Denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas integra un proyecto del RIGI
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió explicaciones al Gobierno por la participación de Harbour Energy en Southern Energy, la sociedad que obtuvo la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un proyecto de licuefacción y exportación de gas natural desde Río Negro.
El cuestionamiento está relacionado con los antecedentes de Harbour Energy en la explotación hidrocarburífera vinculada con las Islas Malvinas. Según planteó Ferraro, la compañía británica es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre Premier Oil PLC y que fue sancionada por el Estado argentino.
La Resolución 481 de la Secretaría de Energía, dictada en septiembre de 2013, inhabilitó a Premier Oil PLC durante 15 años para desarrollar actividades en la República Argentina por realizar operaciones hidrocarburíferas en la plataforma continental, en zonas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas. La sanción original se extiende hasta 2028.
Harbour Energy tiene el 15% de Southern Energy
Ferraro sostuvo que Premier Oil PLC y Harbour Energy PLC no serían sociedades distintas, sino la misma persona jurídica bajo un único registro, después de un cambio de denominación concretado en 2021. A partir de esa interpretación, planteó que la inhabilitación impuesta en 2013 alcanzaría también a Harbour Energy.
Harbour Energy posee una participación del 15% en Southern Energy. La sociedad está integrada además por Pan American Energy, con el 30%; YPF, con el 25%; Pampa Energía, con el 20%; y Golar LNG, con el 10%.
Southern Energy consiguió la adhesión al RIGI mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. La medida aprobó su “Proyecto de Licuefacción de Gas Natural” como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del sector Petróleo y Gas.
El proyecto contempla una inversión total declarada de US$6.878 millones. De ese monto, US$2.825 millones corresponden a inversiones en activos computables dentro del RIGI para sus dos primeras etapas. La iniciativa prevé una capacidad de producción de gas natural licuado de entre 1,5 millones y 2,2 millones de toneladas anuales.
La resolución también habilitó para Southern Energy los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen de grandes inversiones. La fecha de adhesión del proyecto fue fijada en el 28 de abril de 2025.
El planteo aparece después de los anuncios del Gobierno por Malvinas
La denuncia quedó atravesada por las medidas anunciadas en los últimos días por el Gobierno contra las compañías relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Como informó GrupoLaProvincia.com, el Gobierno anunció la reglamentación de la Ley 26.659 para acelerar los mecanismos de sanción y la incorporación de declaraciones juradas en trámites vinculados al RIGI. También anticipó un proyecto de ley destinado a endurecer y ampliar las penalidades.
La administración nacional informó además el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. El procedimiento abarcaría no solo a las empresas directamente involucradas, sino también a accionistas y prestadores de servicios.
Frente a ese escenario, Ferraro reclamó explicaciones a Luis Caputo y Pablo Quirno sobre la situación de Harbour Energy y su participación en un proyecto incorporado al RIGI.
El punto central que plantea el legislador es determinar si la inhabilitación impuesta a Premier Oil continúa alcanzando a la actual Harbour Energy y, en consecuencia, qué evaluación hizo el Estado al aprobar la incorporación de Southern Energy al régimen de incentivos.