Imputabilidad a los 14 años: la Provincia llega a una audiencia clave con el nuevo régimen penal juvenil bajo examen
La discusión por el nuevo Régimen Penal Juvenil tendrá este miércoles un capítulo decisivo en la provincia de Buenos Aires. A las 10, funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán presentarse ante la Justicia para explicar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para aplicar la Ley 27.801, que fijó la responsabilidad penal desde los 14 años. La audiencia pondrá bajo examen uno de los puntos centrales de la controversia: si el sistema provincial cuenta con infraestructura, capacidad institucional y equipos suficientes para afrontar el cambio.
La convocatoria fue dispuesta después de que Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, suspendiera preventivamente durante 60 días la aplicación de la norma en territorio bonaerense.
La magistrada intervino a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y centró su decisión en las condiciones materiales y profesionales disponibles ante la eventual incorporación al sistema de adolescentes de 14 y 15 años.
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada en marzo. El régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y contempla un sistema diferenciado del de adultos, con medidas alternativas al encierro y privación de la libertad como medida excepcional. Su reglamentación nacional fue aprobada a comienzos de septiembre.
Las 348 plazas y el plan que deberá mostrar la Provincia
El Gobierno bonaerense llega a la audiencia con un argumento concreto: sostiene que viene ejecutando un plan para ampliar y acondicionar la infraestructura penal juvenil, aunque advierte que la reforma nacional fue sancionada sin financiamiento específico para las provincias.
José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, precisó que el sistema bonaerense dispone actualmente de 348 plazas y aseguró que concentra una porción mayoritaria de los adolescentes menores de 18 años privados de libertad en el país. El funcionario anticipó además que la administración provincial no plantea desconocer la ley, sino garantizar que su aplicación no derive en hacinamiento.
El principal proyecto de ampliación está en Abasto, La Plata, donde se desarrolla un complejo compuesto por seis módulos: cinco destinados a alojamiento y uno a enfermería. También incluye una escuela interna y una cancha multipropósito. El esquema prevé sumar 100 nuevas plazas, con módulos de 20 lugares cada uno, y completar las entregas en forma escalonada.
A eso se agregan trabajos de refacción integral sobre dos módulos antiguos que habían dejado de utilizarse por su deterioro, con terminaciones previstas entre enero y febrero, y la recuperación de un predio del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia en La Matanza, que estaba destinado al ámbito penitenciario. La Provincia proyecta adecuarlo para el sistema juvenil y tenerlo operativo durante enero.
“No nos vamos a resignar a que la discusión sea cómo amontonar jóvenes”, planteó Zerillo al defender el criterio oficial. La posición bonaerense es que la incorporación de nuevos adolescentes al régimen debe realizarse en establecimientos específicos y con condiciones compatibles con educación, asistencia profesional y medidas de reinserción, en lugar de limitar la respuesta al aumento de lugares de encierro.
Una discusión que excede la cantidad de lugares
La audiencia no se limitará a contar camas disponibles. La resolución judicial abrió interrogantes sobre los equipos profesionales, dispositivos institucionales, establecimientos especializados y alternativas a la privación de libertad que deberán sostener el nuevo régimen.
La propia Ley 27.801 contempla supervisión profesional, medidas alternativas, procesos especializados y establecimientos diferenciados para adolescentes. La reglamentación nacional también prevé equipos interdisciplinarios y mecanismos específicos de seguimiento.
Los números que circulan sobre jóvenes privados de libertad, además, exigen distinguir universos diferentes. Las 348 plazas informadas por la Subsecretaría corresponden al sistema provincial de responsabilidad penal juvenil.
Por otro lado, datos de la Comisión Provincial por la Memoria citados en los relevamientos sobre el tema contabilizan 1.530 jóvenes bajo distintas modalidades de privación de libertad, incluyendo establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense, arrestos o prisiones domiciliarias y otras situaciones.
Esa diferencia será uno de los puntos sensibles para dimensionar cuál podría ser el impacto real de incorporar a adolescentes de 14 y 15 años, algo que el fallo de Pascual consideró necesario evaluar antes de habilitar plenamente la aplicación del nuevo esquema.
La cautelar sigue otra vía y crece la pelea política
Mientras se prepara la audiencia, la suspensión también está siendo revisada por una instancia superior. El fiscal Hernán Ceruti, del fuero penal juvenil de Lomas de Zamora, apeló el fallo y pidió que la Cámara determine si corresponde mantener la cautelar durante los 60 días fijados o permitir la aplicación de la nueva legislación.
La decisión judicial provocó además una ofensiva política contra Pascual. Se presentaron pedidos de jury impulsados por el diputado provincial de Hechos Manuel Passaglia, el senador del PRO Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi. También hubo cuestionamientos de La Libertad Avanza y una denuncia penal promovida por Usina de la Justicia.
La controversia llegó también a la Legislatura. El PRO reactivó un proyecto presentado meses atrás para adecuar las normas bonaerenses al nuevo régimen nacional, mientras el senador Pablo Petrecca formuló un pedido de informes para conocer capacidad y ocupación de los centros, obras previstas, protocolos ante una eventual falta de lugares y situación de los equipos del fuero.
Antes de que esas discusiones avancen, el foco estará puesto este miércoles en la información que lleve el Ejecutivo bonaerense ante la Justicia. La audiencia deberá exponer cuánto avanzaron las adecuaciones realizadas durante el período de transición y qué capacidad concreta tendría la Provincia para incorporar a los adolescentes que quedarían alcanzados por la nueva legislación.