Inseguridad y fuego cruzado: Nación y Provincia se disputan responsabilidades entre estadísticas, fondos y reclamos de intendentes

Un episodio ocurrido frente a una escuela de El Palomar, donde un hombre que llevaba a su hija fue atacado durante un intento de robo, desató un fuerte intercambio entre la senadora nacional Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

El cruce comenzó cuando la exministra nacional utilizó el caso para apuntar contra el gobernador Axel Kicillof, cuestionar la política de seguridad provincial y vincular el episodio con la suspensión judicial del nuevo Régimen Penal Juvenil.

“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror?”, planteó Bullrich. La dirigente libertaria sostuvo que los hechos violentos se repiten diariamente en el Conurbano y reclamó una respuesta pública del mandatario provincial.

Alonso salió a responderle directamente. Le pidió que no fuera “contradictoria”, contrapuso sus críticas con las estadísticas difundidas por el propio Gobierno nacional y trasladó parte de la responsabilidad a la Casa Rosada por el recorte de recursos y las dificultades para controlar el ingreso de drogas a través de las fronteras.

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Alonso le respondió a Bullrich: “No sea contradictoria”

El ministro bonaerense cuestionó que Bullrich describiera un escenario dominado por la “violencia y el terror” mientras el Gobierno nacional presenta a la Argentina como uno de los países más seguros de la región.

“Patricia, no sea contradictoria. Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy, Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?”, expresó Alonso.

El funcionario se refirió a Alejandra Monteoliva, actual responsable del área de Seguridad nacional, y señaló que los indicadores utilizados por la Casa Rosada también incorporan el trabajo de las fuerzas provinciales.

Alonso defendió la presencia del Gobierno bonaerense en los 135 municipios y aseguró que la gestión provincial sostiene inversiones en patrulleros, equipamiento, infraestructura y personal pese a la interrupción de transferencias nacionales.

“Dejen la chicana, trabajen y devuélvanles a los bonaerenses los miles de millones de dólares que les quitaron. Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una Provincia más segura”, afirmó.

El ministro también llevó el contrapunto al control de las fronteras, una competencia federal. Sostuvo que la droga que llega al territorio bonaerense debe recorrer miles de kilómetros y acusó a la Nación de no impedir su ingreso.

“Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, lanzó Alonso.

Patricia, no sea contradictoria.

Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?

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— Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 10, 2026

La respuesta no cerró la discusión. Bullrich volvió a dirigirse públicamente a Kicillof y afirmó que la inseguridad bonaerense no puede ser presentada como una construcción de las redes sociales o de los medios de comunicación.

La senadora aseguró que el índice de homicidios en los municipios del Conurbano duplica los registros del resto de la Provincia y del promedio nacional. También afirmó que los robos violentos crecieron más de un 150% durante el último año.

“Esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas”, señaló la exministra, antes de repetir una de las consignas centrales del discurso libertario: “El que las hace, las paga”.

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Alonso respondió nuevamente y aseguró que la provincia de Buenos Aires tiene “la cifra más baja de homicidios de su historia”. También afirmó que la gestión de Kicillof lleva adelante “la mayor inversión en seguridad” realizada en territorio bonaerense.

“La inversión en seguridad que su Presidente le negó a la Provincia fue afrontada por nuestro Gobernador, reasignando partidas para sostener los recursos que necesitaban los bonaerenses”, sostuvo. El funcionario resumió la posición oficial con una comparación directa: “Mientras ustedes recortan, nosotros invertimos. Mientras ustedes hablan, nosotros ponemos patrulleros en la calle”.

Los fondos, otro capítulo del enfrentamiento

La discusión sobre los recursos ocupa un lugar central en la defensa bonaerense. El Gobierno de Kicillof sostiene que la Nación mantiene una deuda multimillonaria con la Provincia por transferencias interrumpidas, programas discontinuados y fondos específicos que dejaron de llegar desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Parte de ese reclamo alcanza directamente a la seguridad. La Provincia afirma que debió absorber con recursos propios gastos que anteriormente contaban con asistencia federal, mientras sostiene un despliegue policial que cubre los 135 municipios.

Ese planteo forma parte de un conflicto financiero más extenso. Kicillof llevó a la Corte Suprema el reclamo por los recursos que considera adeudados y buscó sumar a los intendentes a la estrategia. La Provincia sostiene que el recorte nacional golpea sus cuentas en un momento en el que los municipios reclaman más patrulleros, combustible, personal y mantenimiento de móviles.

La Casa Rosada rechaza ese argumento y acusa a la gestión bonaerense de conservar una estructura política sobredimensionada. Para el oficialismo nacional, la Provincia debería revisar sus prioridades presupuestarias antes de atribuir sus problemas de seguridad a la falta de transferencias federales.

Los intendentes también reclaman respuestas

El contrapunto entre Bullrich y Alonso se produjo mientras crecen las demandas de los propios jefes comunales. Los reclamos atraviesan las fronteras partidarias e incluyen a intendentes peronistas, radicales y del PRO.

Los municipios advierten que buena parte de la presión vecinal recae sobre las administraciones locales, aunque la conducción de la Policía Bonaerense y la definición de la política criminal dependen de la Provincia. Ante esa tensión, distintos alcaldes comenzaron a reclamar mayor intervención en la organización operativa de la seguridad.

GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había detallado el impulso de intendentes de diferentes espacios para crear policías locales con mayor autonomía. La propuesta apunta a que los municipios puedan intervenir en la selección de autoridades, el despliegue territorial y la definición de prioridades, acompañados por un esquema estable de financiamiento.

Aquella discusión obligó al Ejecutivo provincial a evaluar cambios en la Ley de Seguridad Pública. El proyecto analiza una nueva distribución de responsabilidades entre la Provincia y los municipios, aunque todavía debe resolver uno de los principales obstáculos: quién aportará el dinero para sostener las nuevas estructuras.

DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS.

Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil.

Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace.

Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 5, 2026

El régimen juvenil agravó el choque

Bullrich también utilizó el episodio de El Palomar para cuestionar la decisión judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La dirigente habló de una “jueza garantista” y sostuvo que, si los responsables fueran menores, podrían recuperar la libertad.

La Provincia viene advirtiendo que la implementación del nuevo esquema requiere centros especializados, personal capacitado, infraestructura, dispositivos de seguimiento y partidas presupuestarias que la Nación no garantizó.

José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, señaló que Buenos Aires concentra casi el 40% de la población argentina pero tiene el 63% de los menores de 18 años privados de su libertad del país. Según el funcionario, la incorporación del nuevo grupo etario prácticamente duplica la población potencial alcanzada por el sistema provincial.

Cuestionó, además, el plazo de 180 días previsto para poner en funcionamiento el esquema y sostuvo que una modificación de esta magnitud requería coordinación previa con las provincias. El desafío, remarcó, no se reduce a disponer lugares de alojamiento: demanda asistentes socioeducativos, infraestructura y articulación permanente con los sistemas de salud y educación.