Transporte bajo presión: subsidios, trenes y discapacidad, los frentes que abre la Provincia con Nación
La comisión, presidida por el diputado de Fuerza Patria Roberto Vázquez, aprobó iniciativas que reclaman revisar distintas decisiones nacionales. Entre ellas aparecen la eliminación de las compensaciones a empresas de larga distancia por boletos gratuitos, los fondos para infraestructura ferroviaria, los servicios del tren Roca hacia Uribelarrea, la línea 88 y la concesión de las líneas de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
El debate encuentra a Buenos Aires en un escenario financiero distinto al de años anteriores. Según el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, la Provincia destina actualmente alrededor de $100.000 millones por mes para sostener colectivos provinciales y municipales, servicios del interior y el Boleto Educativo para estudiantes universitarios y terciarios. La administración bonaerense quedó además a cargo del cálculo, liquidación, distribución y fiscalización de las compensaciones después de finalizar la asistencia técnica nacional.
$100.000 millones y una brecha que termina en el boleto
El número permite dimensionar uno de los principales puntos del conflicto. Marinucci aseguró que el costo técnico de un recorrido mínimo ronda los $2.600, mientras el usuario paga cerca de $1.100. La diferencia es cubierta mediante asistencia estatal. El funcionario sostiene que trasladar íntegramente esa brecha al boleto produciría un incremento significativo para quienes utilizan diariamente el transporte público.
El panorama es diferente según la jurisdicción. Las líneas nacionales, provinciales y municipales tienen cuadros tarifarios y mecanismos de actualización distintos, mientras la eliminación del Fondo Compensador para el interior y los cambios introducidos en programas nacionales modificaron la distribución del financiamiento.
Desde la Provincia comenzaron incluso a plantear una revisión del propio modelo de subsidios. Marinucci propuso avanzar gradualmente hacia una asistencia dirigida al pasajero en lugar de transferencias a las empresas y mencionó la posibilidad de utilizar Cuenta DNI para identificar beneficiarios. El esquema todavía no tiene definido universo, montos ni mecanismo operativo.
La Comisión de Transporte incorporó esa discusión más amplia al aprobar proyectos de rechazo a la reducción de aportes nacionales. Vázquez sostuvo que en numerosas localidades los servicios no pueden analizarse únicamente desde su rentabilidad porque permiten acceder a trabajo, educación y salud. El diputado Juan Malpeli también planteó que la discusión debe distinguir qué prestaciones requieren acompañamiento público y cuáles pueden sostenerse mediante otros mecanismos.
Discapacidad: el derecho sigue, la compensación desapareció
Uno de los expedientes tratados apunta a una modificación introducida por Nación en mayo. La Resolución 28/2026 eliminó el régimen mediante el cual el Estado compensaba parcialmente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas, personas en lista de espera y niños y adolescentes con cáncer.
La medida no eliminó el derecho de esos usuarios. Las compañías continúan obligadas a entregar los boletos gratuitos establecidos por las leyes vigentes y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte mantiene la función de controlar su cumplimiento. Nación justificó el cambio en la desregulación del transporte de larga distancia y sostuvo que el anterior esquema de compensaciones había perdido sentido bajo el nuevo marco, que permite a los operadores definir recorridos, horarios y tarifas con mayor libertad.
En Buenos Aires, esa discusión derivó además en iniciativas propias. La diputada Margarita Recalde presentó un proyecto para eximir de Ingresos Brutos a los ingresos provenientes exclusivamente del transporte automotor de personas con discapacidad. La propuesta apunta a reducir costos de prestadores que realizan traslados a terapias, establecimientos educativos, talleres protegidos y centros de atención.
Trenes: obras, frecuencias y Belgrano Cargas
El otro gran bloque de reclamos está en el sistema ferroviario. La comisión dio curso a un proyecto de Mónica Schlotthauer que expresa preocupación por la ejecución de los fondos previstos para infraestructura y seguridad dentro de la emergencia ferroviaria. La diputada del FIT-U sostiene que, de acuerdo con los datos incorporados a su iniciativa, se ejecutó un 44% del presupuesto contemplado.
Schlotthauer también citó datos de la Unión Ferroviaria que contabilizan 101 descarrilamientos en formaciones del AMBA y planteó que las frecuencias ferroviarias registraron una reducción promedio. Esas cifras forman parte de los fundamentos de su proyecto y de los datos gremiales utilizados por la legisladora, por lo que no constituyen un balance oficial del sistema ferroviario.
Dentro de ese mismo paquete, los diputados reclamaron revertir la reducción de servicios del Roca hacia Uribelarrea y recuperar la línea 88. También avanzaron con una declaración de rechazo al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística.
Nación abrió el 20 de agosto una licitación nacional e internacional para concesionar por 50 años las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Son 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias, con conexiones a puertos y cinco pasos internacionales. El esquema contempla acceso abierto, obras obligatorias durante los primeros cinco años y la posibilidad de incorporar beneficios del RIGI para inversiones ferroviarias.
El Gobierno nacional argumenta que busca incorporar capital privado y capacidad de gestión para recuperar una red con problemas de mantenimiento e inversión. La oposición al proceso sostiene, en cambio, que el cambio puede modificar el control estatal sobre un sistema estratégico para la logística productiva. Las ofertas de la licitación tienen como fecha prevista el 11 de noviembre.
El transporte ferroviario se suma así a una discusión que ya alcanza otros componentes de la infraestructura nacional en territorio bonaerense. El Gobierno provincial viene reclamando por obras paralizadas en rutas nacionales y por recursos provenientes del impuesto a los combustibles que, según el ministro Gabriel Katopodis, no fueron aplicados a mantenimiento vial. Nación, por su parte, avanzó con un sistema de concesiones privadas financiadas mediante peajes y sostiene que el modelo permitirá conservar los corredores sin aportes del Tesoro.
La batería aprobada por la Comisión de Transporte no modifica por sí sola las decisiones nacionales, pero concentra en un mismo expediente político varios puntos que hasta ahora aparecían dispersos: quién financia los colectivos, cómo se sostienen los beneficios sociales, cuánto se invierte en los trenes y qué papel tendrá el capital privado en la infraestructura ferroviaria. La discusión seguirá ahora con los proyectos que obtuvieron despacho y deberán avanzar en el trámite legislativo bonaerense.