Una encuesta midió el rol del Estado y encontró un dato que atraviesa al propio oficialismo
Una nueva encuesta nacional expuso las preferencias de los argentinos sobre el papel del Estado en la economía, la protección de la industria y las políticas de ajuste. El estudio de CEOP Latam encontró que el 77% considera que el sector público debe ser el principal responsable de garantizar el bienestar de la población, mientras que el 76,5% respalda una intervención activa en la actividad económica.
Los resultados corresponden a un relevamiento realizado entre el 4 y el 6 de octubre de 2026, sobre una muestra nacional de 1.702 personas mayores de 16 años. La investigación examinó hasta qué punto las ideas de reducción de la intervención estatal, impulsadas por el gobierno de Javier Milei, encuentran respaldo en las opiniones de la sociedad.
La principal conclusión es que las posiciones favorables a la presencia del Estado conservan una mayoría amplia en distintos temas económicos y sociales. Sin embargo, el estudio también identifica diferencias entre las respuestas generales y las preferencias frente a medidas específicas.
Uno de los datos que sobresale aparece dentro del propio espacio oficialista: más de cuatro de cada diez encuestados identificados con ese sector también respaldan al Estado como garante del bienestar y su participación activa en la economía.
El 77% respalda la responsabilidad del Estado sobre el bienestar
La primera pregunta del relevamiento indagó sobre la responsabilidad del Estado en las condiciones de vida de la población.
El 77% manifestó algún grado de acuerdo con que el sector público debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de las personas. Dentro de ese grupo, el 52,7% expresó estar muy de acuerdo y el 24,2% algo de acuerdo, mientras que el 22% manifestó algún nivel de desacuerdo.
La tendencia se repitió al consultar por la intervención estatal en la economía. El 55,3% sostuvo que esa participación debe ser muy activa y otro 21,2% consideró que debe ser algo activa.
De esta manera, el respaldo conjunto a una intervención económica activa alcanzó el 76,5%. En cambio, el 13,9% prefirió una participación poco activa y solamente el 8,7% eligió que el Estado no intervenga.
Los números muestran una distancia entre las preferencias mayoritarias expresadas en estas preguntas y uno de los principales lineamientos económicos del Gobierno nacional, centrado en reducir la participación estatal y ampliar los mecanismos de mercado.
El dato entre los oficialistas que revela diferencias sobre el modelo económico
La segmentación política incorporada por CEOP Latam permitió observar cómo se distribuyen estas posiciones entre oficialistas y opositores.
Entre las personas identificadas con la oposición, el 96,7% apoyó que el Estado sea responsable del bienestar de la población y el 97,4% respaldó una intervención activa en la economía.
Dentro del sector oficialista, los porcentajes fueron considerablemente menores, pero también mostraron respaldo a determinadas funciones estatales.
El 44% de los encuestados oficialistas estuvo de acuerdo con que el Estado debe garantizar el bienestar de la población, mientras que el 41,6% respaldó una intervención activa en la economía.
Este resultado indica que el apoyo político al Gobierno no necesariamente supone una adhesión uniforme a todas las posiciones asociadas con su programa económico.
Al mismo tiempo, las diferencias entre ambos grupos evidencian que la identificación política sigue siendo una variable importante para explicar las preferencias sobre el alcance de la intervención estatal.
Industria nacional y ajuste: qué piensa la mayoría de los argentinos
El respaldo a la intervención pública también apareció al consultar por la política industrial.
El 66,5% consideró que el Estado debería impulsar el desarrollo de la industria nacional, frente al 30,9% que prefirió fomentar la libre competencia con productos importados.
La diferencia entre ambas posiciones superó los 35 puntos porcentuales y ubicó a la protección de la producción local entre los principales consensos registrados por la encuesta.
El estudio también abordó las políticas de ajuste fiscal aplicadas por el Gobierno.
El 31,9% sostuvo que el ajuste económico no debería haberse realizado, mientras que el 26,9% consideró que había razones para implementarlo, pero que finalmente resultó excesivo.
En conjunto, el 58,7% cuestionó la realización o la magnitud de las medidas. Del otro lado, el 25,4% señaló que el ajuste debería profundizarse y el 14,5% evaluó que ya había sido suficiente.
El relevamiento incorporó, además, un matiz importante: el 66,8% aceptó que algún tipo de ajuste era necesario. Esto permite distinguir entre el respaldo al ordenamiento de las cuentas públicas y la evaluación específica de las políticas implementadas por el Ejecutivo.
Impuestos: el punto donde las opiniones quedaron prácticamente divididas
A diferencia de lo ocurrido con el bienestar social, la intervención económica y la producción nacional, la política tributaria mostró un escenario mucho más equilibrado.
Ante la consulta sobre qué debería ocurrir con los impuestos, el 50,4% prefirió que los sectores de mayores ingresos paguen más, mientras que el 48,2% se inclinó por una reducción generalizada de las cargas impositivas.
La distancia entre ambas respuestas fue de apenas 2,2 puntos porcentuales, considerablemente menor que en el resto de los temas abordados.
También se observaron diferencias importantes según la identificación política. Entre los opositores, el 79% respaldó que los sectores de mayores ingresos afronten impuestos más elevados. Esa posición reunió al 23,3% de los independientes y al 5,5% de los oficialistas.
La distribución de respuestas revela que el respaldo a una participación activa del Estado no se traduce automáticamente en un acuerdo sobre cómo debería financiarse esa intervención.
La investigación de CEOP Latam concluyó que las posiciones favorables a la presencia estatal siguen teniendo un peso significativo en la sociedad argentina, incluso entre determinados sectores identificados con el Gobierno.
Los resultados permiten observar las preferencias económicas y sociales actuales de los encuestados, aunque no constituyen por sí mismos una medición de intención de voto ni anticipan el comportamiento electoral hacia 2027.
La encuesta fue realizada mediante cuestionarios online, sobre una muestra nacional estratificada de 1.702 casos. La ficha técnica difundida informa un margen de error de ±2,38 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.