Causa ANDIS: 39 indagatorias y compras por $137.000 millones bajo sospecha

La investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una semana decisiva para el expediente que sacude al Gobierno de Javier Milei. El juez federal Ariel Lijo ordenó 39 declaraciones indagatorias, que comenzarán el jueves 29 de octubre con los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, señalada como la principal beneficiaria de un sistema de compras direccionadas de medicamentos de alto costo.

La decisión responde al requerimiento de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que reconstruyeron una presunta organización integrada por funcionarios, empresarios y operadores privados. Según la acusación, la compañía habría logrado controlar licitaciones, imponer valores de venta y administrar pagos dentro del organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo.

El dictamen fiscal describe operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con especial atención al período comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025. En esos quince meses, Suizo Argentina obtuvo adjudicaciones por $137.118 millones, equivalentes al 29,54% del total adjudicado por la agencia. La cifra corresponde al volumen de órdenes de compra investigadas, mientras la Justicia busca determinar el perjuicio económico provocado por las maniobras denunciadas.

Una droguería bajo sospecha de controlar las compras

La hipótesis de los investigadores va más allá del cobro de sobreprecios. La fiscalía sostiene que Suizo Argentina habría ejercido un control sobre decisiones que correspondían a funcionarios públicos, incluyendo el acceso anticipado a información, la organización de concursos de precios y la selección de proveedores.

El mecanismo habría funcionado mediante acuerdos con otras droguerías, que presentaban ofertas coordinadas para simular competencia. Los investigadores detectaron archivos y planillas que anticipaban qué compañía resultaría adjudicataria, los descuentos aplicados y la distribución de las operaciones entre las firmas participantes.

Una de las empresas señaladas es Génesis S.A., que habría sido utilizada como intermediaria para incrementar artificialmente los precios antes de vender medicamentos al Estado. En determinadas operaciones, los fiscales identificaron aumentos superiores al 200% y señalaron que Suizo Argentina administraba las condiciones comerciales de otras compañías.

El expediente también incorpora un caso especialmente significativo: un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple, adquirido a $92.000 por unidad, fue vendido a la ANDIS por valores de entre $3,87 millones y $4,06 millones. La diferencia forma parte de los ejemplos utilizados para sostener la acusación por presuntos sobreprecios de hasta alrededor del 4.000%.

Según los fiscales, la influencia empresarial también alcanzaba decisiones administrativas y de personal. Los directivos de la droguería habrían impartido instrucciones sobre a qué proveedores pagar, cuáles debían esperar y qué empleados tenían que ser designados o desplazados. La acusación describe así un sistema de subordinación de decisiones públicas a intereses comerciales.

Suizo Argentina rechazó las imputaciones y negó haber participado de una organización destinada a manipular contrataciones. La empresa cuestionó la incorporación de determinadas pruebas y sostuvo que la ANDIS representaba apenas uno de sus más de 10.000 clientes, mientras que el 95% de su facturación provenía del sector privado.

Sobornos, viajes y vínculos políticos

El avance contra los empresarios se suma a nuevas acusaciones sobre el funcionamiento interno del organismo. Los fiscales ampliaron los señalamientos contra Spagnuolo y el empresario Miguel Ángel Calvete, identificado como uno de los principales operadores que articulaban las relaciones entre proveedores y funcionarios.

Entre las pruebas incorporadas aparecen conversaciones relacionadas con un viaje que Spagnuolo realizó a Roma e Israel en noviembre de 2024. La fiscalía sostiene que Calvete habría costeado pasajes y alojamiento como parte de un intercambio de beneficios vinculado con su actividad dentro de la agencia.

Los mensajes recuperados muestran gestiones para conseguir mejores asientos de avión, reservas hoteleras y conversaciones sobre quién debía asumir los gastos. Una de las comunicaciones describía la organización del traslado como un “favor político”, expresión que los investigadores incorporaron al análisis de los presuntos pagos indebidos.

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También se examinaron documentos que registrarían transferencias y honorarios vinculados con Calvete. La fiscalía identificó anotaciones correspondientes a pagos de aproximadamente 55.000 dólares en abril de 2024, atribuidos a relaciones comerciales con Suizo Argentina. Esos registros forman parte de la reconstrucción de los vínculos económicos entre los empresarios investigados.

La causa había comenzado a adquirir dimensión política nacional con la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto esquema de retornos económicos que mencionaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Las grabaciones incluían referencias a porcentajes cobrados a proveedores y al señalamiento de un presunto 3% destinado a la Casa Rosada. Posteriormente, el consultor Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia que Spagnuolo le había relatado maniobras de recaudación ilegal y mencionado a integrantes del entorno presidencial.

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Esas declaraciones profundizaron el impacto político del expediente, aunque las nuevas citaciones ordenadas por Lijo se concentran en los empresarios y operadores vinculados con las compras investigadas. Karina Milei no figura entre las personas convocadas en esta ronda de indagatorias.

Procesamientos, bienes inhibidos y más investigados

El expediente ya había registrado avances relevantes antes de la nueva convocatoria. En septiembre, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con las contrataciones de medicamentos.

Posteriormente, Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la agencia por compras de insumos médicos y ortopédicos. En esa otra parte de la investigación se identificaron diferencias de precios por más de $7.833 millones, correspondientes a operaciones analizadas en forma parcial, entre ellas adquisiciones de medicamentos, prótesis, audífonos y elementos de movilidad.

El nuevo capítulo coloca bajo investigación directa a los responsables de Suizo Argentina y a directivos de otras droguerías que habrían intervenido en el mecanismo de adjudicaciones.

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Además de ordenar las declaraciones, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados alcanzados por la medida, para preservar activos que eventualmente puedan quedar sujetos a decomiso, responsabilidades económicas o reparación de daños.

La decisión busca impedir posibles movimientos patrimoniales mientras avanza la causa. Para los investigadores, la magnitud de las contrataciones y la cantidad de participantes justifican asegurar los bienes involucrados antes de que concluya el proceso judicial.

El jueves declaran los Kovalivker

La primera jornada de indagatorias comenzará el jueves 29 de octubre, a las 9.30, con Jonathan Kovalivker. Su hermano Emmanuel deberá presentarse a las 10.30 y, una hora después, será el turno de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina.

El calendario continuará el 3 de noviembre con otros tres ejecutivos de la compañía: Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa área.

Las declaraciones se extenderán hasta el 26 de noviembre. De las 39 citaciones ordenadas, 36 corresponden a personas que todavía no habían sido indagadas y otras tres a ampliaciones de declaraciones anteriores.

Sin embargo, Lijo postergó la convocatoria de Spagnuolo, del exdirector nacional Daniel Garbellini y de otros dos imputados, pese a que los fiscales habían solicitado nuevas declaraciones. Las citaciones de esos exfuncionarios siguen sin fecha dentro de esta etapa del expediente.

El avance judicial se produce sobre una investigación que afecta fondos destinados al Programa Federal Incluir Salud, mediante el cual se financian prestaciones sanitarias para personas con discapacidad y otros beneficiarios sin cobertura médica.

La próxima ronda de indagatorias pondrá bajo examen las decisiones empresariales detrás de las compras millonarias y sus conexiones con funcionarios del Estado. Con procesamientos confirmados, documentación económica incorporada y nuevas declaraciones pendientes, la causa ANDIS mantiene abierto uno de los principales frentes judiciales vinculados con la gestión nacional.