Violencia en las escuelas bonaerenses: el paro docente acelera el debate en la Legislatura
La violencia que atraviesa a distintas escuelas bonaerenses salió este jueves de los establecimientos y llegó de lleno a la agenda política. SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET realizan un paro provincial de 24 horas para exigir medidas frente a las agresiones contra docentes, mientras en la Legislatura distintos bloques intentan acelerar proyectos que llevan meses en discusión y ofrecen respuestas diferentes para una problemática que ganó intensidad durante las últimas semanas.
El detonante fue una sucesión de episodios denunciados en Trenque Lauquen, San Miguel, Hurlingham, Almirante Brown, Florencio Varela, La Plata y Ensenada. Uno de los últimos ocurrió en Trenque Lauquen, donde una docente de nivel inicial fue atacada por el padre de un alumno y sufrió la fractura de una muñeca. Alejandro Salcedo, secretario general de UDOCBA, aseguró que solamente durante la última semana los sindicatos registraron siete casos.
La protesta, sin embargo, no se limita a pedir más controles dentro de las escuelas. Los sindicatos colocan el foco sobre herramientas que ya fueron acordadas con el Gobierno provincial. En mayo de 2023, los ministerios de Trabajo y Educación y el Frente de Unidad Docente firmaron un acuerdo paritario de prevención, resguardo y reparación ante hechos de violencia y acoso contra trabajadores docentes, que se sumó a protocolos que ya funcionaban en el sistema educativo.
Desde los gremios sostienen ahora que su aplicación resulta insuficiente. SUTEBA reclama que funcionen efectivamente las mesas intersectoriales para articular a Educación, Justicia, organismos locales y otros actores de cada territorio. UDOCBA, por su parte, señaló que una adenda alcanzada este año asignó a los inspectores jefes distritales mayores responsabilidades frente a estos episodios y cuestionó el grado de cumplimiento de esas herramientas.
La Provincia también puso en marcha durante abril una mesa interministerial ante amenazas y hechos de violencia en establecimientos, de la que participaron las áreas de Educación, Seguridad, Gobierno, Desarrollo de la Comunidad y Niñez. La medida muestra que existen dispositivos previos; el conflicto que desembocó en el paro vuelve a poner la discusión sobre su alcance y ejecución efectiva.
Mediación y defensa jurídica: el reclamo radical
El paro reactivó inmediatamente la discusión legislativa. La senadora radical Nerina Neumann reclamó que la Comisión de Educación trate dos proyectos que presentó para intervenir desde la prevención y la protección de los trabajadores.
Uno de ellos propone crear un Sistema Integral de Mediación Escolar para abordar conflictos antes de que escalen. El proyecto ingresó en mayo de 2025 y, según el registro oficial del Senado, permanece en estudio en la Comisión de Educación sin despacho.
La segunda iniciativa busca incorporar al Estatuto del Docente el derecho a contar gratuitamente con asistencia jurídica provista por la Dirección General de Cultura y Educación cuando un trabajador atraviese un hecho de violencia vinculado con su función. El abogado podría intervenir para formular denuncias, ejercer una defensa frente a una acusación o constituir al docente como querellante. También este proyecto permanece en estudio en Educación desde junio.
“Si todos coincidimos en que la violencia en las escuelas es un problema, sentémonos a trabajar”, planteó Neumann al reclamar que las iniciativas sean incorporadas al orden del día.
El radicalismo pone así el acento en dos herramientas: intervenir antes de que el conflicto escale y garantizar respaldo institucional y legal al docente una vez producida una agresión.
Psicólogos, prevención y sanciones: las otras propuestas
El PRO viene empujando otro abordaje. En julio, el Senado aprobó una declaración impulsada por Pablo Petrecca y su bloque que pidió avanzar hacia una política pública permanente de bienestar escolar. Luego, el senador presentó un proyecto para incorporar profesionales de Psicología Educacional de manera obligatoria a los Equipos de Orientación Escolar de establecimientos públicos y privados.
La iniciativa apunta a la detección temprana de situaciones de violencia, acoso, crisis emocionales, consumos problemáticos y dificultades de convivencia. No propone trasladar tratamientos clínicos a las aulas, sino sumar profesionales que trabajen con docentes y directivos, acompañen a estudiantes y familias y articulen con el sistema sanitario cuando sea necesaria una intervención especializada.
En la Comisión de Educación también comenzó a discutirse otra propuesta del PRO, presentada por Alex Campbell, que crea la distinción “Escuela Promotora de la Convivencia Social” para reconocer instituciones que desarrollen prácticas de prevención de la violencia y convivencia escolar. Fue analizada el 1° de septiembre junto con otros proyectos educativos.
Unión y Libertad eligió una vía diferente: endurecer las consecuencias para quienes agredan a trabajadores dentro de establecimientos públicos. El Senado aprobó el 15 de septiembre el proyecto de Sergio Vargas que modifica el Código de Faltas y establece arrestos de cinco a treinta días o multas para determinadas conductas de hostigamiento, maltrato o violencia contra docentes, trabajadores sanitarios y agentes que desempeñan funciones de atención pública.
A diferencia de otras iniciativas todavía detenidas en comisión, esta propuesta ya obtuvo media sanción de la Cámara alta. El expediente fue remitido a Diputados el 18 de septiembre y allí espera ahora completar su recorrido parlamentario.
La violencia digital, otro frente abierto
El mapa legislativo se extiende también al terreno digital. Durante agosto, la Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada Ley Ema, impulsada por Mayra Mendoza y otros legisladores de Fuerza Patria, para garantizar una convivencia digital segura y establecer herramientas de prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia a través de tecnologías.
El texto avanzó pese a que en la Comisión de Educación había recibido también un dictamen de rechazo de minoría. Finalmente, el 27 de agosto fue aprobado por Diputados y enviado al Senado. La iniciativa contempla protocolos frente al ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo y otras formas de violencia digital, además de capacitación para el personal educativo y participación de los Equipos de Orientación Escolar.
En paralelo, el Senado tramita un proyecto similar presentado previamente por la senadora de Fuerza Patria Laura Clark. Esa propuesta obtuvo respaldo en Educación en junio, pero el 24 de septiembre la Comisión de Legislación General decidió mantenerla en estudio y avanzar hacia un análisis conjunto con Educación.