Pensiones, auditorías y financiamiento: la disputa por discapacidad enfrenta dos modelos en Diputados
La emergencia nacional en discapacidad volverá al centro de la discusión parlamentaria durante las próximas dos semanas. La Cámara de Diputados tiene convocadas dos sesiones especiales, el jueves 15 y el miércoles 21 de octubre, en las que oficialismo y oposición buscarán avanzar con propuestas diferentes para el futuro del sistema de prestaciones, pensiones y financiamiento destinado a las personas con discapacidad.
La discusión enfrenta dos posiciones. Por un lado, Unión por la Patria y otros bloques opositores impulsan la prórroga de la Ley 27.793 hasta el 31 de diciembre de 2027. Por el otro, La Libertad Avanza, con el respaldo de sectores aliados, pretende establecer un régimen permanente que modifique las condiciones de funcionamiento del sistema.
Ambas alternativas integran el mismo expediente, el 4018-D-2026, incluido en el Orden del Día 350 de Diputados. El oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría durante el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda del 23 de septiembre, mientras la oposición consiguió un despacho de minoría para extender la legislación vigente.
La controversia también involucra a organizaciones de personas con discapacidad, instituciones prestadoras y legisladores dialoguistas que acompañaron la propuesta oficialista, pero expresaron diferencias sobre sus mecanismos de financiamiento y las condiciones de acceso y continuidad de las pensiones.
La oposición busca sostener la ley vigente hasta 2027
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad fue aprobada en 2025 y ratificada por el Congreso después del veto del presidente Javier Milei. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de prorrogarla por otro año.
La iniciativa opositora, encabezada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, propone utilizar esa facultad para mantener la emergencia durante todo 2027 y preservar las obligaciones establecidas en la normativa.
El proyecto contiene cuatro artículos. El primero dispone la prórroga y el segundo establece que el vencimiento del plazo no podrá utilizarse para desconocer derechos, prestaciones u obligaciones derivadas de la legislación vigente.
También determina que las obligaciones pendientes deberán cumplirse íntegramente, aunque concluya el período de emergencia. La iniciativa comenzaría a aplicarse desde el 1° de enero de 2027, incluso si su promulgación se produjera después de esa fecha.
Entre sus fundamentos, los impulsores cuestionan las demoras que atravesó la implementación de la ley, desde el veto presidencial hasta los conflictos judiciales por su aplicación. Recuerdan que el Estado nacional debió afrontar resoluciones judiciales destinadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas por el Congreso.
La propuesta cuenta con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros espacios parlamentarios. Durante el debate en comisión, la diputada María Inés Zigarán respaldó la continuidad de la emergencia, mientras Nicolás del Caño también acompañó el dictamen opositor.
El proyecto oficialista: pensiones, controles y recursos
La alternativa impulsada por La Libertad Avanza, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, contiene 20 artículos y plantea reemplazar la excepcionalidad de la emergencia por un esquema de funcionamiento permanente.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa al señalar que el objetivo es garantizar derechos sin depender de nuevas prórrogas. El texto fue promovido en las comisiones presididas por Gerardo Huesen, de Discapacidad, y Bertie Benegas Lynch, de Presupuesto y Hacienda.
Entre sus disposiciones, mantiene una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reconoce su compatibilidad con el empleo formal cuando los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Si los ingresos laborales exceden ese límite, la pensión quedaría suspendida automáticamente mientras dure esa situación. Cuando finalice el vínculo laboral o disminuyan los ingresos, el titular podrá solicitar su rehabilitación inmediata, con derecho al cobro desde la fecha de presentación del pedido.
Otro capítulo establece auditorías periódicas sobre las pensiones, mediante cruces de información con organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. El proyecto habilita suspensiones preventivas cuando se detecten incumplimientos de requisitos objetivos, previa notificación al titular, y contempla la posibilidad de solicitar la rehabilitación provisoria del beneficio.
En materia presupuestaria, el dictamen mayoritario dispone que los recursos destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. También ratifica mecanismos de actualización de aranceles, contempla la continuidad de Incluir Salud y establece obligaciones de capacitación para el personal que brinda atención a personas con discapacidad.
Sin embargo, el financiamiento y las condiciones de rehabilitación de las pensiones provocaron diferencias dentro del propio dictamen mayoritario.
Los diputados Oscar Herrera Ahuad, Karina Maureira y Bernardo Biella plantearon modificaciones para incorporar una actualización trimestral de las partidas presupuestarias según la inflación. También propusieron que las pensiones suspendidas por superar el límite de ingresos se reactiven automáticamente cuando desaparezca esa causal, con reconocimiento retroactivo de los haberes correspondientes.
Sus objeciones incluyeron una garantía para impedir que el Estado nacional traslade unilateralmente a las provincias la responsabilidad financiera de las prestaciones o reduzca recursos mediante modificaciones al programa Incluir Salud. Eduardo Falcone también acompañó el dictamen de mayoría con disidencias.
Los reparos de las organizaciones y el costo fiscal
Las diferencias no quedaron limitadas a los bloques parlamentarios. La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), integrante del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, mantuvo reuniones con legisladores que respaldaron el dictamen mayoritario para reclamar modificaciones.
Entre los diputados que recibieron los planteos estuvieron Karina Maureira, Oscar Herrera Ahuad, Eduardo Falcone, Antonela Giampieri y Alicia Fregonese.
La organización advirtió que, si no se incorporan los cambios solicitados, deberá avanzarse con la prórroga de la emergencia nacional. Las preocupaciones del sector incluyen la continuidad de las prestaciones, la suficiencia de los aranceles, las compensaciones pendientes y la previsibilidad del financiamiento.
En las reuniones participaron el presidente de AIEPESA, Carlos Muñoz; su vicepresidente, Daniel Lipani; y el coordinador del Foro Permanente, Pablo Molero, además de representantes de otras organizaciones.
El debate sumó un dato económico con la publicación de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el dictamen mayoritario.
El organismo estimó que la incorporación gradual de aproximadamente 200.000 nuevos titulares de pensiones demandaría $598.912 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del Producto Interno Bruto. Para 2028, con el padrón completo incorporado, el costo anual estimado ascendería a $1.209.567 millones, equivalente al 0,07% del PIB.
La OPC calculó, además, compensaciones pendientes a prestadores por $278.323 millones, aunque aclaró que se trata de obligaciones existentes y no de un gasto adicional creado por el proyecto.
El informe también identificó previsiones en el proyecto de Presupuesto 2027 por $3,66 billones para jubilaciones y pensiones y otros $1,32 billones destinados a transferencias del área de salud.
Dos sesiones y una disputa por los apoyos
La discusión legislativa tendrá dos fechas centrales. La oposición pidió una sesión para el jueves 15 de octubre, a las 14, con la prórroga de la emergencia en discapacidad incorporada al temario junto con el endeudamiento familiar y el rechazo al DNU 70/2023.
La Libertad Avanza convocó para el miércoles 21, a las 12, con una agenda que también incluye discapacidad y endeudamiento familiar, además de otras iniciativas del oficialismo.
Aunque ambas sesiones contemplan el mismo Orden del Día 350, los sectores mantienen diferencias sobre el texto que debe aprobarse. La oposición defiende la extensión de la emergencia y el oficialismo busca avanzar con su dictamen de mayoría.
La situación coloca a los bloques dialoguistas en una posición relevante. Algunos de sus integrantes acompañaron la propuesta oficialista con objeciones, mientras otros respaldaron la prórroga impulsada por Unión por la Patria y los sectores opositores.
El jueves 15 también habrá movilizaciones de organizaciones vinculadas con la discapacidad frente al Congreso, en reclamo de la continuidad de la emergencia y de respuestas para los prestadores, las familias y las personas que dependen del sistema de atención.