“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”: la Iglesia endurece el reclamo contra el Gobierno nacional
La Iglesia Católica llevó sus reclamos por discapacidad directamente al Congreso, donde este miércoles se discuten dos caminos diferentes para el sector: extender durante todo 2027 la emergencia vigente o avanzar con la propuesta impulsada por La Libertad Avanza y bloques aliados para reemplazar ese régimen por una legislación permanente.
Representantes del área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) mantuvieron reuniones con distintos bloques parlamentarios y reservaron sus cuestionamientos más duros para el encuentro con legisladores oficialistas.
“Por tener superávit fiscal no se puede tener bancarrota humana”, plantearon durante la reunión con diputados de La Libertad Avanza y aliados, en una referencia al criterio de equilibrio de las cuentas públicas defendido por la Casa Rosada.
La Iglesia aclaró que no acordó políticamente con ningún bloque ni se pronunció formalmente a favor o en contra de todo el nuevo dictamen. Sin embargo, volvió a pedir que la Ley 27.793 sea prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 y reclamó modificaciones al capítulo de discapacidad incluido en el Presupuesto del próximo año.
La Iglesia pide mantener la emergencia
El reclamo episcopal parte de un argumento concreto: la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad comenzó a implementarse de manera efectiva recién durante 2026 y después de una intervención judicial.
La norma había sido aprobada por el Congreso en 2025, vetada en su totalidad por Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras con mayorías suficientes para rechazar ese veto. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el propio texto habilita una prórroga por un año adicional.
El Gobierno sostuvo inicialmente que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes específicas de financiamiento. Sin embargo, en diciembre de 2025 el Juzgado Federal de Campana declaró inválida esa suspensión y ordenó aplicar inmediatamente la ley.
El Ejecutivo apeló aquella sentencia, pero finalmente reglamentó la norma mediante el Decreto 84/2026, firmado en febrero. Ese recorrido es ahora uno de los fundamentos del reclamo eclesiástico.
“Esta ley comenzó a aplicarse recién en 2026, de manera parcial y por orden judicial”, señalaron desde la Iglesia, que además pidió que su vencimiento no permita desconocer derechos reconocidos ni obligaciones económicas generadas durante su vigencia.
Pensiones, empleo y cobertura de salud
Uno de los principales focos de preocupación son las pensiones. El dictamen negociado por La Libertad Avanza y sectores aliados incorporó algunos puntos que estaban contemplados en la emergencia: mantiene una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, permite compatibilizarla con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos y conserva el nomenclador de prestaciones.
Esos cambios representan una modificación respecto del texto original enviado por el Ejecutivo dentro del Presupuesto 2027, que proponía volver a un sistema vinculado con la invalidez laboral y establecía mayores restricciones para compatibilizar una pensión con un empleo registrado.
Pero para la Iglesia las correcciones siguen siendo insuficientes. La CEPAS advirtió especialmente sobre la posibilidad de dividir el sistema de pensiones en dos categorías, con derechos diferentes según el grado de discapacidad y la posibilidad de inserción laboral.
Según el planteo episcopal, quienes presentan mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo podrían quedar justamente en una situación de menor protección, sin posibilidad de compatibilizar prestaciones y empleo y con incertidumbre sobre la cobertura sanitaria.
La advertencia apunta a personas que, aun cuando logran acceder a algún tipo de trabajo, muchas veces necesitan acompañamiento y perciben ingresos insuficientes para cubrir de manera autónoma tratamientos, medicamentos, transporte y otros gastos vinculados con su condición.
“Estigmatizar a un grupo vulnerable me duele mucho”
El cuestionamiento fue reforzado desde Roma por el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, una de las voces de la Iglesia que viene siguiendo el debate. Lozano sostuvo que eventuales irregularidades en el otorgamiento de beneficios deben ser investigadas y sancionadas, pero rechazó que esas situaciones sean utilizadas para extender sospechas sobre todo el universo de personas que reciben asistencia.
“Estigmatizar a un grupo vulnerable me duele mucho”, afirmó. El arzobispo sostuvo que existen familias atravesadas por dificultades cotidianas vinculadas con tratamientos, traslados, educación e inclusión y pidió que esas situaciones sean contempladas al momento de diseñar las políticas públicas.
También reclamó diálogo y consensos frente a problemas que calificó como dramáticos y sostuvo que las decisiones estatales impactan directamente tanto en la atención sanitaria como en las posibilidades de inclusión educativa.
La Pastoral Social incorporó ese mismo punto en sus reclamos al Congreso: pidió que las denuncias sobre irregularidades estén respaldadas por información verificable para evitar que casos particulares terminen convirtiéndose en una acusación general contra los beneficiarios.
Otro de los números que quedó en el centro del planteo corresponde a los trámites todavía sin resolver. La Iglesia reclamó al Poder Ejecutivo que establezca un plazo para responder más de 200.000 solicitudes de pensión pendientes, que según la CEPAS abarcan expedientes acumulados durante todo 2026.
También pidió que la Secretaría Nacional de Discapacidad publique periódicamente información sobre altas, bajas y suspensiones de beneficios.
El reclamo se combina con las controversias por las auditorías implementadas durante la gestión libertaria y por la situación de personas cuyas prestaciones fueron suspendidas o quedaron sometidas a procesos de revisión.
La reglamentación dictada en febrero estableció un procedimiento de conversión y verificación de las pensiones existentes. El propio Gobierno dispuso que, mientras se desarrolla ese proceso, los beneficiarios alcanzados continúen cobrando hasta que exista una decisión administrativa definitiva.
La advertencia por suspensiones
El Episcopado también objetó uno de los mecanismos previstos en la propuesta oficialista para revisar prestaciones. Según el documento difundido tras el encuentro con los legisladores, el nuevo régimen podría habilitar la suspensión de una pensión a partir de cruces de información antes de escuchar al beneficiario, sin establecer plazos suficientemente claros para resolver el procedimiento.
La Iglesia pidió mayores garantías administrativas y mecanismos que permitan a las personas ejercer su derecho de defensa antes de perder una prestación.
La otra parte del conflicto alcanza a las instituciones y profesionales que brindan servicios. La emergencia establece mecanismos vinculados con la actualización de aranceles del sistema de prestaciones y contempla una compensación extraordinaria para prestadores por servicios brindados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. El trámite para solicitar esos fondos continúa habilitado oficialmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Sin embargo, la Iglesia reclamó que el nuevo esquema otorgue certezas sobre plazos de pago, actualización de deudas y continuidad de las compensaciones.
Según el planteo de la CEPAS, el dictamen que impulsa el oficialismo no define fechas precisas para cancelar esas obligaciones y mantiene interrogantes sobre prestadores que quedaron excluidos de determinados mecanismos de compensación.
Durante la reunión parlamentaria, legisladores libertarios transmitieron que las compensaciones estaban preparadas para comenzar a pagarse, aunque los representantes eclesiásticos remarcaron que no existe un acuerdo cerrado sobre el conjunto de los reclamos.
El Presupuesto 2027, otro punto de choque
La discusión excede la continuidad formal de la emergencia. La Pastoral Social reclamó cambios en el Presupuesto 2027 para garantizar recursos suficientes destinados a prestaciones, pensiones y cobertura médica.
Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el proyecto enviado por el Ejecutivo modificó aspectos estructurales del régimen: condiciones para percibir pensiones, compatibilidad con el empleo, funcionamiento del nomenclador y cobertura sanitaria.
Uno de los puntos observados es el programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médico-asistencial a titulares de pensiones que no cuentan con otra obra social.
Las proyecciones analizadas en el debate presupuestario muestran un incremento nominal de fondos, pero una caída real estimada del 13,9% para ese programa frente a 2026. Esa discusión es particularmente sensible porque el propio esquema oficial prevé atender a más beneficiarios durante el próximo ejercicio.