Milei enfrenta nuevas marchas: los reclamos que confluirán frente al Congreso

La defensa de la industria nacional, el financiamiento de las universidades públicas y el rechazo a la derogación de la Ley de Tierras marcarán una agenda de protestas durante octubre. Tras la concentración del martes 6 frente a Tribunales, la CGT marchará el jueves 8 y distintas organizaciones se reunirán el viernes 9 para preparar la movilización al Congreso del jueves 15.

Esa última fecha concentrará varios reclamos. Mientras la comunidad universitaria exigirá la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, bloques opositores buscarán sesionar en Diputados para tratar el DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Aunque existen convocatorias coincidentes y pedidos para unificar las protestas, la CGT no anunció un paro general para el 15 de octubre.

La CGT marchará por la industria nacional

La central obrera convocó para el jueves 8 a una movilización en Diagonal Sur y Perú, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria, en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna será: “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”.

La decisión surgió de una reunión de la mesa chica en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Será la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó jornadas por los jubilados, el Día de San Cayetano y las familias endeudadas, coordinadas con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El reclamo tiene como telón de fondo el deterioro manufacturero. Según los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) incluidos en el material, la actividad cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja del 3% y quedó un 11% por debajo de los volúmenes de 2022 y 2023.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, explicó por qué la conducción no avanzó con otra huelga: “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”.

También advirtió sobre la pérdida de empleo, el costo de vida y la incertidumbre: “Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.

El fallo por las tierras reactivó la protesta

El martes 6, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), las dos CTA, ATE y agrupaciones sociales, políticas, ambientales y de derechos humanos se concentraron frente al Palacio de Tribunales.

El motivo fue la resolución firmada el 29 de septiembre por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737.

El máximo tribunal no resolvió la constitucionalidad de fondo del artículo, sino que consideró que el CECIM carecía de legitimación para impulsar esa acción colectiva. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la norma que limitaba la propiedad extranjera de tierras rurales.

La ley establecía un tope del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, restricciones por nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. También contemplaba limitaciones sobre inmuebles con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

Hugo Robert, dirigente del CECIM, cuestionó tanto el fallo como la respuesta política durante el período en que rigió la protección judicial. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, expresó.

El 15 de octubre, la disputa llegará a Diputados

Los bloques opositores convocaron a una sesión especial para el jueves 15 a las 14. El primer desafío será reunir los 129 legisladores necesarios para el quórum.

El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como se necesita el rechazo de ambas cámaras, ese pronunciamiento no alcanzó para derogarlo. Si Diputados también lo rechaza, la derogación operará hacia adelante.

El decreto, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, reunió originalmente 366 artículos e introdujo cambios en alquileres, salud, comercio, transporte, empresas públicas y relaciones laborales, entre otras áreas. Por eso, la discusión parlamentaria excede el régimen de tierras rurales.

Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para suspender nuevamente el artículo 154. Argumentaron que podrían concretarse operaciones de compra mientras el Congreso debate y consolidarse derechos adquiridos.

Los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, respaldaron las protestas. Yasky vinculó la convocatoria con los tres temas previstos para la sesión: el decreto, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

La izquierda pide un paro y prepara una reunión en Parque Lezama

Las organizaciones que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse el viernes 9 en Parque Lezama. Buscarán coordinar la participación en la movilización al Congreso y ampliar la convocatoria.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman y Nicolás del Caño reclamaron un paro nacional activo para el 15.

“No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”, sostuvo Bregman. Del Caño planteó que la jornada debe reunir a la comunidad universitaria, el colectivo de discapacidad y las familias endeudadas.

Las universidades suman el reclamo por el cumplimiento de la ley

La movilización universitaria del 15 de octubre tendrá como destino el Congreso, en coincidencia con la sesión especial, después de que se evaluara realizarla frente a Tribunales.

El reclamo recibió un respaldo judicial el martes 6. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA y ordenó el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión declaró inconstitucional el mecanismo del decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la norma a la definición de partidas presupuestarias. El fallo alcanza salarios docentes y no docentes, becas y gastos de funcionamiento.

El Gobierno adelantó que apelará la resolución de primera instancia. Con esa disputa abierta, la jornada del 15 reunirá el reclamo educativo y la presión sobre Diputados para tratar el decreto y las iniciativas sociales incluidas en la convocatoria.