Seguridad bonaerense: una licitación por $420 millones entra en escena entre reclamos y presión legislativa
El Ministerio de Seguridad bonaerense puso en marcha una licitación privada por $420.818.791,62 para adquirir equipamiento e insumos de red e informáticos, una contratación que aparece en medio de una discusión cada vez más intensa sobre los recursos destinados al área, los reclamos de los municipios y la presión opositora para que el ministro Javier Alonso dé explicaciones en la Legislatura.
El procedimiento fue autorizado el 10 de septiembre mediante la Resolución 85-SSTAYLMSGP-2026, firmada por el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Carlos Daniel Herrera. Se trata de la Licitación Privada 7/26, identificada en Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) como 170-0863-LPR26, a pedido de la Dirección General de Informática de la cartera.
La compra se divide en 55 renglones y contempla dos plazos. Para los ítems 1 a 8, 20 y 23 a 55 se fijaron 60 días corridos desde la formalización del contrato; para los renglones 9 a 19, 21 y 22, el plazo será de 30 días. La Dirección General de Informática quedará además como contraparte contractual y deberá controlar el cumplimiento del eventual adjudicatario.
Una contratación que puede ampliarse hasta 100%
Uno de los puntos centrales de la resolución aparece en el artículo 6: la provisión podrá aumentarse hasta en un 100%, de acuerdo con el régimen de contrataciones bonaerense y las condiciones particulares de la licitación.
Esto no significa que exista actualmente una autorización para gastar automáticamente el doble. Se trata de una facultad prevista para ampliar la provisión contratada. Si se utilizara en su máxima extensión y bajo las condiciones correspondientes, el monto involucrado podría pasar de los $420,8 millones iniciales a aproximadamente $841,6 millones.
La convocatoria se canalizará mediante PBAC. Podrán ofertar quienes hayan descargado el pliego y cumplan con la documentación requerida, mientras que la Dirección de Compras y Contrataciones tendrá a su cargo definir la fecha y hora de apertura de las propuestas.
El gasto será afrontado con partidas del Presupuesto General 2026. La resolución distribuye los $420,8 millones entre diferentes conceptos presupuestarios y encuadra el procedimiento en el artículo 17 de la Ley 13.981 y su reglamentación.
El acto administrativo, sin embargo, no individualiza en su cuerpo qué productos integran cada uno de los 55 renglones. Para ese nivel de detalle remite a las Especificaciones Técnicas y al Detalle de Renglones incorporados al pliego PLIEG-2026-28640241-GDEBA-DCYCMSGP.
Alonso, entre la Legislatura y el cruce con Nación
La decisión administrativa llega mientras la política de seguridad bonaerense quedó nuevamente en el centro de la disputa pública. La Libertad Avanza presentó en ambas cámaras un pedido para que Javier Alonso comparezca ante el Senado y explique las medidas adoptadas por el gobierno de Axel Kicillof frente a los últimos episodios violentos registrados en el Conurbano.
El planteo opositor cuestiona la disponibilidad de estadísticas, mapas del delito y datos sobre despliegue policial. Alonso respondió en los últimos días rechazando la caracterización de una escalada generalizada y sostuvo que las cifras oficiales muestran, en determinados distritos señalados por la oposición, menos homicidios que durante el año anterior. También acusó a sectores políticos y mediáticos de amplificar episodios violentos para instalar una percepción distinta a la que, según afirmó, muestran los registros.
La discusión también volvió a enfrentar a Provincia y Nación. Alonso defendió la inversión bonaerense en patrulleros, equipamiento, infraestructura y personal, y sostuvo que el gobierno provincial debió sostener con recursos propios erogaciones afectadas por la interrupción de transferencias nacionales. Desde la administración de Kicillof aseguran que parte del conflicto financiero con la Casa Rosada alcanza directamente al área de Seguridad.
La posición nacional es otra: el oficialismo libertario rechaza que el problema pueda atribuirse al recorte de transferencias y reclama que la Provincia revise sus prioridades presupuestarias. El contrapunto se trasladó incluso a las estadísticas criminales, con acusaciones cruzadas sobre homicidios, robos violentos y resultados de las políticas desplegadas.
Los municipios también ponen presión sobre los recursos
A esa pelea se sumaron reclamos desde los propios municipios. Uno de los casos más recientes surgió en José C. Paz, donde la administración local pidió un refuerzo de la presencia policial después del asesinato de un joven de 23 años y aseguró que sostiene con fondos municipales parte de la estructura operativa vinculada a la seguridad.
La comuna informó que dispone de más de 250 agentes y 70 vehículos de la Patrulla Urbana Municipal, además de un Centro de Operaciones propio, y planteó que también afronta combustible y reparaciones de móviles de la Policía Bonaerense. El reclamo coincide con un proyecto del senador Mario Ishii para que esos gastos queden exclusivamente a cargo del Ministerio de Seguridad provincial.
En paralelo, la tecnología volvió a mostrar su peso operativo en investigaciones recientes. El seguimiento mediante registros de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Junín permitió reconstruir el recorrido de sospechosos de una estafa contra una mujer de 79 años en Vedia y avanzar hasta la detención de dos hombres en Chacabuco. El caso no está vinculado con la licitación recién autorizada, pero exhibe el lugar que las herramientas tecnológicas ya ocupan en tareas de prevención e investigación.
La nueva contratación del Ministerio se incorpora así a un escenario en el que la discusión por la seguridad ya no pasa únicamente por las estadísticas del delito: también alcanza el financiamiento, el equipamiento, la distribución de costos entre Provincia y municipios y el control político sobre las decisiones del área.