Colón, entre el abandono y los tribunales: la Justicia le dio un ultimátum a Waldemar Giordano
La Justicia le puso un plazo a la Municipalidad de Colón: deberá reparar y conservar con una periodicidad razonable los caminos rurales que permiten acceder al establecimiento La Querencia SA. La administración encabezada por Waldemar Giordano tendrá 60 días para cumplir una sentencia que profundiza los cuestionamientos sobre el mantenimiento de la red vial y el destino de la tasa que pagan los productores.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Pergamino después de un litigio iniciado en 2017. Aunque el expediente comenzó durante la gestión del exintendente Ricardo Casi, la ejecución quedó ahora en manos de Giordano, quien gobierna el distrito desde diciembre de 2023.
El fallo no aparece aislado. Días antes de que trascendiera la decisión judicial, más de 70 productores independientes y representantes de la Sociedad Rural de Colón habían formalizado un pedido para conocer cuánto recauda el Municipio por la tasa vial, cómo distribuye esos recursos y qué partidas destina efectivamente a la reparación de los caminos.
El conflicto comenzó cuando La Querencia reclamó por las condiciones de los accesos a su establecimiento, de aproximadamente 591 hectáreas. La presentación judicial avanzó durante casi nueve años hasta llegar a la sentencia dictada el 25 de junio.
La resolución ordena al Municipio realizar los trabajos necesarios y sostener luego un mantenimiento razonable. El punto resulta relevante porque no se limita a una intervención excepcional: obliga a garantizar condiciones de transitabilidad que no vuelvan a deteriorarse inmediatamente después de las tareas.
El problema excede el ingreso a una explotación particular. Los caminos rurales son utilizados para sacar la producción, trasladar insumos, conectar viviendas y permitir la llegada de estudiantes a las escuelas. También resultan indispensables para ambulancias, patrulleros y servicios de emergencia.
Productores de Colón advirtieron que algunos sectores representan directamente un riesgo para quienes circulan. “Hace 25 años que los caminos son un desastre y nosotros queremos caminos, no queremos otra cosa”, resumió Estanislao Villalón, representante del grupo de autoconvocados, en declaraciones a NewsDigitales.
El productor también recordó un accidente que habría ocurrido por el deterioro de unos tubos y alertó sobre el impacto que podrían tener nuevas lluvias. La preocupación aumenta ante los pronósticos climáticos para los próximos meses y la posibilidad de que los excesos hídricos vuelvan intransitables sectores utilizados para retirar la cosecha.
La tasa vial, bajo la lupa
Mientras Giordano deberá ejecutar la sentencia, los ruralistas esperan documentación sobre el manejo de los recursos municipales. El reclamo incluye datos sobre la recaudación de la tasa, los gastos realizados y los fondos adicionales disponibles para mantener la infraestructura.
El gobierno local sostiene que durante 2026 destinó más de $800 millones a la red vial rural. En esa cifra incluye combustible, personal, materiales, reparación de maquinaria y logística. Los productores no dan por válida ni rechazan todavía esa suma: primero quieren acceder a los comprobantes y analizar cómo fue ejecutada.
La discusión también alcanza el mecanismo utilizado para calcular el tributo. La gestión de Giordano aplica un esquema progresivo de siete categorías, mediante el cual el importe por hectárea aumenta de acuerdo con la superficie de cada establecimiento.
El Ejecutivo argumenta que el sistema protege a los pequeños y medianos propietarios y afirma que el 85% de los campos del distrito tiene hasta 100 hectáreas. También sostiene que los valores aplicados a explotaciones de hasta 400 hectáreas están por debajo de los vigentes en Pergamino, Salto, Arrecifes y Rojas.
Los productores cuestionan esa explicación porque consideran que una tasa debe mantener relación directa con el costo del servicio prestado. También objetan que el cálculo tome como referencias combinadas el precio del gasoil y el de la carne.
“El hecho de que sea progresiva se mete con tu producción y eso no corresponde, porque es una tasa para arreglar los caminos”, planteó Villalón.
Giordano ya recibió a representantes del sector y propuso crear una comisión integrada por productores, funcionarios municipales y personal de Vialidad. El espacio tendría como objetivo elaborar un diagnóstico y discutir un plan de recuperación de la red.
Los ruralistas aceptaron evaluar la propuesta, pero condicionaron su participación a la entrega previa de la información solicitada. Sin documentación, sostienen, no es posible determinar cuánto dinero existe, qué trabajos pueden realizarse ni qué prioridades deberían establecerse.
La tensión entre Giordano y la Sociedad Rural de Colón no nació con su llegada a la intendencia. Cuando era concejal, el actual jefe comunal participó del reclamo para poner fin a la concesión de un predio que la entidad utilizaba desde hacía alrededor de medio siglo.
La decisión derivó en la pérdida del espacio donde se realizaba la tradicional Expo Rural de Colón. Según el vicepresidente de la entidad, José Manfredini, el terreno continúa sin utilización.
“De muy mala forma nos dijeron que nos teníamos que ir. Por el odio al campo, no nos renovaron la concesión y hoy el terreno sigue en desuso”, cuestionó el dirigente rural. La afirmación pertenece a Manfredini y expresa la interpretación del sector sobre aquel episodio.
El antecedente deterioró un vínculo que ahora vuelve a quedar atravesado por la discusión sobre caminos, impuestos y acceso a la información pública.
Agua, cloacas, basurales y tasas: los otros frentes de Giordano
La red vial no es el único problema que acumula la administración municipal. GRUPOLAPROVINCIA.COM viene informando sobre los reclamos vecinales por falta de agua, pérdidas en la red, cloacas colapsadas, desagües insuficientes e inundaciones urbanas.
La concejal opositora Milagros Morales denunció tiempo atrás que el presupuesto municipal no contemplaba una planificación integral para renovar la infraestructura. También advirtió que la expansión urbana avanzaba sin respuestas equivalentes en servicios básicos y que distintas zonas quedaban anegadas cada vez que se registraban precipitaciones intensas.
A ese panorama se sumaron cuestionamientos por el aumento de las tasas. La oposición judicializó el tributo municipal sobre los combustibles y denunció subas de entre el 300% y el 400% en el alumbrado público para comercios y pequeñas empresas con alto consumo eléctrico.
La persistencia del basural a cielo abierto, la formación de microbasurales, la inseguridad y la falta de una conducción estable en el hospital municipal completaban la agenda de cuestionamientos.