El ajuste que sigue en 2027: las partidas que volverían a perder recursos
El Presupuesto 2027 no sólo deja numerosas políticas lejos de los recursos que tenían antes del inicio de la gestión de Javier Milei. Una comparación más inmediata, contra el crédito vigente de 2026, muestra que algunas áreas volverían a perder fondos en términos reales durante el próximo ejercicio, al tiempo que el articulado enviado al Congreso propone modificar mecanismos que hoy regulan prestaciones sociales y de discapacidad.
El proyecto oficial fija $202,1 billones de gastos corrientes y de capital para la Administración Nacional y destina $150,9 billones a Servicios Sociales. Esos montos surgen directamente del texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.
La discusión aparece cuando se baja de ese total a cada función y programa: el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estima un incremento real global cercano al 10% frente al crédito vigente, mientras la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con otra metodología, calcula 5,7% para la Administración Nacional.
Trabajo y asistencia, con nuevas bajas frente a 2026
Uno de los datos más fuertes aparece en Trabajo. Según la reconstrucción de OCEPP, la función tendría una caída real de 33,5% respecto del crédito vigente de 2026. El dato resulta especialmente relevante porque la comparación con 2023 queda distorsionada por la reorganización del antiguo Potenciar Trabajo, dividido desde 2024 entre Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
Algo similar ocurre con Promoción y Asistencia Social, aunque allí la reducción interanual sería de 7,3% real. Frente a 2023, la pérdida acumulada alcanza el 77,2%. Si se reconstruyen de manera homogénea los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo, OCEPP calcula una caída de 83,6%; específicamente, las partidas asociadas a ingresos de la economía popular quedarían 94,8% por debajo del nivel previo.
El mapa se completa con áreas que ya mostraban nuevos recortes en el análisis inicial del proyecto. Vivienda y Urbanismo perdería 17,2% frente al vigente de 2026; Agua Potable y Alcantarillado, 25,7%; y Energía, Combustibles y Minería, 21,4%, de acuerdo con el relevamiento del Presupuesto 2027 publicado previamente por GRUPOLAPROVINCIA.COM.
ACIJ aporta otro caso que suma al cuadro: Incluir Salud, el programa de cobertura sanitaria para beneficiarios de pensiones no contributivas, tendría una reducción real de 13,9% frente a 2026 y quedaría 19% abajo de 2023.
AUH y discapacidad: cambios que van más allá de los montos
El proyecto incorpora además modificaciones que no dependen únicamente de cuánto dinero reciba cada partida.
El artículo 17 propone derogar tres artículos de la Ley 27.160. El efecto sería eliminar el régimen legal que vincula la actualización de las asignaciones familiares —incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH)— con la evolución de los precios. El texto no establece en ese mismo artículo una fórmula alternativa ni una periodicidad mínima para los aumentos.
No sería la primera vez que el Ejecutivo intenta introducir ese cambio. Una disposición similar había formado parte del proyecto presupuestario anterior, pero fue retirada durante el tratamiento legislativo. La diferencia ahora es que vuelve incorporada expresamente al articulado que deberán discutir diputados y senadores.
En discapacidad, los artículos 36 a 41 también modifican disposiciones vigentes. Entre otros puntos, el proyecto vuelve incompatible la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral con un empleo formal y redefine las condiciones del sistema de prestaciones. El artículo 39 establece, además, que la universalidad de la cobertura no implicará necesariamente homogeneidad de aranceles entre jurisdicciones.
El análisis de ACIJ agrega que, aunque las pensiones por invalidez laboral tendrían más recursos que en 2026, todavía permanecerían 26,5% por debajo del nivel de 2023, mientras Incluir Salud retrocedería incluso en la comparación con este año.
Un piso de gasto que sigue lejos de 2023
La fotografía de 2027 se vuelve más clara cuando se observa desde dónde parte cada área. OCEPP calcula que Servicios Sociales permanecerían 16,2% por debajo de 2023. Educación y Cultura seguiría 44% abajo; Ciencia, Tecnología e Innovación, 37,9%; Vivienda y Urbanismo, 98,9%; y Agua Potable y Alcantarillado, 93%.
ACIJ llega a una conclusión similar sobre la distribución del ajuste acumulado: estima que el 40% de la reducción total del gasto entre 2023 y 2026 correspondió a Servicios Sociales, mientras otro 38% se concentró en Servicios Económicos, donde se incluyen energía, subsidios e infraestructura.
En educación superior, el propio proyecto fija $7,349 billones para las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional había calculado que serían necesarios alrededor de $11 billones para cumplir plenamente con la Ley de Financiamiento Universitario.
Así, el debate presupuestario que llegará al Congreso no quedará limitado al tamaño global del gasto. La discusión también pasará por qué funciones volverían a retroceder respecto de 2026, qué pérdidas acumuladas se mantienen y qué mecanismos de protección o actualización propone modificar el Ejecutivo para el año próximo.