Imputabilidad a los 14 años: apelaron la suspensión y crecen los pedidos de jury contra Marta Pascual

La suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires abrió una disputa que ya excede la resolución de primera instancia. El fallo de la jueza Marta Elba Pascual, que dejó en pausa durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense, fue apelado por un fiscal, acumuló anuncios y presentaciones para impulsar su enjuiciamiento y reactivó en la Legislatura el debate sobre cómo adaptar el sistema provincial a la nueva normativa nacional.

Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, intervino a partir de un habeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada fundamentó la medida en las condiciones materiales, institucionales y profesionales disponibles para afrontar una eventual ampliación de la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal.

La Ley 27.801 modificó el régimen nacional y redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Pascual no planteó públicamente una oposición a esa decisión legislativa: posteriormente sostuvo que la política criminal corresponde al Congreso y que su objeción está vinculada con las herramientas disponibles para implementarla. “No estoy arrepentida”, afirmó al defender la cautelar.

La apelación abre una nueva instancia judicial

El primer movimiento contra el fallo llegó desde el propio fuero penal juvenil. Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló la decisión y pidió que una instancia superior revise los fundamentos empleados para suspender el régimen.

La presentación busca que la Cámara determine si corresponde mantener la cautelar durante los 60 días fijados por Pascual o permitir que la nueva legislación continúe aplicándose. Ese trámite agrega ahora una vía estrictamente judicial a una controversia que, desde que se conoció la resolución, quedó atravesada también por una ofensiva política contra la magistrada.

La Libertad Avanza fue uno de los primeros espacios en anunciar que promovería su enjuiciamiento. La iniciativa fue impulsada por el presidente partidario bonaerense, Sebastián Pareja, mientras legisladores del espacio comenzaron a trabajar sobre la presentación. El presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, y su par de Diputados, Juan Osaba, también cuestionaron públicamente el fallo.

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El PRO avanzó por dos vías. En Diputados, el bloque encabezado por Alejandro Rabinovich presentó un proyecto de repudio a la suspensión. En el Senado, Guillermo Montenegro anunció un pedido de jury contra Pascual con el argumento de que las deficiencias del sistema provincial no deberían impedir la aplicación de una norma aprobada por el Congreso.

A ese frente se sumó el diputado bonaerense de Hechos Manuel Passaglia, quien informó que avanzó con una denuncia contra la jueza. Su planteo cuestiona, entre otros aspectos, que una magistrada de primera instancia haya suspendido con alcance provincial una ley nacional mientras todavía estaba pendiente la discusión sobre la competencia y sin resolver definitivamente las eventuales objeciones constitucionales.

La ofensiva libertaria puede abrir, además, una discusión dentro de un eventual Jurado de Enjuiciamiento. Las declaraciones públicas y el comunicado partidario contra Pascual no excluyen automáticamente a los legisladores abogados de LLA que pudieran resultar sorteados para integrarlo, pero la defensa podría intentar impugnarlos alegando una posición previa sobre el caso.

La pelea vuelve a la Legislatura

El conflicto también reactivó un proyecto que el PRO había presentado en abril para adecuar el sistema bonaerense al nuevo régimen nacional. La iniciativa propone modificar distintos artículos de la legislación provincial para compatibilizarlos con la Ley 27.801, pero hasta ahora no comenzó su recorrido por las comisiones.

El texto debería pasar por Asuntos Constitucionales y Acuerdos; Niñez, Adolescencia y Familia; Derechos Humanos y Garantías; y Legislación General antes de quedar en condiciones de llegar al recinto. El oficialismo peronista tiene mayoría en la mayoría de esos ámbitos, por lo que cualquier avance requerirá negociación política.

Desde el Senado, Pablo Petrecca, titular del bloque PRO, agregó otro capítulo con un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof. El legislador quiere conocer la cantidad y ocupación de los centros destinados a adolescentes, las obras previstas, los protocolos ante una eventual falta de plazas y la situación de juzgados, fiscalías, defensorías y equipos profesionales del fuero.

El planteo desplaza parte de la discusión hacia las condiciones concretas de aplicación: la oposición sostiene que los próximos 60 días deberían utilizarse para ampliar y adecuar la capacidad del sistema, mientras el fallo de Pascual tomó precisamente esas carencias como uno de los fundamentos para frenar preventivamente la implementación.

El respaldo a Pascual y su defensa del fallo

La avanzada por el jury encontró una respuesta en sectores vinculados con la Justicia y los derechos humanos. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora manifestó su respaldo a Pascual y advirtió que los cuestionamientos políticos pueden afectar la independencia judicial. El gremio destacó especialmente la obligación de prevenir vulneraciones de derechos de adolescentes privados de libertad.

La CTA Autónoma, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, rechazó que el mecanismo de enjuiciamiento sea utilizado para presionar a una magistrada por el contenido de una resolución. También cuestionó cualquier posibilidad de alojar adolescentes en establecimientos penitenciarios para adultos y reclamó que el régimen contemple educación, tratamiento especializado, reinserción y alternativas a la privación de libertad.

La propia Pascual buscó despegar su decisión de cualquier alineamiento con el Ejecutivo bonaerense. Dijo no tener relación política con Kicillof, se definió como garantista y sostuvo que no objeta que la edad haya sido fijada en 14 años si existen condiciones para aplicar las medidas previstas por la legislación. También señaló que el plazo de dos meses puede servir para desarrollar herramientas alternativas al encierro.

Mientras la Cámara debe resolver la apelación de Ceruti, la discusión seguirá moviéndose en otros dos terrenos: la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, donde pueden avanzar las denuncias contra Pascual, y la Legislatura bonaerense, donde la oposición busca instalar la adecuación del sistema penal juvenil y exigir respuestas sobre los recursos disponibles.