partir de los casos de dos consumidoras. La acción está dirigida contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago, y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
El cuestionamiento se concentra en el costo del financiamiento otorgado a las usuarias. La asociación sostiene que los intereses alcanzaron niveles desproporcionados y solicita una revisión judicial de esos cobros. El porcentaje denunciado corresponde a las mediciones realizadas por la entidad demandante.
Qué solicita la asociación de consumidores
El planteo comprende los intereses cobrados durante los últimos tres años. ACFRA pretende que se revisen las operaciones cuestionadas y que, si la Justicia reconoce la existencia de importes percibidos indebidamente, se disponga su devolución.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos consumidores recurrieron al financiamiento para afrontar necesidades económicas concretas y terminaron asumiendo costos que la organización considera excesivos. Ese es uno de los argumentos con los que la entidad fundamenta su reclamo.
El posible alcance a otros usuarios
Aunque la demanda se originó en dos casos individuales, la asociación busca que una eventual resolución favorable tenga efectos sobre otros usuarios que se encuentren en condiciones similares. Según sus estimaciones, ese universo podría alcanzar a aproximadamente siete millones de personas en la Argentina.
La cifra expresa el alcance potencial que ACFRA atribuye al reclamo. No implica que ese número de usuarios tenga reconocido un derecho a recibir dinero ni que se haya dispuesto una restitución general.
La pretensión combina así dos objetivos: revisar los intereses cuestionados y extender los posibles efectos de una decisión favorable. Tanto las devoluciones solicitadas como el alcance que puedan tener dependerán de la resolución judicial.