Colegios privados: ARCA reclama aportes y escala el conflicto entre ANSES y el IPS

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a intimar a colegios privados bonaerenses por aportes previsionales que no figuran ingresados al sistema nacional, pese a que algunos establecimientos ya derivaron esos fondos al Instituto de Previsión Social (IPS). La medida trasladó a las escuelas una disputa que enfrentaba a los gobiernos de Axel Kicillof y Javier Milei por el régimen jubilatorio de miles de trabajadores de la educación privada.

Las notificaciones reclaman el ingreso de obligaciones declaradas mediante el Formulario 931, utilizado por los empleadores para informar y liquidar aportes y contribuciones a la seguridad social. El organismo nacional tiene identificados establecimientos en situación de presunto incumplimiento por haber enviado recursos a la caja provincial, mientras el sector advierte que podría enfrentar exigencias por un mismo período desde dos jurisdicciones.

El conflicto se originó en el artículo 59 del Presupuesto bonaerense 2026, que modificó el régimen del IPS para incluir al personal no docente y a quienes realizan tareas docentes extracurriculares en instituciones privadas. Diez meses después de la promulgación de la norma, la discusión sigue sin una resolución judicial definitiva conocida.

De las advertencias a los reclamos de ARCA

Hasta ahora, una de las mayores preocupaciones de las instituciones era la posibilidad de que la Nación desconociera los pagos efectuados bajo el nuevo esquema provincial. Con las intimaciones, ese riesgo adquirió una dimensión administrativa concreta: las escuelas que comenzaron a aportar al IPS pueden recibir requerimientos nacionales por sumas que consideran ya abonadas en otra jurisdicción.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA) mantiene su posición de no modificar el régimen de pagos mientras la Justicia no determine qué normativa corresponde aplicar. Su secretario ejecutivo, Martín Zurita, sostiene que los colegios necesitan certeza sobre el destino de las obligaciones previsionales y rechaza que queden atrapados entre decisiones contradictorias de Nación y Provincia.

La eventual superposición preocupa por sus consecuencias sobre las finanzas de los establecimientos: podrían tener que responder a reclamos nacionales mientras procuran acreditar ingresos ya realizados ante el IPS. El problema comprende tanto la determinación de la caja jubilatoria correspondiente como el reconocimiento de las obligaciones que los empleadores consideran cumplidas.

AIEPA había advertido desde julio que el cambio podía alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores bonaerenses. La estimación incluye auxiliares, personal administrativo, empleados de maestranza y docentes que dictan actividades fuera de la planta curricular obligatoria. 

El artículo 59 y la disputa en dos tribunales

La reforma introducida en la Ley 15.557 amplió la afiliación obligatoria al IPS para docentes de tareas curriculares y extracurriculares y trabajadores no docentes de establecimientos privados reconocidos por la Dirección General de Cultura y Educación. El punto discutido es la incorporación al sistema bonaerense de categorías que hasta entonces realizaban aportes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El Gobierno nacional cuestionó la potestad provincial para disponer ese traspaso y acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación, impulsada a través del Ministerio de Capital Humano y ANSES con intervención de la Procuración del Tesoro, solicita que se declare inconstitucional el artículo y que se suspenda su aplicación mediante una medida cautelar.

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En paralelo, AIEPA promovió una acción ante la Suprema Corte bonaerense para impugnar la disposición y obtener una definición que permita a los establecimientos cumplir sus obligaciones sin exponerse a reclamos contrapuestos. Las presentaciones no produjeron hasta ahora una resolución definitiva que cierre la controversia sobre la transferencia de aportes.

Desde la Provincia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió el criterio de que determinados trabajadores vinculados al Estado bonaerense deben realizar sus aportes a la caja provincial. Esa posición se expresó especialmente al discutir el traslado del personal de empresas con participación estatal, también comprendido en el artículo 59. El conflicto con los colegios privados presenta, además, las particularidades de sus empleadores y de las obligaciones que invoca el régimen nacional.

La controversia tampoco tiene una única posición dentro de la comunidad educativa. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), conducido por Adriana Donzelli, respaldó el pase al IPS para la docencia extraprogramática y lo vinculó con una equiparación de derechos laborales y previsionales. Las instituciones empleadoras, en cambio, cuestionan la falta de reglas compatibles entre ambas jurisdicciones.

Salarios, pedidos de informes y cuotas en revisión

La disputa repercute también en los recibos de sueldo. Para los trabajadores alcanzados, el aporte personal al IPS se calcula con una retención del 16%, frente al 11% correspondiente al sistema nacional. La diferencia de cinco puntos porcentuales en el descuento previsional puede reducir el salario neto, mientras continúa la controversia sobre el régimen aplicable.

También están en discusión las contribuciones patronales. AIEPA advierte que el cambio de sistema podría alterar beneficios específicos del régimen nacional para establecimientos incorporados a la enseñanza oficial y encarecer los costos laborales. A eso se suma una inquietud por la continuidad de las historias previsionales de quienes acumularon años de aportes en ANSES.

La cuestión llegó al Senado provincial antes de las intimaciones actuales. En julio, Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos–UCR Identidad, presentó un pedido de informes para conocer cuántos trabajadores quedarían incorporados al IPS, qué estudios económicos y actuariales respaldaron el cambio y cómo impactaría en los ingresos y las futuras obligaciones jubilatorias de la caja bonaerense.

El legislador solicitó proyecciones de aportes, jubilaciones y pensiones para los próximos 10, 20 y 30 años, además de información sobre la necesidad de transferencias extraordinarias para sostener el sistema.

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En septiembre, Carlos Curestis, presidente del bloque de La Libertad Avanza, pidió precisiones sobre las consultas efectuadas a colegios, sindicatos y organismos nacionales, así como sobre los posibles efectos en los salarios y los aportes patronales. También advirtió que la falta de una disposición nacional que libere expresamente a los empleadores de sus obligaciones podría provocar reclamos simultáneos de ambos regímenes.

En paralelo, las escuelas privadas con subvención estatal aguardan la autorización bonaerense para actualizar sus cuotas tras la última negociación salarial docente. AIEPA realizó gestiones para aplicar aumentos correspondientes al último trimestre del año, mientras los colegios sin aporte estatal cuentan con otro mecanismo para ajustar aranceles según sus costos. La discusión previsional agrega incertidumbre a esas decisiones financieras.

Con las notificaciones de ARCA ya emitidas, la discusión dejó de limitarse a expedientes legislativos y demandas judiciales. Los establecimientos alcanzados enfrentan requerimientos concretos, mientras la definición sobre el régimen aplicable y el tratamiento de los pagos efectuados continúa pendiente de los tribunales y de las respuestas administrativas de Nación y Provincia.