Aulas bajo nuevas reglas: la Provincia refuerza la prevención frente a violencia, pantallas y conflictos digitales
Las escuelas bonaerenses empiezan a transitar un cambio que excede una prohibición sobre celulares o la incorporación de un contenido nuevo al aula. En pocos días, la Provincia terminó de darle forma a un conjunto de herramientas que pone el foco sobre problemas que hasta hace algunos años quedaban mayormente librados a cada institución: distracción por pantallas, salud emocional, ciberacoso, difusión de imágenes íntimas, apuestas online y conflictos que comienzan en las redes pero terminan atravesando la convivencia escolar.
El movimiento coincide con un momento especialmente sensible. El 1° de octubre, los principales gremios docentes realizaron un paro provincial después de una sucesión de agresiones denunciadas contra trabajadores de escuelas de Trenque Lauquen, Hurlingham, Ensenada, San Miguel, Almirante Brown y Florencio Varela, entre otros distritos. Los sindicatos volvieron a reclamar prevención, respaldo institucional y aplicación efectiva de mecanismos que ya habían sido acordados con el Ejecutivo.
Sobre ese escenario llegaron dos sanciones definitivas —la regulación de celulares en secundaria y la incorporación de la educación emocional— y el avance de la denominada Ley Ema, que todavía debe regresar a Diputados porque el Senado modificó y unificó los proyectos que estaban en discusión.
Más que tres expedientes aislados, el resultado empieza a configurar una misma agenda: ampliar las herramientas con las que las escuelas pueden intervenir antes de que una situación de distracción, hostigamiento, angustia o violencia escale.
Del celular como decisión escolar a una regla común
La regulación de teléfonos en las secundarias es quizás el ejemplo más concreto. La nueva ley establece que los dispositivos podrán utilizarse cuando formen parte de una propuesta pedagógica fundamentada y cuenten con autorización de las autoridades escolares. También prevé instrucciones, protocolos, recomendaciones y un seguimiento de los resultados para introducir ajustes.
La medida extiende al nivel medio un camino que Buenos Aires ya había iniciado en primaria con la Ley 15.534. No implica expulsar la tecnología de la escuela: preserva su uso educativo, pero busca separar esa función de la conexión permanente con redes sociales, juegos, mensajería y otras aplicaciones durante el horario de clases.
En los hechos, numerosas instituciones se habían adelantado. Un relevamiento de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina identificó 154 establecimientos que aplicaban algún tipo de limitación. En territorio bonaerense aparecieron modelos diferentes: estudiantes que dejan sus teléfonos en lockers, dispositivos apagados dentro de la mochila, cajas ubicadas junto al escritorio docente o permisos específicos para utilizarlos durante una actividad.
El Colegio Nacional de la UNLP implementó lockers; instituciones de La Plata, Lanús, La Matanza y otros distritos fueron adoptando modalidades distintas. Algunas admiten el teléfono solamente cuando lo solicita el docente; otras habilitan momentos puntuales, como el recreo, y existen establecimientos que directamente impiden llevarlo durante parte de la trayectoria secundaria.
La preocupación tiene respaldo más allá del debate local. PISA 2022 encontró que más del 80% de los estudiantes argentinos afirmó distraerse con dispositivos digitales al menos en algunas clases de Matemática. En el promedio de la OCDE, los alumnos que dijeron distraerse en la mayoría o en todas las clases obtuvieron 15 puntos menos en esa materia que quienes casi nunca reportaron ese problema, descontadas diferencias socioeconómicas.
La discusión ya es global. UNESCO registró en 2026 restricciones nacionales al uso de teléfonos escolares en 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países relevados. El organismo, sin embargo, plantea que limitar el aparato es solo una parte de la respuesta: la alfabetización y ciudadanía digital siguen siendo necesarias. Ahí aparece el puente con las otras medidas bonaerenses.
Educación emocional y violencia digital: el cuidado entra al aula
La educación emocional quedó incorporada formalmente a la Ley Provincial de Educación 13.688. La nueva norma alcanza a los niveles inicial, primario y secundario y plantea trabajar autoconocimiento, regulación de las emociones, empatía y habilidades sociales.
No establece una materia autónoma ni fija desde la Legislatura una metodología cerrada. Será la Dirección General de Cultura y Educación la encargada de traducir esos objetivos en programas y dispositivos pedagógicos.
La diferencia respecto del esquema anterior es institucional: experiencias que hasta ahora podían depender de la iniciativa de un docente o de una escuela pasan a quedar reconocidas dentro de la normativa educativa provincial.
El contexto ayuda a explicar esa decisión. UNICEF informó que, en Argentina, el 11% de adolescentes de 13 a 17 años manifestó sentirse deprimido, el 27% angustiado y el 32% ansioso. En otra consulta, bullying y ciberbullying aparecieron entre los principales factores señalados por jóvenes como perjudiciales para su salud mental.
Las pantallas agregan otra dimensión. Uno de cada cuatro adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años declaró haber realizado alguna apuesta y seis de cada diez dijeron conocer a alguien que apostó virtualmente. Son fenómenos que ingresan a las escuelas en los mismos dispositivos que se utilizan para estudiar, comunicarse o producir contenidos.
La Ley Ema busca intervenir precisamente sobre esa frontera. El Senado unificó las iniciativas impulsadas por Mayra Mendoza y Laura Clark y aprobó un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Como hubo cambios respecto del texto aprobado originalmente por Diputados, el proyecto deberá volver a la Cámara baja antes de convertirse en ley.
La iniciativa contempla situaciones que van desde ciberacoso y amenazas hasta la difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso imágenes producidas o alteradas mediante inteligencia artificial, extorsión, espionaje de cuentas y publicación indebida de datos personales.
El proyecto propone incorporar ciudadanía digital de manera transversal, con contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos y utilización crítica de las tecnologías. También prevé capacitación obligatoria y continua para docentes, directivos, personal no docente y Equipos de Orientación Escolar, además de participación de estudiantes y familias.
Su criterio no es exclusivamente sancionatorio. La propuesta articula la intervención con herramientas que ya existen, como la Educación Sexual Integral, la legislación de protección de niños y adolescentes y la guía bonaerense para actuar frente a situaciones conflictivas y vulneraciones de derechos en el ámbito escolar.
El desafío pasa de aprobar herramientas a aplicarlas
El nuevo mapa normativo aparece mientras la discusión sobre la violencia escolar sigue abierta. Los gremios docentes vienen reclamando que la Provincia no se limite a producir protocolos, sino que garantice respuestas rápidas cuando las agresiones efectivamente ocurren.
El Ejecutivo ya había avanzado en esa dirección. En 2023 acordó con el Frente de Unidad Docente Bonaerense un esquema de prevención, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso. En julio de este año incorporó una adenda para tratar casos graves o complejos mediante una mesa específica de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad.
El mismo acuerdo dispuso la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales de concientización, capacitación, prácticas preventivas y compromisos de convivencia y corresponsabilidad entre las escuelas y las familias.
La discusión gremial mostró, sin embargo, que la existencia de herramientas formales no cierra el problema. Tras las agresiones denunciadas a fines de septiembre, los sindicatos reclamaron mayor funcionamiento de las mesas intersectoriales y coordinación entre autoridades escolares, organismos provinciales, municipios y otros actores involucrados.
Las nuevas medidas amplían ahora esa respuesta desde otro lugar. La regulación de teléfonos busca ordenar un dispositivo que concentra distracción pero también acceso permanente a conflictos externos; la educación emocional pretende generar capacidades para reconocer y gestionar situaciones personales y vinculares; y la Ley Ema intenta trasladar al terreno digital responsabilidades de prevención que la escuela ya tiene en la convivencia presencial.