Atucha, privatización y pulseada con Milei: la Provincia busca una silla en la venta de Nucleoeléctrica
La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) abrió un nuevo frente entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de Javier Milei. El Senado bonaerense aprobó un proyecto que encomienda a la administración de Axel Kicillof reclamar formalmente un lugar en el procedimiento y amenaza con cuestionar la validez de lo actuado si Nación excluye a la Provincia.
La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, obtuvo media sanción y deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto convirtió el recinto en escenario de una discusión de fondo sobre el futuro del sistema nuclear. El peronismo acusó al Ejecutivo nacional de desprenderse de una compañía estratégica y La Libertad Avanza defendió la incorporación de capital privado como una vía para financiar su modernización.
El texto ordena al Poder Ejecutivo bonaerense requerir ante Nación su “efectiva participación” en las distintas etapas de la privatización de Nucleoeléctrica, invocando las atribuciones reconocidas a las provincias por la Ley nacional 23.696.
El punto más fuerte aparece en la advertencia sobre las consecuencias de una eventual exclusión. La iniciativa establece que la omisión o reticencia del Gobierno nacional para incorporar a Buenos Aires podría configurar un incumplimiento del procedimiento y resultar “susceptible de acarrear la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado”.
El argumento central es territorial: dos de las tres centrales administradas por NASA funcionan en el partido bonaerense de Zárate. La restante es la Central Nuclear Embalse, localizada en Córdoba. La empresa también tiene a su cargo la comercialización de la energía generada por esos complejos.
La propuesta crea además una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cinco senadores y cinco diputados provinciales. Ese cuerpo podrá participar de las comitivas que representen a Buenos Aires y controlar las diferentes etapas de la operación.
Entre sus atribuciones estarán recibir información de la Provincia, de Nación y de la propia empresa; evaluar la documentación del proceso y elaborar recomendaciones sobre sus consecuencias económicas, laborales, ambientales, tecnológicas e institucionales.
La conformación de esa bicameral trasladaría parte de la discusión al interior de la Legislatura. El oficialismo provincial y la oposición deberán negociar su integración y definir una posición frente a cada avance del esquema privatizador.
El mecanismo también permitiría que los legisladores reclamen información sobre la valuación de la compañía, las condiciones ofrecidas a los inversores, la protección de los puestos de trabajo y las garantías para conservar capacidades tecnológicas sensibles.
La privatización parcial que impulsa Milei
El Gobierno nacional formalizó en noviembre de 2025 el comienzo del proceso para vender el 44% del paquete accionario de Nucleoeléctrica mediante una licitación pública nacional e internacional.
De acuerdo con el esquema anunciado, el Estado conservaría el 51% de las acciones y el control sobre las decisiones consideradas estratégicas. Otro 5% permanecería en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Aunque no se plantea una privatización total, desde el peronismo bonaerense advierten que el ingreso de capitales privados puede modificar las prioridades de una empresa vinculada con la generación energética, la investigación científica, la medicina nuclear y la formación de profesionales especializados.
Berni sostuvo durante la sesión que NASA es un asunto que “compete a todos los bonaerenses” y acusó a la Casa Rosada de querer “regalar” un activo estratégico. Según afirmó en el recinto, la compañía obtuvo durante 2025 un superávit superior a los US$700 millones.
El senador también vinculó la operación con la paralización del proyecto CAREM, el primer reactor modular de potencia diseñado íntegramente en la Argentina. Su construcción, iniciada en Lima —también dentro del partido de Zárate—, quedó frenada durante la gestión libertaria.
Para Berni, el retroceso del CAREM y la venta parcial de NASA forman parte de un proceso de desarticulación de las capacidades nacionales. “Ahora viene el turno de la entrega de nuestro patrimonio nuclear”, lanzó.
La defensa libertaria y un cruce a los gritos
El senador de La Libertad Avanza Matías de Urraza rechazó que la operación represente una entrega del sistema nuclear y remarcó que Nación no venderá el paquete mayoritario.
Según argumentó, incorporar inversores permitiría conseguir el financiamiento necesario para modernizar la empresa y ampliar el potencial exportador del sector energético. “Es una inversión que hoy el país no está en condiciones de hacer; por eso acudimos a capitales privados, sean nacionales o extranjeros”, sostuvo.
La discusión escaló cuando De Urraza vinculó la privatización con la posibilidad de obtener energía más barata y cuestionó los problemas de abastecimiento en territorio bonaerense. Berni respondió que el déficit no surge de la generación nuclear, sino de las falencias del transporte eléctrico, y mencionó como antecedente la privatización de Transener.
De los gastos cuestionados al debate por el futuro de NASA
La discusión legislativa aparece después de una controversia por la administración interna de la compañía. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado nacional Esteban Paulón denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo; al ex titular de NASA, Demian Reidel; y al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto uso irregular de fondos públicos.
La presentación tomó como base el Informe de Gestión 145 remitido al Congreso, que registró 3.861 operaciones por $443,2 millones mediante 103 tarjetas corporativas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. En la documentación aparecieron consumos en hoteles, restaurantes, comercios libres de impuestos y adelantos de efectivo realizados durante viajes al exterior.
Reidel negó haber utilizado recursos para gastos personales y sostuvo que se habían mezclado operaciones correspondientes a distintas tarjetas. Su sucesor, Juan Martín Campos, eliminó luego ese sistema para los viajes internacionales y ordenó revisar los consumos observados.